Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).–Aunque se hayan implementado medidas para abatir la privación ilegal de la libertad de las personas en nuestro país, el número de secuestros sigue al alza. Por ello, el Senado de la República lanzó un exhorto para que 28 entidades del país, incluido el Distrito Federal, integren las Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro (UECS), pues a pesar de que la ley vigente los obliga han sido omisos ante este delito, que va en aumento, informaron legisladores.

Las Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro fueron creadas bajo la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2009. Las funciones de las UECS son investigar, analizar, intervenir en casos del plagio de personas, así como dar seguimiento y supervisar las fases posteriores a la averiguación previa, sin embargo, su funcionamiento no ha sido del todo satisfactorio, por lo que legisladores han pedido a las autoridades federales se exijan mayores resultados por parte de dichos organismos.

El Senador del Partido Acción Nacional (PAN) por Veracruz, Fernando Yunes Márquez, dijo que es necesario que los estados cuenten con una unidad especializada, ya que hasta ahora sólo tres entidades cuentan con ella, pues dijo que de acuerdo con Renato Sales Heredia, coordinador nacional para el Combate del Secuestro, sólo Nuevo León, Chihuahua y Puebla cuentan con dichos organismos.

El legislador del PAN informó que el punto de acuerdo fue avalado por la Comisión de Seguridad Pública y esta semana se presentará al pleno del Senado.

“Queremos que los estados lo hagan a la brevedad posible ante un tema fundamental para la seguridad de los mexicanos, y que no haya pretextos para que los gobernadores y las entidades federativas tarden más en esto”, agregó el legislador panista.

“No hay un plazo perentorio hasta ahora desgraciadamente, ésta ya es una cuestión que se venía trabajado desde el pasado sexenio, pero que no se le ha dado cumplimiento cabal”, dijo Yunes Márquez .

“Creo que hay maneras de obtener recursos, mejorar, ahorrar en gasto corriente, en otras cosas, para proteger la integridad física y la libertad de los ciudadanos”, reiteró Yunes Márquez.

Sin embargo, esta petición ya había sido realizada por integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde febrero de este año, cuando el diputado José Luis Muñoz Soria demandó al gobierno federal informar para qué sirven las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, “pues desde su creación hace cuatro años han absorbido recursos públicos por 453 millones de pesos y, sin embargo, la incidencia de ese delito alcanza ya niveles alarmantes, por lo que al parecer son otro gasto inútil del Ejecutivo Federal”.

En un comunicado emitido por el Grupo Parlamentario del PRD se detalló que “tan es así que el mismo gobierno se vio obligado a crear el pasado 28 de enero la Coordinación Nacional Antisecuestro, pero sin que se informara a la población, en particular a los contribuyentes, cuáles fueron los resultados obtenidos por las 32 UECS existentes previamente en cada una de las entidades del país y dependientes de la Procuraduría General de la República”.

Por ello, el legislador perredista demandó a la Secretaría de Gobernación (Segob) que informe cuánto dinero y personal se asignó a cada una de las (UECS) del país, así como la incidencia de secuestros en cada entidad y sus resultados.

Además, expuso, “lo que más nos alarma es que hay entidades federativas que no están cumpliendo, hay gobiernos estatales que simplemente crearon la Unidad Antisecuestro, pero que si se analiza no tiene ninguna operatividad, con base en los resultados que debieran dar”.

El punto de acuerdo que fue avalado por unanimidad por los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, no tiene dedicatoria especial para algún gobierno estatal en particular. Lo que pretende es incentivar a las entidades federativas a conformar unidades antisecuestro que funcionen de manera correcta, bajo los estándares federales.

“Y lo que nosotros queremos es que el delito del secuestro se combata con la misma intensidad en el Estado de México que en Nuevo León, que en Michoacán, que en Veracruz, que en Michoacán. Es decir, no podemos tener estados que trabajen muy bien en contra del secuestro y otros que lo hacen muy mal, cuando ya hay una estrategia del Gobierno federal que establece mínimos sobre los cuales debieran trabajar”, sostuvo el legislador veracruzano.

El senador panista aclaró que no tiene datos diferentes a los presentados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que exponen el crecimiento de delito del secuestro en Veracruz, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Morelos.

“[Veracruz] sigue siendo desgraciadamente uno de los flagelos más importantes de los que sufrimos los veracruzanos. En apenas los dos primeros meses del año tuvimos 24 secuestros en Veracruz, una cifra histórica de manera negativa, desgraciadamente, y eso son solamente pues la cifra conocida, más la cifra negra. Nosotros lo que creemos es que Veracruz tiene que mejorar muchísimo, que no tenemos una unidad antisecuestro que cumpla con los estándares nacionales”, afirmó  Yunes.

Reiteró que todos los estados tienen una Unidad de Combate al Secuestro, pero no basta con que existan, dijo, deben conducirse bajo los estándares que exige el gobierno federal.

AUMENTAN SECUESTROS

A nivel nacional, en enero de este año se registraron 159 secuestros, mientras que en febrero esta cifra aumentó a 171 casos; es decir 330 en el primer bimestre de 2014, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Sin embargo, el organismo destaca que dichas cifras pertenecen únicamente a los casos denunciados.

La cifra en 2014 aumentó en comparación con la obtenida durante el primer bimestre de 2013, cuando en enero se reportaron 134 secuestros y en febrero 116.

Por su parte, Morelos es también el estado en el que más aumentó este delito en relación al mismo periodo del año anterior, pues pasó de 11 a 27 secuestros.

