Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– Gisela Martínez, miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) región México, denunció que la iniciativa para crear para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no responde a las necesidades económicas de sus espacios y se olvida de las radiodifusoras indígenas y comunitarias. Peor aún, remarcó, hace a un lado la urgente regulación para que autoridades estatales y municipales dejen de criminalizar a los propios medios comunitarios.

“Pedimos que en las reformas espejo que se hagan, se deje de criminalizar a los comunicadores y comunicadoras comunitarias”, sostuvo la asesora jurídica de AMARC en entrevista para SinEmbargo.

Al ser cuestionada sobre la forma en que la iniciativa peñista impactará a las radios indígenas y comunitarias, Gisela Martínez consideró que ésta priva a los espacios comunitarios del financiamiento necesario para existir. Pero no sólo eso, la nueva norma no contiene ninguna disposición para evitar las detenciones arbitrarias que han ocurrido en Michoacán, Veracruz, Puebla y Nuevo León, entre otros estados del país.

La Ley Federal de Bienes Nacionales dice que hacer uso del espectro radioeléctrico sin permiso es un delito, que se sanciona de dos a ocho años de prisión.

“No son delincuentes quienes abren una radio, sino que están ejerciendo un derecho a la libre expresión, como lo han dicho la ONU [Organización de las Naciones Unidas] y la OEA [Organización de Estados Americanos]: abrir una radio es darle voz a los marginados. Cerrar las radios y criminalizarlos es atentar contra la libre expresión, sobre todo porque no hay un procedimiento claro y expedito en donde te diga cómo poder obtener una licencia”, agregó Gisela Martínez.

La especialista se refirió concretamente a tres casos de comunicadores que están bajo procedimientos penales o incluso fueron sentenciados, por abrir una radio comunitaria, pero hay muchos más.

Por ello detalló el caso de Paola Ochoa y Juan José Andrade de Radio Diversidad, en Paso del Macho, Veracruz. Tanto la locutora como el director fueron sentenciados a dos años de prisión, pago de multas respectivas y la inhabilitación de sus derechos civiles y políticos, mientras durara la sentencia. No obstante, gracias a la intervención de sus abogados, la pareja pudo recibir un amparo y sólo Andrade pisó la cárcel durante unos cuantos días.

El otro caso es el de Héctor Camero de Tierra y Libertad, de Monterrey, Nuevo León. Durante dos años pidió permiso a las autoridades para abrir su radio comunitaria. Nunca se le dio respuesta, por lo que empezó a transmitir para hablar de las necesidades que hay en su comunidad.

“Estas radios comunitarias son foros, de repente en donde la gente llama pidiendo un saludo y acaba denunciando las condiciones de su calle o de su colonia, y eso incomoda a las autoridades y por ese motivo, muchas radios son denunciadas y son cerradas”, explicó

La persecución contra las radios comunitarias no sólo se da en el ámbito detenciones. Se hace desde que se les denominan “ilegales” o “piratas”, a pesar de que muchas de ellas operan bajo la figura del permiso, y cuando no es así, es por los vacíos legales que existen en la Ley.

Por lo que Gisela Martínez, asesora jurídica de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, región México, pidió que en la discusión de las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones se garantice la existencia de medios indígenas y comunitarios, en condiciones de equidad y no discriminación, tal y como recomienda la ONU y la OEA.

SEGOB VS. LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La iniciativa en materia de telecomunicaciones fue enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República el pasado 24 de marzo. Contenía iniciativas para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México.

Los nuevos ordenamientos deberían mantener el espíritu de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en junio del año pasado. No obstante, expertos y académicos advirtieron que esto no es así.

Para María Eugenia Valdés Vega, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la iniciativa atenta de forma grave contra la libertad de expresión, al colocar poderes excesivos a la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre el monitoreo y vigilancia de contenidos.

“Realmente es una cuestión muy peligrosa que pase esta iniciativa porque tiene un tufo ‘echeverrista’, ni siquiera es del PRI neoliberal, es del PRI más autoritario, el que venía de [Luis] Echeverría y [José] López Portillo, cuando ya estaba tan deslegitimado que tuvo que volverse autoritario”. Advirtió la profesora del Departamento de Sociología de la UAM, Unidad Iztapalapa.

La fracción séptima del Artículo 128 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, explicó, se faculta no al Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino a la Secretaría de Gobernación para “vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los limites señalados en esta Ley, de respeto a la vida privada, a la dignidad personal, la moral y no ataquen los derechos de terceros, ni provoque la comisión de algún delito o perturben el orden público”.

La especialista destacó que este artículo va en contra de la reforma constitucional que ordenaba en los artículos sexto y séptimo de la Constitución que le daba al Ifetel toda la tarea de normar estos dos artículos que garantizan la libertad de expresión y el derecho de la información; así como la libertad de difundir opiniones a través de cualquier medio.

Recalcó que la vigilancia de Segob afectará a todos los medios de comunicación, pero lo hará de forma muy dramática en las radios comunitarias e indígenas, pues en muchas ocasiones éstas son los únicos medios de expresión de los pueblos originarios.

“Si hay denuncias contra los presidentes municipales, etcétera, seguramente van a ser acallados y serán enviados a la cárcel, como ya ocurre en Veracruz, donde son sonados algunos casos y denunciadísimos”, alertó la especialista.

La doctora en sociología se pronunció porque la comunicación comunitaria, esté normada de acuerdo con todos los estándares internacionales de derechos humanos, de libertad de expresión y de buenas prácticas  que ha habido en otros países como Francia, Argentina y Colombia.

EL FINANCIAMIENTO

Los nuevos ordenamientos dividen a en cuatro sectores a los medios de comunicación para otorgarles concesiones: comerciales, públicos, privados y para uso social. En el último rubro se localizan a las radios indígenas y comunitarias ya que sus propósitos son: “culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro”.

