Por Linaloe R. Flores, Juliana Fregoso, David Martínez y Ariadna Ortega

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).– El pasado 4 de mayo, Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, promulgó en el Palacio Nacional la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Antes de estampar su firma, el Primer Mandatario dijo que con esta nueva norma se cerraban los espacios de opacidad y discrecionalidad, y se abría una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en el país.

Apenas dos días después, el diario británico The Financial Times –el más influyente para los inversionistas del mundo– publicó un reportaje en el que relató que la corrupción se había convertido en un lugar común en México, al grado que a las empresas locales y multinacionales ya les resultaba indiferente.

“Siempre es difícil hacer negocios con el gobierno […]. Alguien siempre trata de pedirte un soborno”, son algunas de las palabras de un agente de seguros en Monterrey, entrevistado por la la periodista Jude Weber, bajo condición de anonimato.

Ayer, fueron difundidas varias grabaciones de conversaciones telefónicas en las que se escucha cómo Pablo Wallentin, representante de OHL en México, acuerda reservarle y costearle una estancia en el Fairmon Mayakioba, un hotel de lujo en la Riviera Maya, propiedad del consorcio, al Secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena Vargas, y a su familia. En otro audio se escucha cómo Wallentin reconoce que la construcotora exageró las previsiones de tráfico de la autopista para obtener un proyecto de construcción.

La difusión de este episodio de corrupción derrumbó las acciones de la constructora tanto en los mercados bursátiles de México como en España.

Ante esta situación, el Presidente Enrique Peña Nieto reiteró en el Foro Económico Mundial sobre América Latina 2015, realizado en Quintana Roo, que la corrupción es un asunto de orden cultural por lo que los gobiernos deben impulsar un cambio estructural de la sociedad .

“La corrupción es un asunto de orden a veces cultural, que es un flagelo de nuestras sociedades especialmente latinoamericanas y que si realmente queremos lograr un cambio de mentalidad, de conductas, de práctica, de asimilar nuevos valores éticos y morales debe ser un cambio estructural desde la sociedad”, dijo.

¿Este nuevo affair colmó la resistencia de los mexicanos a la corrupción de gran escala?

Los especialistas consultados por SinEmbargo coinciden en que esa resistencia está colmada hace tiempo, pero la impunidad desplegada desde las mismas instituciones del Estado impiden la aplicación de la justicia. Lo nuevo, afirman, es el “cinismo” con el que actúan los grupos de poder en México –gobiernos, partidos políticos y empresarios–, a los que poco les importa incluso presumir sus abusos de cara a la sociedad.

Ernesto Gómez Magaña, forjador de la iniciativa “Yo contra la corrupción” (#yoco) de la organización Contraloría Ciudadana, respondió que “colmados estamos desde hace mucho tiempo”. Este experto en Transparencia y Rendición de Cuentas también elaboró la “Testimonioteca”, un proyecto en línea que acumula la experiencia en licitaciones públicas de organizaciones que han fungido como testigos sociales como México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana.

Después de conocer las experiencias, Gómez Magaña expuso: “Frente al cáncer de la corrupción, no ha habido una respuesta consistente y amplia del sector privado. Se distinguen en compromiso social las cámaras de la Industria del Vestido y de la Construcción; pero es muy poco. En general, no se observa que el empresariado esté comprometido con el tema”.

Con este punto de vista coincidió Benjamín Cokelet, director ejecutivo del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), quien expuso que gran parte de la corrupción que se vive en este país emana de la relación cercana entre empresarios y funcionarios públicos.

Y en un país como México, en el que 32 personas controlan el 42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) la corrupción acentúa las diferencias sociales, “captura la toma de decisiones” y sólo beneficia a una pequeña élite.

“Cuando una élite controla una cantidad de dinero tan grande es complicado tener una transparencia”, planteó Cokelet, quien en distintos foros ha mencionado que este grupo de beneficiados son los integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN).

De acuerdo con Cokelet la corrupción se da principalmente en cinco sectores: el financiero y bancario; el de transporte e infraestructura; el extractivo, en la maquila y maquinaria pesada y en el sector turismo.

EL INTENTO FALLIDO

Mientras sale a la luz un nuevo caso de corrupción que involucra a contratistas y funcionarios, en el Senado permanece el dictamen para crear el Sistema Nacional Anticorrupción que busca ser una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Al referirse a la legislación en cuanto a Transparencia, Rendición de Cuentas y Anticorrupción, Gómez Magaña indicó que el marco legal logrado hasta ahora en el Gobierno peñista plantea nuevas batallas. “Hemos logrado poco. Un Sistema Nacional Anticorrupción no podrá hacer nada en casos como los de OHL en el que se inflan diagnósticos y a cambio se reciben favores”, dijo.

El politólogo Eduardo Huchim May exclamó: “El problema de la corrupción es el problema en este país. La corrupción atraviesa transversalmente toda la cosa pública y parte de la privada. Son bienvenidas las medidas que avalan la transparencia, que es un antídoto. Pero hemos llegado a un grado de podredumbre y cinismo en todos los niveles de gobierno que ya no es tiempo sólo de leyes; sino de acciones concretas”.

Para el experto del sistema electoral mexicano resulta difícil destrabar la maraña de la corrupción mexicana después de que el Presidente de la República se vio envuelto en un conflicto de intereses cuando un equipo de periodistas revelara que él y su familia habitaban una casa otorgada por Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y contratista millonario del Gobierno Federal. “¿Cómo puede un Estado recomponer el camino si su jefe, si la punta de la pirámide está en una situación de sospecha de corrupción o de conflicto de interés?”, se preguntó Huchim.

