A un día de que se cumplan dos años del enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, y policías estatales durante un operativo de desalojo en la Autopista Siglo XXI, en donde fue herido de muerte, por una bala de goma, el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclamó al Gobierno de Rafael Moreno Valle que aún no se ha determinado la responsabilidad penal de servidores públicos por los hechos y tampoco se ha reparado el daño a la familia del menor.
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Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclamó que a dos años del desalojo de habitantes en Chalchihuapan, Puebla, en el que perdió la vida el niño José Luis Tehuatlie Tamayo aún no se ha determinado la responsabilidad penal de servidores públicos por los hechos y tampoco se ha reparado el daño a la familia del menor.
“Aún existen puntos recomendatorios pendientes de cumplimiento, entre ellos, los relacionados con la reparación del daño a la madre del niño que lamentablemente perdiera la vida con motivo de los hechos; así como el dirigido a la determinación de la responsabilidad penal, a efecto de evitar que las violaciones a los derechos humanos queden en la impunidad”, sostuvo la CNDH en un comunicado.
Ante ello urgió a la Fiscalía General del Estado de Puebla a que determine la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados en los hechos “dichos aspectos se consideran torales pues en todo asunto de violaciones a los derechos humanos, en particular aquellas calificadas como graves, la reparación a favor de las víctimas y la debida sanción de los responsables, abaten la impunidad y coadyuvan a prevenir hechos similares a futuro”.
El organismo autónomo reiteró su llamado a que el Gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle atienda “en su integralidad” la recomendación que hizo al respecto y consideró “que ésta no puede darse por cumplida hasta que la totalidad de los puntos recomendatorios hayan sido satisfechos”.
El 9 de julio de 2014, se registró un enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales durante un operativo de desalojo en la Autopista Siglo XXI, en el que los policías estatales usaron balas de goma. Hubo al menos una veintena de heridos y seis personas detenidas.
José Luis murió días después en el Hospital del Niño Poblano, una bala de goma acabó con la vida del menor, de origen humilde e indígena, aunque el Gobierno de Puebla negó en un inicio que un proyectil de este tipo hubiera herido al pequeño, posteriormente una investigación de la CNDH confirmó que sí.
Después vinieron varias redadas policiales contra habitantes a pesar de las protestas de organizaciones sociales tanto nacionales como internacionales.
El órgano presidido por Luis Raúl González Pérez recordó que en mes de marzo de este año, las autoridades del estado de Puebla, con conocimiento previo de las víctimas y sus representantes legales, llevaron a cabo un acto de disculpa pública en Chalchihuapan.
En aquella ocasión, el Gobierno de Puebla ofreció, a través de funcionarios de segundo nivel, una disculpa pública a la familia del menor José Luis Tehuatlie Tamayo.
Enrique José Flota Ocampo, Fiscal General Jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, y David Flores Gómez, Subsecretario de Desarrollo Institucional y Administración Policial, acudieron a la Escuela Secundaria “Ricardo Flores Magón”, en donde estudiaba José Luis Tehuatlie, para ofrecer una disculpa tanto a la madre del menor, Elia Tamayo Montes, como a las demás víctimas del desalojo en la vía Atlixco-Puebla, la cual además de ser leída fue entregada por escrito.
Posteriormente, a solicitud de este Organismo Nacional de protección de los Derechos Humanos, las autoridades rindieron un informe pormenorizado del evento, mismo que se puso a la vista de los representantes de las víctimas, quienes manifestaron no tener objeciones al respecto, dándose así por satisfecho dicho punto.
En octubre de 2014, la Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Puebla, detuvo a cinco habitantes de Chalchihuapan, a quienes acusó de participar en el enfrentamiento que cobró la vida de José Luis. La dependencia estatal precisó que entre los detenidos se encontraban, Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez Varela y Fausto Montes quienes están acusados de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación.
El Gobierno de Puebla también detuvo a seis policías involucrados en la muerte del menor, pero salieron libres el 23 de diciembre de 2014, cuando el Juez Tercero de lo Penal desvaneció las pruebas en contra de los mandos medios de la Policía Estatal.
El mismo juez que lleva el caso de los policías dictó auto de formal prisión contra los pobladores Fausto Montes, Bernardino Ocotl Ocotl o Bernardino Montes, así como a Vicente Juárez Varela y Florentino Tamayo Ponce, a quienes se les imputaron los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa, motín y ataques a las vías de comunicación.
A Álvaro García Xelhua, Raúl Contreras Montes o Raúl Contreras López se les fincaron cargos por motín y ataques a las vías de comunicación.
Facundo Rosas Rosas que era entonces Secretario de Seguridad Pública en el estado, quien presuntamente dio la orden del desalojo, fue dado de baja de la corporación, pero no por el caso Chalchihuapan, sino por el tema de robo de hidrocarburos donde fueron detenidos subalternos.