Esta categorización fue rechazada por los propios medios pues, entre otras restricciones, les impedirá obtener financiamiento privado.

“Lo primero que niega es que tengamos  sostenibilidad económica, es decir que podamos transmitir publicidad. El argumento es que los medios comunitarios somos medios sin fines de lucro. Notros decirnos ‘es cierto, no vamos a lucrar con la señal’, pero necesitamos sostenernos. ¿De dónde creen que se paga la luz para que el transmisor pueda funcionar?”, dijo Gisela Martínez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.

Consideró un grave error englobar a las radios comunitarias como medios públicos, porque en todos los casos éstas son financiadas por la propia comunidad. Por lo que incluso mantener una radio de 3 watts de potencia se convierte en un proyecto difícil de costear.

“Lo que buscamos es que se pueda acceder a recursos para que las radios puedan tener una sostenibilidad mínima. Además repercute con otro tema, y es que viene ya la transición digital, lo cual significa que las radios tienen que comprar nuevos equipos y esos equipos están carísimos. Estamos hablando incluso de un millón de dólares, ¿de dónde van a sacar las comunidades tanto dinero?”, sostuvo la asesora jurídica de AMARC.

DEFIENDEN MEDIOS INDÍGENAS

Diputados federales de diversas fracciones parlamentarias plantearon la urgencia de que en la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión mantenga el espíritu de constitucional a fin de que establezca condiciones para que “los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen”.

El Diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que por lo menos 15 millones de mexicanos son silenciados y desconocidos en la iniciativa de Peña Nieto, que da preponderancia a los grandes monopolios de la comunicación.

La nueva norma, destacó, tiene un vacío legislativo que no permite ejercer el derecho humano de la comunicación indígena, para privilegiar los intereses económicos de los monopolios, así como su cerco informativo y de producción audiovisual.

“Nos preocupa que el tema de los pueblos indígenas siga siendo un tema ausente respecto a los medios de comunicación, a las concesiones, al contenido que deben guardar las telecomunicaciones públicas o privadas, que no se especifica la obligación para destinar un porcentaje de su tiempo a promover, a difundir la composición pluricultural o bilingüe de la nación mexicana”, precisó el legislador por Guerrero.

El Diputado Carlos de Jesús Alejandro adelantó que esta semana, junto con la Diputada Purificación Carpinteyro Calderón, presentará en conferencia de prensa con senadores perredistas y de otras fracciones parlamentarias, un escrito en donde plantean sus propuestas para fortalecer el derecho de los pueblos indígenas a operar y administrar sus propios medios de comunicación.

Los senadores que han mostrado sensibilidad a sus demandas son los perredistas Dolores Padierna Luna y Zoé Robledo Aburto, así como el panista Javier Corral Jurado.

Entre sus propuestas se encuentra otorgar mayor flexibilidad para las concesiones de radiodifusión y las telecomunicaciones indígenas y comunitarias, así como la creación de una figura que garantice el cumplimiento de las disposiciones constitucionales.

“Que exista un ombudsman que vigile y garantice que se dé cumplimiento al derecho de los pueblos indígenas a los medios de comunicación, al espectro radiológico, a las concesiones, a los recursos suficientes que el estado tiene que garantizar, pues los pueblos indígenas no podemos competir con los grandes monopolios para tener las concesiones de las radios indígenas”, adelantó.

Aquí los planteamientos de la propuesta que presentarán esta semana ante senadores de las comisiones dictaminadoras de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

• Que se reconozcan las reservas del espectro para los medios de radiotelecomunicación indígena y afromexicana, para asegurar la infraestructura y así como favorecer condiciones equitativas de acceso a las concesiones que diferencien las realidades distintas  de los medios privados no comerciales.
• Un marco legal claro, preestablecido, preciso y razonable que reconozca la especificidad de los medios de comunicación indígena y afromexicana, con procedimientos sencillos y accesibles.
• Nos oponemos a restarle facultades al IFETEL, y que se plantee que sea la Secretaría de  Gobernación, de Hacienda y Comunicaciones, quienes emitan opinión para el otorgamiento de los permisos no comerciales en razón del uso de la discrecionalidad política.
• Integrar un representante de los pueblos indígenas y afromexicanos al Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL).
• Crear del ombudsman de las audiencias con naturaleza de órgano constitucional autónomo, que vigile los contenidos de los medios de comunicación y con capacidad sancionadora cuando algún medio de comunicación (radio, TV, prensa, medios digitales) viole los principios y derechos constitucionales, así como la función social, cultural y educativa que deben tener los medios de comunicación privados y públicos.
• Crear un canal nacional de televisión y una emisora nacional que fomenten el respeto de la diversidad cultural y lingüística, la cosmovisión, conocimientos, saberes y los valores de los pueblos indígenas y afromexicanas.
• Que los medios de radiotelevisión privada y públicos, incorporen programación indígena en sus emisiones con contenidos culturales acordes al contexto sociolingüístico y cultural de los usuarios de los medios de comunicación indígena y afromexicanas.
• Impulsar acciones encaminadas a desarrollar y utilizar tecnologías para la conservación del acervo natural y cultural, de los pueblos indígenas y afromexicanos.
• Promover tecnologías y programas de investigación y desarrollo en ámbitos de traducción, iconografía, servicios asistido de voz, desarrollo de equipos necesarios y diversos tipos de modelo de programas informáticos dirigidos a pueblos indígenas y afromexicanos.
• Respaldar proyectos que combinen el uso de medios de comunicación tradicionales y nuevas tecnologías para facilitar los idiomas indígenas, para elaborar, documentar, preservar y utilizar eficazmente legados como la diversidad biológica, conocimientos tradicionales y medicina.