Luego, Huchim May añadió: “El problema es gravísimo y no queda más que la sociedad actúe con un aumento en sus exigencias. Es un asunto grave que será difícil revertir”.

“ESO ES CORRUPCIÓN SEÑOR PEÑA NIETO”

En abril de este año, durante la gala de la revista estadounidense Time en la cual fue reconocido como una de las 100 personas más influyentes del mundo, el periodista mexicano Jorge Ramos aprovechó el micrófono para mencionar la corrupción que se vive en países latinoamericanos como México y Venezuela, aludiendo de forma directa al Presidente Enrique Peña Nieto.

En español, Ramos, quien fue incluido en la lista, dijo: “Señor Peña Nieto, comprar casas de contratistas y luego darles millones de dólares en contratos, eso es corrupción. Por eso tanta gente quiere su renuncia y no nos vamos a callar”.

La declaraciones de Ramos hicieron eco en todo el mundo porque de manera directa señalaba al Presidente de México que en su administración había un problema de corrupción que salió a la luz tras el llamado “casa blanca” seguido por el tema de las propiedades que tanto el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, como el mismo Peña Nieto habían comprado a contratistas. Asuntos de los que la prensa extranjera tomo nota, investigó y dio vuelo.

“Muy pocos creen que haya posibilidades de acceder a una democracia real si hay corrupción”, estableció Cokelet.

Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, destacó que la corrupción, pero principalmente la impunidad que acompaña a la primera en México, erosionan la confianza ciudadana sobre la capacidad de la democracia para poder darle los resultados esperados en términos de bienestar, de acceso a la justicia y de prevalencia del Estado de derecho.

Peor aún, el también investigador asociado de México Evalúa aseguró que la corrupción merma la eficiencia del uso de los recursos económicos en la sociedad, es decir, “en México muchas empresas ya dan por descontado presupuestos que tienen que destinar para pagar mordidas, agilizar trámites de regulación o evitar algún tipo de supervisión por parte de alguna autoridad”.

Cuestionado por SinEmbargo, el analista sostuvo que cuando la impunidad es la constante en los actos de corrupción y no la excepción, provoca incentivos para que la gente cometa un mayor número de actos de corrupción porque saben que es muy baja la probabilidad de que los descubran y posteriormente los sancionen.

El investigador planteó que si bien la corrupción no es nueva en la administración pública, sorprende el cinismo con que se cometen actos ilícitos en las más altas esferas del poder en México, incluso en el círculo cercano al Presidente Enrique Peña Nieto, y ni las instituciones, ni la oposición política, ni los medios de comunicación y al parecer ni la sociedad misma, exigen que por los menos se investiguen los delitos y se castigue a los responsables.

“Hoy nos despertamos con lo de OHL, bueno, uno esperaría que inmediatamente la oposición en el congreso del Estado de México estuviera pidiendo una investigación especial y llamara a cuentas a la gente encargada de compras públicas de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, y yo que sepa todavía no hay un pronunciamiento de esta naturaleza”.

“Tampoco he visto al Procurador del Estado de México que haya abierto la boca para instruir a su dependencia a hacer las investigaciones respectivas, mucho menos he visto al gobernador pronunciarse al respecto”, sostuvo el investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de corrupción.

Marco Fernández explicó que la corrupción y la impunidad le han costado muy caro al país, y tal parece, reconoció, que México no ha aprendido de sus errores respecto a las privatizaciones opacas y corruptas de la década de los 90.

“Por corrupción privatizamos la banca y ve lo caro que nos salió al país; por corrupción privatizamos las carreteras, las tuvimos que rescatar; por corrupción sustituimos el monopolio del Estado en el sector telefónico por un monopolio privado y hasta ahorita estamos implementando reformas para acotarlo”, explicó.

Sin embargo, señaló que a diferencia de otros países México no ha avanzado en dotar a las instituciones de verdaderos mecanismos de contraloría o de investigación interna de actos de corrupción.

Mucho menos ha evolucionado las instituciones encargadas de en sancionar a las personas que cometen este tipo de ilícitos, lo cual es muy preocupante a la luz de las reformas estructurales aprobadas e implementadas durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, con lo cual no se puede esperar que caigan en cascada los beneficios prometidos de dichas reformas.

“En todas las áreas que se están reformando, previo a su reforma, ya había problemas sustantivos de corrupción: el sector energético, de telecomunicaciones o educativo lo ejemplifican con claridad. Si las reformas que se están implementen en estos sectores no van acompañadas de medidas para combatir de frente el fenómeno de la corrupción, no van a llegar todas estas promesas de beneficios económicos”, apuntó.

El analista político Gustavo López Montiel comentó que la corrupción no está únicamente en México, sino que está presente en todas partes del mundo; sin embargo la diferencia es aquí es un poco “más burda” porque no se tienen esquemas legales que hacen posible que quienes cometan actos ilícitos sean sancionados.

“En México parece ser mucho más impactante porque hay impunidad, en otros países hay corrupción, pero al final de cuentas es mayor la posibilidad de que alguien que haga actos corruptos sea sancionado, porque a final de cuentas la corrupción es obviamente delitos, no es el hecho de actividades no éticas sino es fundamentalmente delitos, esa es la corrupción”, expuso el académico del Tecnológico de Monterrey.

Explica que los espacios administrativos no tienen sistemas de protección contra la corrupción y eso tiene que ver con una perspectiva de riesgos y no únicamente con una perspectiva ética.

Finalmente señala que los nuevos mecanismos contribuyen a controlar los actos de corrupción, pero no impiden que no haya sanciones. “Creo que esa parte última que va del hecho a la sanción, y no sólo con corrupción sino con todo lo demás, es la parte donde en México estamos muy débiles”, afirma.