Con el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) llegaron grandes expectativas. Las reformas legales, derivadas de un gran esfuerzo ciudadano, generaron una atmósfera de esperanza en medio del desamparo. El simple hecho de hablar de anticorrupción suponía el reconocimiento de un grave problema nacional.

A pesar de los pesares y de los grandes escándalos de corrupción de los que hemos sido testigos en este sexenio, las nuevas instituciones, las designaciones y la posibilidad de una efectiva coordinación, hizo del SNA una promesa que encausó la imaginación de un mundo paralelo: altos funcionarios, gobernadores, secretarios de Estado, congresistas, jueces y magistrados bajo proceso por desvío de recursos; por la compra de favores o de imagen; por miles de millones de pesos que se convirtieron en casas de campo o mansiones en el extranjero.

No podemos negar que el escepticismo siempre estuvo presente. Pocas veces la clase política sorprende positivamente; al revés, cuando uno piensa que las cosas no pueden ser peor siempre hay posibilidad de mayor asombro. Por esto, la sociedad civil buscó blindar los procesos de designación de los titulares de las instituciones del SNA, a través de un compromiso del Ejecutivo en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto que garantizara máxima apertura, participación efectiva de la ciudadanía y evaluaciones técnicas a las y los candidatos.

No obstante, fuera del proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana –el cual mantuvo el blindaje ciudadano para su conformación desde los orígenes de la reforma[1]– las designaciones y ratificaciones realizadas hasta este momento se han caracterizado por la premura, la opacidad y la simulación.

De esta manera, el nombramiento de la Fiscalía Anticorrupción esta envuelto en la disputa política.

Decenas de titulares de los órganos internos de control fueron designados por la Secretaría de la Función Pública sin evaluaciones técnicas y, por si fuera poco, el martes 25 de abril, días antes del cierre del período legislativo, el Presidente Enrique Peña Nieto envió una propuesta para la ratificación de los dieciocho Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sin participación de la ciudadanía y sin señalar los criterios de selección y sus méritos. Ellos(as), tendrán la importante función de conocer, resolver y sancionar sobre las faltas administrativas graves cometidas por los(as) servidores públicos y los(as) particulares; así, estamos en un punto en el que podrían ser nombrados(as) en el Senado sin deliberación pública, investigación y análisis de la idoneidad de los perfiles. El SNA se enfrenta a un campo minado y requiere personas comprometidas, íntegras y especializadas para seguir caminando.

No obstante, con la mano en la cintura, el Ejecutivo se ha arrogado la palabra abierto, como un valor intrínseco a acciones mal hechas que buscan dinamitar procesos de largo aliento.

Sí, la teoría del SNA nos permite imaginar un México distinto. Pero desgraciadamente las letras no son suficientes para hacer un cambio. Por eso era y es tan importante hablar de las designaciones de cada uno de los cargos que lo integran. Sin perfiles idóneos a la cabeza de las instituciones que lo conforman es difícil hablar de efectividad y eficiencia, muy por el contrario, perfiles afines a los interés del poder, son muestra de engaño y simulación.

[1] La sociedad civil que participó dentro del proceso de reforma previó la conformación de un Comité de Selección independiente que eligiera a los perfiles idóneos para conformar el Comité de Participación Ciudadana.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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