La Secretaría de Gobernación informó esta noche que los restos podrían corresponder a dos de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz. Estaban en un rancho, en el municipio de Tlalixcoyan.
Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).– La Secretaría de Gobernación (Segob) informó esta tarde que los restos de dos de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca Veracruz, el pasado 11 de enero, fueron encontrados en el rancho “El Limón”, en el municipio de Tlalixcoyan.
En un comunicado, la dependencia federal señaló que los expertos en materia forense y criminalística de la División Científica de la Policía Federal, desarrollaron un exhaustivo análisis con el que se corroboró que en ese sitio se desarrollaban diversas actividades ilícitas.
Al efectuar la confronta de las muestras tomadas en el rancho, con los perfiles genéticos proporcionados por los familiares de las víctimas, se determinó la coincidencia con dos de los jóvenes desaparecidos.
“Se levantaron indicios de que en el lugar se manipulaban drogas, manejaban equipos empleados para alterar vehículos, almacenaje ilegal de hidrocarburos, así como otros ilícitos”, refiere el comunicado de la Segob.
En el sitio, añadió la dependencia, binomios caninos de la Policía Federal, entrenados para la localización de personas, marcaron de manera certera varios puntos donde los peritos recolectaron restos óseos, así como manchas hemáticas, los cuales fueron sometidos a un riguroso análisis genético.
Los padres de las víctimas de Tierra Blanca se reunieron este día con el Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el Fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo; el Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, y el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín.
En el encuentro Roberto Campa Cifrián ratificó el compromiso con los familiares de informarles cualquier avance, así como la instrucción de continuar con el proceso de búsqueda.
Los familiares de los desaparecidos abandonaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Seguridad sin hacer comentarios.
LA DESAPARICIÓN
Los cinco jóvenes, entre ellos una mujer de 16 años, desaparecieron el lunes 11 de enero después de que policías se los llevaron en la región de Tierra Blanca cuando cargaban gasolina en una estación de servicio, de acuerdo con familiares.
Los jóvenes habían ido a la ciudad de Veracruz a divertirse y regresaban por carretera a su pueblo, Playa Vicente.
Un conocido vio cuándo eran interrogados por los policías y llamó a uno de ellos para ver si todo estaba bien, según el testimonio de los padres. La respuesta fue que no había problema.
Sin embargo, de acuerdo con ese relato, el testigo estuvo observando y vio que se los llevaban en una patrulla y en el automóvil. Los siguió durante un tramo, vio que dejaban la carretera y que se metían por un camino de tierra y alertó a las familias.
Pero ya no se tuvo más noticia sobre su destino. Cámaras de video registraron el paso de la patrulla y el vehículo y el regreso una hora después con menos gente.
De acuerdo con las autoridades, hay indicios de la participación de terceros. Al parecer, los policías los entregaron a algún grupo delictivo. No se sabe el motivo.
El pasado 14 de enero, el Fiscal General del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, informó a través de un comunicado que cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz fueron detenidos por llevar a cabo la detención de los jóvenes sin que lo reportaran a sus superiores.
La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Ministerial de Veracruz informaron que se activaron los protocolos de actuación ministerial para búsqueda y localización de personas y se trasladaron a 40 elementos de la Policía Estatal adscritos al municipio de Tierra Blanca como parte de las investigaciones para dar con el paradero de los jóvenes.
Por este caso, que empieza a ser llamado el Ayotzinapa de Veracruz, han sido detenidos hasta el momento siete policías como probables responsables.
VERACRUZ: DESAPARICIONES FORZADAS
Durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa –de acuerdo con un recuento de los casos expuestos en la prensa veracruzana, documentados con denuncias ante el Ministerio Público– hay al menos 42 casos de desaparición forzada en los cuales los señalados son policías. Más del 90 por ciento de esos ausentes no han recibido ni una pizca de la atención que la Fiscalía de Luis Ángel Bravo Contreras ha dado al caso de los cinco de Playa Vicente llevados de Tierra Blanca.
Desde 2011, a medida de que se recrudeció la violencia en la zona centro, en el puerto y en el sur de Veracruz, de estos casos se desprende que el Gobierno ha aplicado la desaparición forzada como una política de estado para quitar a quien “se porta mal”.
Aunque el primer caso reconocido en todos sus aristas fue el del joven Gibrán Martiz, sustraído en Xalapa por policías de la SSP –materia de una recomendación al Gobierno de Veracruz por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hay además de esos 42 casos, otros 16 homicidios en los que se han visto involucrados gendarmes.
Ni la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ni la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, menos la Fiscalía, ha dado elementos suficientes para pensar que estos asuntos han sido atendidos y resueltos, salvo en situaciones donde la política ha estado de por medio, como lo fue con los alcaldes de Coatepec y el de Medellín de Bravo, Roberto Pérez Moreno, y Omar Cruz, que ahora andan a salto de mata, y sólo por eso hay policías detenidos y presentados ante el juez.
Los policías señalados de malos manejos sólo han sido requeridos por la ley, cuando la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) ha intervenido y los presenta ante la Procuraduría General de la República (PGR), como ha pasado en lo que va del Gobierno de Duarte, con al menos seis redadas en los que han sido apresados unos 80 oficiales por vínculos con la delincuencia organizada.
En la solicitud de información 00017000303015, la PGR indicó que en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en Veracruz ha consignado ante jueces federales a unos 77 civiles por delitos del fuero federal. La misma dependencia, en la petición 00017000389715, dijo que en ese mismo lapso de tiempo, son 186 los elementos de la policía del estado y municipales que se han presentado ante un Juez federal por diversos delitos, desde el secuestro hasta delincuencia organizada. Es decir, las autoridades federales apresan a más uniformados que a civiles por violar las leyes.
