Las cifras y las estadísticas muestran un panorama cada vez más oscuro sobre la realidad de las mujeres en México: aunque se avanza en el número de mujeres que trabajan, padecen salarios desiguales, violencia, acoso, la mala calidad de las instancias infantiles públicas…
En México, el presupuesto destinado a la igualdad entre hombres y mujeres, ha disminuido a pesar de la importancia que tiene ese gasto en un país que tiene a las mujeres en condiciones de rezago y de riesgo permanente. Ese presupuesto, tan solo en el último año, disminuyó 39 por ciento.
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Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).– La cifras son claras: ser mujer en México te hace más propensa a ser pobre y a tener un mal salario, pese a ello el Gobierno federal ha disminuido desde 2015 los recursos de las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Desde 2008 se incluyó el Anexo 13 en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y desde hace cuatro años ha ido a la baja.
En total, de 2013 a 2018, el PEF ha destinado a ese rubro 40 mil 507 millones 341 mil 122 pesos. La cantidad inició en 4 mil 620 millones y para este último año del Gobierno de Enrique Peña Nieto se ubicó en 3 mil 709 millones de pesos.
Anualmente se detectaron dos aumentos: de 2013 a 2014 ese presupuesto creció 103 por ciento, y en 2015 sólo 10 por ciento. Luego, la tendencia fue recortar ese gasto: para 2016 le correspondió 40 por ciento menos dinero; para 2017, disminuyó 2.4 por ciento y para 2018 se le restó 39 por ciento al monto, respecto al año anterior.
Además, el monto total de recursos invertido para la Igualdad entre Hombres y Mujeres fue rebasado por el que, también en cinco años, ha gastado la actual administración en publicitar sus logros en medios de comunicación: con base en datos preliminares y haciendo corte a 2017, dicha inversión es ya de 44 mil 659 millones 276 mil 871 pesos.
MENOS DINERO PARA MUJERES
Al dinero de las Erogaciones para la Igualdad de género en México tienen acceso todas las secretarías de Estado y las cámaras de senadores y diputados.
Se debe emplear, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, en prevención de la violencia y la delincuencia, para elaborar y coordinar políticas de desarrollo, la promoción de la igualdad de género, en publicidad, en atención a diferentes problemáticas, en escuelas, hospitales, en la defensa de los derechos, ciencia, tecnología, programas sociales, divulgación y arte.
Como lo explicó la economista Carmen Ponce Meléndez, en entrevista con SinEmbargo, la importancia de que exista un gasto público destinado a la igualdad de género se traduce en programas que tienen ese objetivo. El problema, explicó, es que el recurso y el tipo de programas que se desprenden están muy lejos de las necesidades actuales de las mujeres en el país.
“Para empezar, el porcentaje del gasto que se destina a la igualdad de género es de 0.01 por ciento del total del gasto público, a pesar de que somos la mitad de la población del país. Ya de entrada contamos con un techo presupuestal muy bajo”, agregó.
El presupuesto utilizado para todas esas y más tareas es comparable con el dinero que esta administración ha gastado en publicidad que, con un corte a 2017 y con base en datos preliminares, ya es de 44 mil 659 millones 276 mil 871 pesos.
“Que el presupuesto vaya en descenso es muy grave porque los problemas que está enfrentando la mujer se han vuelto cada día más complejos y sobre todo los de la mujer trabajadora”, agregó Ponce Meléndez.
Estadísticas recientes muestran la realidad económica de las mujeres: según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), del total de la población en pobreza, el 44 por ciento son mujeres; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el ingreso promedio mensual de una mujer, es de 4 mil 788 pesos, mientras que el de un hombre es de 6 mil 204 pesos; en el país hay 61.4 millones de mujeres y representan el 51.4 por ciento de la población total del país y sólo tienen cuatro de cada 10 empleos formales; el 20 por ciento de las mujeres gana el salario mínimo y sólo 4.6 por ciento tiene una remuneración mayor a cinco salarios mínimos. En hombres, 10.7 gana un salario mínimo y 7 por ciento, más de cinco.
EL MANEJO DEL DINERO
Del presupuesto del Anexo 13, se debe analizar lo que se le asigna en el Congreso y después lo que se ejerce, que puede modificarse sin que el Congreso pueda intervenir.
La economista Carmen Ponce mencionó que en el tema de la violencia, el programa que para Promover la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres tuvo en 2018, 7 millones de pesos menos de los que recibió en 2017.
Hay más ejemplos. En la Secretaría de Educación Pública (SEP), se ejercieron un total de 3 millones 326 mil pesos mediante el programa “Políticas de igualdad de género en el sector educativo”. El gasto fue inferior en 77.1 por ciento respecto de los 14 millones 549 mil pesos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, debido a que Hacienda autorizó reducciones presupuestarias para que la SEP traspasará recursos del programa presupuestario al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”.