En el Distrito Federal se registraron 4 en enero y 9 febrero, mientras que el Estado de México se reportaron 21 secuestrados en enero y 16 en febrero, siendo la segunda entidad con mayor número de secuestros por debajo de Michoacán donde se documentaron un total de 45 casos en el bimestre. Todos estos datos son los últimos obtenidos por el SNSP revelados en su última actualización de marzo de este año.

A nivel nacional, en 2009 hubo mil 162 denuncias por secuestro; en 2010, mil 219; 2011 reportó mil 424; 2012, con mil 414 y para 2013 se documentaron mil 702; es decir, en cada uno de esos años aumentó el índice en este delito.

En lo que va de este 2014, en Puebla se documentaron 3 casos de secuestro en enero y 7 en febrero; Nuevo León con 4 y 5, respectivamente, y en Chihuahua sólo registró un caso durante el bimestre, entidades donde ya se cuenta con una Unidad de Combate al Secuestro.

De 2009 , cuando se implementaron las Unidades Especializadas a la fecha los secuestros han aumentado, por lo menos a nivel nacional, mientras que en los estados donde sí se tiene un registro de las organismos las cifras han sido fluctuantes desde su implementación.

Así, Chihuahua detectó 130 secuestros durante 2010, 97 en 2011, 53 en 2012 y 32 el año anterior .

Nuevo León obtuvo 18 en 2010, 51 en 2011, 61 en 2012 y 43 en 2013.

En tanto, Puebla registró 29 plagios de personas durante 2010, 63 en 2011, 29 en 2012 y 33 en 2013.

El Estado de México, que encabeza la lista en violencia, registró 171 secuestros en 2010, 103 en 2011, 130 en 2012 y 191 en todo 2013.

Respecto a las cifras registradas durante 2013, el índice delictivo por cada 100 mil habitantes presentó una variación del 27 por ciento de aumento con respecto a 2010 en todo el país.

De acuerdo con Informe Regional de Desarrollo Humano (2013-2014) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “en los registros administrativos de América Latina, se encuentra que entre 2009 y 2011 se presentaron 28 mil 423 casos de secuestro, lo cual equivale a 17 secuestros al día”.

De esas cifras, el estudio detalla que 60 por ciento México de las víctimas de secuestro no denuncian de acuerdo con datos retomados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE 2012).

El informe explica que “las víctimas del secuestro y la extorsión comparten un temor a acceder a la justicia, debido a las posibles represalias contra las víctimas directas y sus familiares, por lo que pueden preferir pagar el rescate o la cuota que exigen los grupos criminales”.

Además destaca que “si bien los casos que llega a captar la encuesta LAPOP-PNUD muestran cifras muy bajas, Venezuela, México, Ecuador y Argentina presentan la mayor por este delito, muchos suelen ser secuestros exprés”, detalló el documento.

Ante dicho panorama los legisladores han solicitado al gobierno federal que las Unidades sean implementadas como se planteó desde hace cuatro años, y que den cuenta de los datos así como de las funciones realizadas desde la fecha de su creación hasta el momento.

UNIDADES NO FUNCIONAN 

Por su parte, en el Editorial del semanario Zeta, la publicación informó que pese a lo estipulado por la ley sobre las unidades especializadas el secuestro se encuentra en aumento, al menos en Baja California, donde pese los informes de Renato Sales Heredia, la entidad sigue padeciendo de este delito.

“De noviembre de 2013 a marzo de 2014, sumaron 16 víctimas de secuestro rescatadas o que lograron escapar de sus captores en Baja California, alrededor de 55 presuntos autores materiales detenidos en grupos de cuatro o cinco criminales. Tres de las células capturadas confesaron haber participado por lo menos en once secuestros adicionales al investigado” destacó el semanario.

Sin embargo, reconoció que “La Unidad Estatal de Atención al Delito al Secuestro capturó a cinco secuestradores […] miembros de la banda del crimen organizado encabezada por Gerardo Barajas “El Chanilo”.

En lo que va de la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto se han registrado 3 mil 671 privaciones a la libertad, de ellas, el 20 por ciento fueron ejecutados por sus captores, según dio a conocer Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro en enero pasado.

La presidenta de la organización ha destacado en varias ocasiones que en nuestro país no cuentan con protocolos ni lineamientos tanto en las policías como en el Ministerio Público, además de que las unidades especializadas antisecuestro tampoco tienen el personal ni la tecnología necesaria que ayude combatir dicho delito.

“Son secuestros donde se llevaron físicamente a una persona y se la llevaron a una casa de seguridad y no sólo son secuestros exprés”, comentó la activista de Alto al Secuestro.

Para este año la Procuraduría General de la República invertirá cerca 27 millones 953 mil pesos en su Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de acuerdo con según el calendario de egresos de la dependencia dados a conocer en diciembre pasado.

“Si acaso trabajan [las UECS], lo hacen en total opacidad”. Las procuradurías de los 32 estados ocultan datos sobre la cantidad de víctimas de secuestro que han liberado, los elementos que trabajan en las unidades y del control interno que se lleva sobre el personal”, planteó el Diputado José Luis Muñoz Soria .

El legislador recordó que otros funcionarios, como Alejandro Rubido García, secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han reconocido la falta de capacitación entre el personal de las UECS, mientras representantes de organizaciones civiles en el Consejo Nacional de Seguridad, como Miguel Bernardo Treviño, responsabilizan también al gobierno federal de las deficiencias.

Con información de David Martínez