Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- A 44 días de que la Procuraduría General de la República (PGR) aprehendiera al ex Gobernador priista de Tabasco, Andrés Granier Melo, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y defraudación fiscal, las acusaciones en su contra empiezan a desvanecerse.

No obstante, el proceso en contra del ex Tesorero de Granier, José Manuel Saiz Pineda, preso desde el 9 de junio, acusado de los mismos delitos, se fortalece luego de que este fin de semana se revelara que existe una investigación sobre sus inversiones en al menos 26 empresas en Yucatán.

Ayer, la prensa tabasqueña dio a conocer que Granier podría ser absuelto del cargo de evasión fiscal si paga 2 millones 156 mil pesos, cantidad que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la PGR, es lo que no declaró durante el ejercicio fiscal de 2009.

Olga Sánchez, Juez Quinto de Distrito en materia de procesos penales, dijo que el próximo 14 de agosto es la fecha legal para que el ex mandatario cumpla con el pago de ese monto, con lo que podría eliminar ese cargo en su contra.

Los abogados de Andrés Granier, Óscar Abarca Alarcón y Carlos Castillo Romero explicaron que si Hacienda le concede el perdón a al ex mandatario tabasqueño, éste podría quedar exonerado del delito de defraudación fiscal, caso que se sigue en el Juzgado Tercero de Distrito en materia penal y sólo quedaría pendiente de resolver el ilícito por lavado de dinero.

“Desde el momento en que la Secretaría de Hacienda, le otorgue el perdón a Andrés Granier, el delito de defraudación fiscal del cual está acusado se extingue”, dijo el abogado Abarca Alarcón.

El delito de defraudación fiscal, previsto y sancionado en el artículo 108 fracción II del Código Fiscal de la Federación, tiene una pena de 2 a 5 años de prisión, siempre y cuando el monto de lo defraudado sea de entre 1 millón 369 mil 930 pesos y 2 millones 054 mil pesos.

Granier fue el segundo “pez gordo” detenido durante la administración de Enrique Peña Nieto, el primero fue la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, en febrero pasado, acusada también de lavado de dinero y de fraude al gremio de los maestros.

El otro delito por el que se le acusa al ex Gobernador es el de lavado de dinero de más de 35 millones de pesos que corresponden a depósitos depurados realizados en las cuentas bancarias del implicado, de 2007 a 2012; según la acusación, estos recursos proceden del desvío de partidas federales, ya que el inculpado no acreditó, con las pruebas desahogadas durante la etapa de pre instrucción, la procedencia legal de dichos recursos.

Este delito alcanza libertad bajo caución. Granier fue internado en el Reclusorio Oriente, pero por cuestiones de salud fue trasladado a la Torre Médica de Tepepan.

En Tabasco, según dio a conocer el actual Gobernador, Arturo Núñez Jiménez, no existe ninguna orden de aprehensión en contra de Granier Melo, ni de ningún miembro de su familia.

Aunque asegura que el daño al erario, presuntamente cometido por Granier, rebasa los mil 900 millones de pesos, aún no se termina de integrar la averiguación previa correspondiente.

SAIZ PINEDA, HUNDIDO

Por su parte, José Manuel Saiz Pineda fue detenido el 9 de junio en Reynosa, Tamaulipas, mientras intentaba ingresar a Estados Unidos. Antes de su detención, se hicieron públicos algunos lujos del ex Tesorero de Granier, entre ellos, distintas residencias en Miami, Tabasco y Yucatán, moticicletas y trajes especiales por un valor superior al millón de pesos, así como un auto Ferrari valuado en más de 4 millones de pesos.

El fin de semana,  el Procurador de Justicia de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernás, reveló que el ex funcionario podría tener inversiones en 26 empresas domiciliadas en el estado de Yucatán.

José Saiz Pineda está actualmente preso en el Centro de Readaptación Social del estado de Tabasco (CRESET) como parte del proceso que se sigue a la gestión de Granier Melo por peculado y otros delitos en los que tendría participación como inversionista en las compañías investigadas.

De acuerdo con el Procurador, las empresas pertenecen en su mayoría al sector inmobiliario, con la adquisición de miles de hectáreas en varios municipios yucatecos, así como el rubro de alimentos y otros en los que rige la exención de pago de impuestos.

“Desde hace un buen rato se tiene en investigación la ruta del dinero, en la presunción de la desviación de recursos públicos que se tuvo en la Administración pasada, y la línea de investigación más sólida apunta aquí en el Estado de Yucatán, en donde a través de varias empresas se pudieron haber realizado operaciones para adquisición de terrenos ejidales”, dijo a medios de comunicación.

Asimismo, aclaró que continuarán documentando las adquisiciones y el estado jurídico que tienen los terrenos, “examinaremos toda la documentación que podamos reunir, conocer la situación jurídica que guardan cada uno de los lotes en los ejidos, así como de las empresas, sus actas constitutivas, porque tenemos ahí algunas presunciones de vinculación entre socios”, explicó.

El Procurador también dio a conocer que se han realizado diversos recorridos por algunos de los predios, en especial uno ubicado en el municipio de Kanasín, donde el ex titular de Finanzas, junto con su padre, Juan José Saiz Zarza, compró 136 hectáreas con un valor de en 246 millones al haberse acreditado como “ejidatarios” en una asamblea ocurrida el 11 de diciembre del 2011.

También reveló que recorrió Umán, municipio yucateco donde Amílcar Sala, ex asesor de Saiz compró 2 mil 500 hectáreas, por un valor de 40 millones de pesos.