Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– Los seis policías involucrados en la muerte del menor José Alberto Tehuatile Tamayo, fueron liberados durante la víspera de Navidad, denunciaron a la prensa poblana Marco Mazatle Rojas y Ricardo Jiménez Ávila, dirigentes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS).
Jose Alberto murió en julio de 2014 tras la lesión que le produjo un objeto arrojado por los uniformados durante el desalojo de una protesta en San Bernardino Chalchihuapan. De acuerdo con los activistas, se trata de Juan Máximo Jiménez, Juan Nava Moreno, Régulo Ramiro Islas, Jaime Santiago Pérez, Luis Bernardo González Santos y Francisco López Domínguez, contra quienes no se habrían encontrado elementos para inculparlos.
La misma información refiere que en la pasada Nochebuena, el Juez Tercero de lo Penal desvaneció las pruebas en contra de los mandos medios de la Policía Estatal detenidos por haber participado en la protesta del 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, que dejó como saldo la muerte del menor y un centenar de lesionados.
Mazatle Rojas y Jiménez Ávila explicaron a la prensa que sólo dos de los policías estatales son acusados del homicidio de José Luis Tehuatlie. Dijeron que el resto de los agentes enfrentan cargos por falsedad de declaraciones y lesiones dolosas.
La prensa poblana informó que el mismo juez que lleva el caso de los policías dictó auto de formal prisión contra los pobladores Fausto Montes, Bernardino Ocotl Ocotl o Bernardino Montes, así como a Vicente Juárez Varela y Florentino Camayo Ponce, a quienes se les imputaron los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa, motín y ataques a las vías de comunicación.
A Álvaro García Xelhua, Raúl Contreras Montes o Raúl Contreras López se les fincaron cargos por motín y ataques a las vías de comunicación, por lo que sólo estas dos personas tienen posibilidades de obtener su libertad bajo caución, según los mismos reportes.
En rueda de prensa Elia Tamayo, la madre del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, exigió justicia por la muerte de su hijo y tachó de cómplice al Gobernador Rafael Moreno Valle al poner en libertad a los policías que ejecutaron la orden de matar al menor.
La mujer externó que se siente indigna porque mientras los policías están libres, sus compañeros, los pobladores de Chalchihuapan continúan en prisión. “Los que mataron a mi hijo están en la calle y Moreno Valle está pasando por encima de nosotros; no hay respeto”, declaró.
El abogado de Elia, Alejandro del Castillo, anunció que interpondrán un amparo para impugnar la determinación de reducir los cargos para que los hechos aparezcan como accidentales.
EL CASO CHALCHIHUAPAN
La muerte del niño José Luis Tehuatlie fue el resultado de un enfrentamiento entre pobladores de Chalchihuapan y elementos de la policía poblana, que, amparados bajo la llamada “Ley Bala”, replegaron la manifestación con el uso de balas de goma.
La ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado, conocida como “Ley Bala”, se aprobó el 19 de mayo de 2014 en el Congreso de Puebla, tras de la muerte del niño José Luis, el mandatario estatal envió una iniciativa para cambiar la normativa.
El 9 de julio de 2014 policías estatales de Puebla se enfrentaron a pobladores de distintas comunidades del municipio de Chalchihuapan, Puebla, en un desalojo que se prolongó durante más de tres horas.
Los habitantes mantenían bloqueada la autopista Puebla-Atlixco para exigir que el gobierno estatal les restituyera el Registro Civil a las juntas auxiliares. Además exigían la liberación de presos políticos.
El enfrentamiento dejó más de 30 heridos y la herida de gravedad de un menor por el impacto de una bala de goma, quien moriría días después por las lesiones.
Como consecuencia de la muerte del menor José Alberto Tehuatlie Tamayo y ante la presión por parte de activistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la administración de Puebla ofrecer disculpas a los afectados.
Sin embargo, el gobierno estatal sólo citó a los afectados con tres horas de anticipación al evento del 17 de octubre en el que también se iniciarían los trámites de reparación del daño, por lo que ninguna de las víctimas acudió. Aún así, el Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas dio por cumplida la recomendación.
En noviembre del año pasado se informó que el gobierno del estado de Puebla clasificó como reservados los nombres, cargos y sanciones aplicadas a los funcionarios responsables del desalojo de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, así como datos del fideicomiso creado para indemnizar a los afectados.
El gobierno poblano también reservó los nombres y cargos de los tres mandos de la dependencia que fueron destituidos, así como las sanciones e identidades de los seis elementos operativos detenidos.
LIBERTAD A CAMBIO DE SILENCIO
Personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) consultado por el sitio e-consulta comentó que el pasado 24 de diciembre, cuando los policías fueron liberados, se emitió un comunicado de prensa junto con la Secretaría General de Gobierno (SGG), mismo que nunca se envió a los medios de comunicación.
Fuentes policiales consultadas por el mismo medio, señalaron que el gobierno del estado habría negociado la liberación de los policías, “a cambio de que sus familiares no hicieran escándalo en los medios de comunicación por las detenciones”.
Agregaron que la liberación de uniformados fue pactada “hace meses para ejecutarse en diciembre”, y el acuerdo se hizo a los pocos días que fueren detenidos.
