ALDF exhorta a adoptar criterios internacionales sobre VIH y trabajo

México, 8 Ago. (Notimex).- Las instituciones de gobierno y organismos autónomos capitalinos deben adoptar las medidas emitidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en las recomendaciones sobre el VIH-Sida, solicitó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

La Diputación Permanente del órgano legislativo local aprobó hacer un llamado a las dependencias, órganos desconcentrados, organismos autónomos y jefaturas delegacionales, para adoptar estos criterios internacionales y evitar la violación de los derechos humanos de los enfermos y portadores del virus.

Los asambleístas subrayaron que coinciden con la posición de la organización internacional, de eliminar la obligatoriedad de las pruebas masivas para la detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), así como la negación del empleo, servicios de salud o educación a personas infectadas.

Se pronunciaron a favor de que una persona infectada por el VIH o enferma de Sida sea tratada como cualquier otra y subrayaron que se requiere la intervención del Estado para garantizar la atención a esta problemática, prevenir y disminuir los contagios, así como los factores de riesgo.

En representación de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la ALDF, el diputado Jorge Palacios Arroyo señaló que estos puntos deben tener especial atención, pues la enfermedad tiene repercusiones sociales relacionadas con el respeto y promoción de los derechos humanos.

En el dictamen elaborado durante una reunión de trabajo por la citada Comisión y aprobado en la sesión de hoy de la diputación permanente, se establece que diversas organizaciones han documentado denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de las personas que viven con VIH-Sida.

Entre los derechos violados se encuentran la negativa a otorgarles educación, vivienda, servicios funerarios, despido de trabajadores infectados o rechazo de sus solicitudes de empleo.

Asimismo, la realización de exámenes de detección sin contar con el consentimiento del trabajador, la negativa de los servicios de salud a atenderlos y la mala atención de parte de médicos y empleados de este sector.