Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- Una de las reformas por impulsarse a través del relanzamiento del Pacto por México es la Penal, la cual fue promulgada en 2008 e implica una enmienda para establecer el juicio oral y público, brinda derechos mínimos para detenidos y víctimas y establece mecanismos alternativos para acortar el tiempo de los litigios.
Ayer, en la residencia oficial de Los Pinos, el Presidente Enrique Peña Nieto refrendó su compromiso para que la aplicación de la modificación constitucional sea posible y admitió que uno de los reclamos más sentidos de la sociedad mexicana es contar con tribunales expeditos, profesionales y confiables que den certeza sobre la aplicación de la ley.
En el evento al que asistió el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Armando Valls Hernández, el mandatario puso un plazo. Confió en que “como lo prevé la Constitución, en el 2016”, el nuevo Sistema de Justicia Penal Oral y Adversarial regirá en los órdenes locales y en el orden Federal.
El Presidente repasó las líneas de la política de seguridad, anunciada en Monterrey, Nuevo León, el 15 de abril, cuando, en claro rompimiento con su antecesor, dijo que privilegiará el uso de la inteligencia sobre la fuerza. Indicó que esa política requiere del andamiaje de la reforma penal. “Tenemos que acelerar el paso, para lograr el funcionamiento de la reforma, primero en el ámbito federal, donde ya estamos trabajando de manera muy cercana y coordinada con el Poder Judicial de la Federación”.
Peña Nieto expresó: “Hoy sólo tres (estados) lo tienen (sistema de juicios orales) plenamente, 29 tienen ya avances, algunos mayores, otros menores”.
Según el Presidente, “hoy, tenemos instituciones mucho más sólidas, más fortalecidas, con mayores capacidades. Pero necesitamos mejorarlas, perfeccionarlas, para garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho”.
Poco antes de acudir a Palacio Nacional para la firma del addendum al Pacto por México, el primer mandatario dijo en el Quinto Foro Nacional de Seguridad y Justicia que alcanzar la paz, reclamada por los mexicanos, es un desafío que exige el compromiso y la coordinación del Estado. “Es un reto que demanda el trabajo corresponsable y articulado de los Poderes de la Unión, de los tres órdenes de Gobierno, de la sociedad civil organizada y de los propios ciudadanos”, expresó.
Antes, había hablado Alejandro Martí, presidente de la organización México S.O.S. quien le advertiría a Peña Nieto que “México no se va a mover mientras no haya una justicia eficaz”.
A casi cuatro años del aciago episodio en el que su hijo fue secuestrado y asesinado, el empresario empezó su discurso: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía, afirmaba el filósofo romano Séneca. Sus palabras hacen sentido cuando en cada barrio, colonia, en cada cárcel, constatamos que la justicia de calidad sigue siendo la asignatura pendiente en nuestro país”.
El activista agregó que resulta paradójico que en México ya se discuten los llamados derechos de tercera generación como los económicos, sociales y culturales, pero no hemos terminado de aterrizar la reforma constitucional en materia de Justicia Penal.
Faltaban unos minutos para que Enrique Peña Nieto se trasladara a Palacio Nacional para relanzar el Pacto por México. La inauguración de este foro era transmitido a través de la señal de la Presidencia de la República en un salón de ese recinto.
Así, Alejandro Martí mencionaba que el clima de construcción democrática que impera en el país, en el marco del Pacto por México, anima respecto al impulso final que debe seguir la reforma penal.
Por ello, su organización, junto con la Red Nacional a favor de los juicios orales y juristas, académicos, jueces, magistrados y procuradores presentaron un proyecto de código adjetivo: el Código Procesal Penal Único. Martí destacó que se trata del resultado de más de “dos mil 800 horas de trabajo, talento y experiencia”.
