El Poder del Consumidor denunció que el Estado Mexicano es el responsable del ambiente obesogénico que se vive en las escuelas del país. La autoridades, dijo Alejandro Calvillo, “convirtieron a las escuelas en fabricas de obesos”. La organización civil criticó que pese a que se estableció la prohibición de la venta de comida chatarra en los plantes educativos, la medida no se ha implementado por falta de capacitación y seguimiento. Además, señaló, pese a que solicitó información a fin de conocer las acciones implementadas para llevar a cabo la medida por la SEP federal y la capitalina, ambas manifestaron no ser competentes en el tema.

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).– La organización El Poder del Consumidor (EPC) anunció que presentará una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las deficiencias y omisiones en la estrategia del Gobierno federal en contra de la obesidad y la diabetes, que violan el derecho a la salud de la población.

“Es lamentable que el Gobierno mexicano se haya dedicado a simular que atiende un problema tan importante, como es la protección de la salud de las personas, pero en realidad protege los intereses de la industria. Por esto, las organizaciones solicitarán la intervención de la CNDH, para que emita recomendaciones, a fin de proteger los derechos de los ciudadanos”, destacó Julio Salazar, Coordinador Jurídico del grupo civil.

En 2013, el Gobierno de Enrique Peña Nieto presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD) para la atención de estos padecimientos en el país. Sin embargo, la organización denunció que dicha estrategia “ha mostrado graves deficiencias, particularmente en el pilar de regulación sanitaria que pretende modificar el entorno para que se faciliten las mejores decisiones respecto a la alimentación, factor indispensable para la prevención y control de estas enfermedades”.

En noviembre pasado, la Secretaría de Salud, a cargo de José Narro Robles, emitió, por primera vez en la historia de México, dos declaratorias de emergencia sanitaria por diabetes y obesidad, debido al grave problema que representan estas enfermedades en el país.

En conferencia de prensa esta mañana, Alejandro Calvillo Unna, director de El Poder del Consumidor, acusó al Estado mexicano como responsable del ambiente obesogénico que se vive en las escuelas del país. Dijo que “[las autoridades] convirtieron a las escuelas en fabricas de obesos”.

Calvillo explicó que a pesar de que se estableció la prohibición del expendio de productos chatarra en los recintos educativos, por no favorecer la salud de los alumnos, la medida no se ha implementado por falta de capacitación y seguimiento.

El activista comentó que la organización que encabeza realizó una solicitud de acceso a la información a fin de conocer las acciones implementadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal y la capitalina para llevar a cabo la medida, sin embargo, ambas manifestaron no ser competentes en el tema. Lo anterior, dijo, significa que hay autoridad verificando que no se comercialice comida chatarra en las escuelas y que se cumpla con la regulación.

Agregó que diversos estudios y documentos demuestran que el diseño de las políticas como el etiquetado frontal y la regulación de la publicidad dirigida a los niños, “fueron capturadas por la propia industria de alimentos y bebidas, así como la regulación para el expendio de alimentos y bebidas que no se ha implementado en la mayoría de las escuelas a 3 años de su promulgación”.

“Esta actuación del Estado mexicano violenta diversos derechos de los ciudadanos, contribuyendo a la mayor catástrofe sanitaria en México”, añadió.

En su oportunidad, Fiorella Espinosa de Cándido, investigadora en salud alimentaria de EPC, aseguró que el etiquetado que existe en México promueve el alto consumo de azúcar “porque mal informa” a los consumidores.

Recordó que los rangos utilizados respecto al consumo de azucares representan un riesgo a la salud. Mencionó que incluso el único estudio de comprensión sobre este tipo de etiquetado revela que ni los estudiantes de nutrición pueden interpretarlo.

Respecto al etiquetado frontal de los productos alimenticios, Fiorella reiteró que es contraria a lo que sugieren organizaciones civiles internacionales y a los estudios y recomendaciones del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), así como a la propia ENSOD.

La especialista en temas de alimentación subrayó que la única política eficiente ha sido la implementación del impuesto al refresco. Destacó que en 2014 el consumo de estas bebidas se redujo en 6 por ciento y en 2015, la tendencia se elevó a 9.7 por ciento a nivel nacional.

Los activistas explicaron que la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores de edad viola su derecho a ser protegidos contra información y material que perjudique su salud física, como se establece en la Convención de los Derechos del Niño (CDN), ya que permite la promoción de productos dañinos para la salud, durante los horarios y programas más vistos por ellos.

Además, dicha regulación no contempla otros canales de comunicación, por ejemplo, internet, videojuegos, teléfonos móviles, redes sociales, radio, materiales impresos, empaques de los productos, en las calles y en las escuelas.

La organización criticó que la legislación vigente en México aprueba el uso de celebridades, personajes atractivos para los niños, como las caricaturas, así como la entrega de premios para engancharlos.

“[Las autoridades] no atienden los horarios donde hay más audiencia infantil. No hay protección efectiva a los derechos de los niños”, dijo Julio Salazar, coordinador Jurídico de EPC, durante la conferencia de prensa.

Los miembros de EPC insistieron en que la regulación viola el derecho a la salud y a la alimentación adecuada de los consumidores, así como el derecho a ser informados de forma comprensible, visible y veraz sobre productos dañinos.

Finalmente, Espinosa hizo algunas recomendaciones para lograr una política integral. A continuación se citan:

1. Políticas basadas en derechos, no con enfoque de riesgos.

2. Intersectorialidad y transversalidad, coherencia con las políticas de otros sectores.

3. Medidas para fortalecer el sistema alimentario para el acceso y disponibilidad de alimentos saludables en forma sustentable.

4. Abordar el tema de conflicto de interés, y establecer medidas para asegurar transparencia y no ponga el riesgo la implementación de las regulaciones.

NO ES UN PROBLEMA RECIENTE

Hace siete años, distintas organizaciones de la sociedad civil presentaron una queja ante la CNDH contra el Gobierno mexicano por violación y omisión al derecho a la salud, a la información y a los derechos de la infancia por el ambiente obesogénico que ha desencadenado la epidemia de sobrepeso y obesidad que actualmente aqueja al país.

La misma queja también señalaba la presencia de un ambiente obesogénico en las escuelas mexicanas, el daño de la intensa publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a los niños mexicanos y la ausencia de un etiquetado realmente orientador para los consumidores, entre otras medidas.