Con Claudia Ruiz Massieu al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), no se contó con un programa anual de trabajo para cumplir con las atribuciones en materia de igualdad de género, en el que se incluyeran los compromisos, los objetivos, las metas programadas y alcanzadas, y los indicadores que den cuenta de la contribución de la promoción de la armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) con los tratados y convenciones internacionales.
En 2015, la partida para el Programa de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del los 90 millones 234 mil 373 pesos que tenía destinados, gastó 17 millones 728 mil 640 pesos. Para 2016 lo ejercido fue aún menor, ya que de los 83 millones 536 mil 010 pesos, se ejercieron solamente 10 millones 082 mil 535 pesos, es decir, 88 por ciento menos.
El programa “Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral” sólo figuró en los primeros tres años y luego desapareció y contó con un presupuesto total de 60 millones 209 mil 264 pesos, ejercidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Una investigación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), muestra que en el Anexo 13 se presenta el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para atender las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de las mujeres, vinculados a la igualdad de género, pero que no existen mecanismos de evaluación del impacto de la aplicación de los mismos en la reducción de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.
En teoría, las unidades responsables deben entregar al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Secretaría de Hacienda informes trimestrales para que estén disponibles en los portales web de esas dos dependencias, pero de acuerdo con el CEFP, eso no brinda información cualitativa sobre las metas físicas alcanzadas.
PROGRAMAS SOCIALES EN CONTRA
Sobre los programas, uno que resaltó Ponce Meléndez fue el de las instancias infantiles, que resulta esencial para la mujer trabajadora y para la estudiante que no quieren ver interrumpidos sus proyectos por decidir tener un hijo y necesita un lugar dónde poder dejarlo.
Sin embargo, la ASF determinó que en 2016 existieron deficiencias en la operación y seguimiento de los recursos del programa. Encontró diferencias entre la base de datos de beneficiarios y el monto reportado como ejercido por 816 mil pesos extras ni se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de erogaciones por 30 millones 937 mil pesos.
Aunado a esto, las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del Estado de México y de la Ciudad de México, no presentaron los Programas Internos de Protección Civil.
La importancia de esas estancias radica en que reciben a los hijos de mujeres trabajadoras que no tiene seguridad social, que son seis de cada 10 trabajadoras en el país; también reciben a hijos de estudiantes, hombres y mujeres.
A nivel estatal, la economista puso como ejemplo la Tarjeta Rosa que actualmente reparte el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.
“Se les paga a las amas de casa por un trabajo en lugar de plantear que el trabajo del hogar se debe compartir entre todos los miembros de la familia; tampoco se planta que la mujer puede hacer otros trabajos además del doméstico. Perpetúa la conducta patriarcal y machista de que el trabajo doméstico es responsabilidad exclusiva de las mujeres. Entonces si una mujer le pide que colabore a la pareja o el hijo, que levanten su plato, lo más elementar, podrá decir que no ‘a ti te pagan por hacerlo’. Es un programa machista y misógino y representa un atraso en el avance de las mujeres”, comentó.
Este programa sería un reflejo del tipo de programas sociales que hay actualmente en México. La mayoría de los programas, agregó Ponce, descansan en el trabajo de las mujeres y le impiden ingresar al mercado laboral; les exigen horas y son “mujeres pobres en tiempo y pobres en dinero” y se vuelven dependientes de los programas asistencialistas.
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) a la que México está adscrito, establece en su Artículo 11 que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos”.
Tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han alertado sobre las condiciones laborales de las mujeres en México y ubican al país como una de las naciones en las que poco se ha avanzado y dentro de los mayores índices de gravedad del problema.
Las cifras muestran que en México, una mujer es más propensa a tener un menor sueldo que un hombre, aunque ambos realicen el mismo trabajo y aunque ella tenga más preparación académica; es más propensa a recibir puestos de trabajo que no sean directivos, porque se duda de sus capacidades o porque puede decidir ser madre y optará por el cuidado de la familia; es más propensa a tener que aceptar trabajos mal pagados y con pocas o ninguna prestación, porque suelen ser más flexibles y como aún el trabajo del hogar no se considera una labor compartida, tiene que destinar parte de su tiempo a esas tareas.
Esta práctica, además de dejar en desventaja a cientos de personas sólo por su sexo, es un tope económico para los países, ya que se desperdicia la mitad de la fuerza laboral, y a la larga es un multiplicador de la pobreza, ya que el trabajo es la entrada a la participación económica y a los derechos básicos.
