Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- En concordancia con el adéndum firmado en el Pacto por México, para blindar los programas sociales de cualquier tentación electoral, ambas cámaras del Congreso de la Unión instalaron nuevas comisiones especiales, encargadas de inhibir cualquier interés de gobernadores, funcionarios del Gobierno Federal o partidos políticos, de incurrir en delitos electorales.

El Senado contará con la recién integrada comisión especial para dar Seguimiento a los Procesos Electorales, que será presidida por José María Martínez Martínez, senador del Partido Acción Nacional.

En la Cámara de Diputados funcionará la comisión especial de programas sociales.

Su objetivo es hacer marcaje personal a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, principalmente a su titular, Rosario Robles, quien motivó la creación de esta comisión tras su comparecencia ante senadores. Así como a gobernadores de los 14 estados donde se realizarán procesos electorales, delegados locales de programas sociales y partidos políticos, a fin de inhibir prácticas que desvíen o que perviertan el ejercicio del voto.

“Para poder hacer valer, el peso político que tiene una institución como lo es el Senado de la República para que no se hagan ‘patos’, ni los gobernantes ni el presidente de la República, en razón de querer llevar ‘agua a su molino’. Es allí donde entramos, control democrático y político desde el Senado de la República para que se cumpla la ley”, advirtió el presidente de la comisión, el panista José María Martínez.

Aunque aclaró que el nuevo órgano legislativo no busca una ‘cacería de brujas’, sino vigilar que los procesos electorales de este año se realicen en orden y con absoluto respeto a la ley.

“Tenemos un más amplio campo de acción, por lo que estaremos, por supuesto, dando seguimiento no sólo a los programas, sino también al comportamiento de los órganos electorales de los propios partidos y las autoridades en cada uno de los estados”, apuntó el legislador blanquiazul.

Por su parte, el Senador por el Partido de la Revolución Democrática, Manuel Camacho Solís, adelantó que el principal objetivo del nuevo órgano legislativo va más allá de vigilar que no se utilicen programas sociales, para beneficiar a los candidatos del Revolucionario Institucional.

“Vamos a ser una voz política para apoyar a las Organizaciones No Gubernamentales, a los medios de comunicación y a los ciudadanos en estas semanas, para que los asuntos que normalmente nada más quedan ahí como reclamos, puedan tener mayor impacto, si es posible lograr algunas correcciones antes de las elecciones y si no, pues evidenciar las limitaciones que tienen hoy la democracia local en nuestro país”, sostuvo.

Los tres integrantes de la comisión, el panista José María Martínez, el perredista Manuel Camacho Solís y el priista Patricio Martínez García, realizarán por lo menos una visita a cada entidad donde se realizarán comicios, citarán a comparecer a los funcionarios que sospechen que incurrieron en delitos electorales y podrán denunciarlos ante las autoridades competentes.

Al mismo tiempo, establecieron una serie de lineamientos para contribuir a que en los procesos electorales se haga uso transparente de los recursos públicos y sin fines políticos; para evitar actos de presión o coacción contra los electores; generar equidad y certeza en la elección y controlar el uso de propaganda gubernamental durante el periodo electoral.

Para cumplir estas tareas realizarán monitoreos periódicos de los principales diarios en las entidades en disputa, e informarán inmediatamente al pleno del Senado sobre cualquier irregularidad que detecten.

De esta forma, la comisión especial tendrá más alcances que el acuerdo firmado en Palacio Nacional para blindar los programas sociales, pues a diferencia del Consejo Rector del Pacto por México, el Senado es una instancia del Estado mexicano legitimada para vigilar los procesos electorales.

Por todas las actividades que realizarán en menos de nueve semanas, el Senador panista, José María Martínez, negó que esta comisión especial represente más burocracia sin resultados, toda vez que, dijo, no requerirá recursos adicionales para realizar sus tareas de transporte a los estados involucrados, de monitoreo a los medios de comunicación locales y de seguimiento a las denuncias presentadas.

Es de mencionar, también, que en la instalación de la comisión especial para dar Seguimiento a los Procesos Electorales, no estuvo presente el representante del PRI, Patricio Martínez García, aunque se justificó su falta por supuestos problemas de transporte, que le impidieron llegar al Senado de la República.

SAN LÁZARO CONTARÁ CON COMISIÓN PARA VIGILAR PROGRAMAS SOCIALES

En la Cámara de Diputados funcionará la comisión especial de Programas Sociales, con el objetivo de evitar que el partido en el poder desvíe recursos públicos con fines electorales.

Este órgano legislativo que no es nuevo, ya que su creación fue acordada prácticamente desde el inicio de la legislatura, cuenta con 15 integrantes (5 del PRI, 3 del PAN, 3 del PRD y un representante de cada uno de los partidos restantes). Será presidido por el diputado de Movimiento Ciudadano, José Francisco Coronato Rodríguez.

Durante las próximas nueve semanas, sus integrantes realizarán visitas de campo en los 14 estados donde habrá comicios el próximo 7 de julio, a fin de vigilar el uso correcto de los programas sociales y establecer vínculos con la ciudadanía para que denuncie eventuales actos de corrupción.

También se reunirán con gobernadores, delegados federales de Sedesol, funcionarios del Programa Oportunidades, procuradores de justicia, legisladores locales, y representantes de institutos y tribunales estatales electorales.

Para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de denunciar delitos electorales, diputados de la comisión especial de Programas Sociales circularán un volante en las entidades que celebrarán elecciones, para vincular a los ciudadanos con las actividades de los legisladores.

En el volante se ofrece un número telefónico de contacto 1-800, el correo electrónico, las redes sociales y la dirección del Congreso de la Unión, para ayudar a la ciudadanía a que denuncie el desvió de los Programas Sociales con fines electorales.

El presidente de la comisión, José Francisco Coronato, detalló que este órgano vigilará celosamente el uso de los programas sociales federales y estatales, sin entrometerse en cualquier otro aspecto de los procesos electorales estatales.

“El que la ciudadanía no cuente con un catálogo universal de estos programas es algo que nos preocupa y que tendremos que hacer, revisar las reglas de operación, revisar muchos de los aspectos que tienden a la subjetivización del otorgamiento de los mismos, puntualizó.

Coronato Rodríguez destacó que esta comisión no es un ente jurisdiccional, por lo que trabajará bajo un mecanismo de Denuncia Social que será elevada ante las instancias correspondientes o, en su caso, en la misma tribuna de la Cámara de Diputados.

“Si la Comisión recibiera algún tipo de denuncia, algún tipo de queja, procederá con el instrumento que tengamos en la mano sin prejuzgar, hacer la canalización y la entrega correspondiente a la instancia, para que ella, a través de la prestancia de la Comisión, cumpla y determine lo que conforme a derecho corresponda”.

Los integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales se reunirán este miércoles 8 de mayo con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para informarle sus acciones y plan de trabajo. Posteriormente buscarán reunirse con el Procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para conocer el estado de las denuncias contra servidores públicos de Veracruz, tras la revelación de las grabaciones donde pretenden utilizar programas sociales para beneficiar a candidatos priistas en la entidad.