Lo que le faltó a Salinas lo acabará EPN, dicen activistas: quitará protección al campo para cederlo al gran capital

08/08/2014 - 12:05 am
Marcha de campesinos el pasado 23 de julio, previo a la aprobación de la Reforma Energética. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo
Marcha de campesinos el pasado 23 de julio, previo a la aprobación de la Reforma Energética. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– La Reforma Energética, que prevé figuras como servidumbre y ocupación temporal de las tierras de los campesinos mexicanos, es sólo el inicio de una agresiva estrategia del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para privatizar el territorio y acabar con los ejidos y la propiedad comunal, dijeron campesinos y defensores de derechos humanos.

En el marco del Foro Nacional de Derecho Agrario para la Defensa de la Tierra y el Territorio, que organizó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), abogados y activistas llamaron a los campesinos a organizarse porque las cosas “se van a poner feas”.

Santiago Aguirre Espinosa, abogado del Centro Prodh, dijo que las leyes secundarias que regularán al sector energético en el país y que colocaron en la Ley de Hidrocarburos una amenaza para obligar al dueño de la tierra a ceder ante los capitales privados, es sólo una parte de una estrategia que incluye a una Reforma Agraria agresiva y otras iniciativas, entre ellas la encabezada por el Senador priista Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

“Hoy lo que tenemos es la máscara de Enrique Peña Nieto y atrás, el proyecto que empezó en 1992 con Carlos Salinas de Gortari, que tiene como objetivo ir socavando, anulando la propiedad social, para que haya más propiedad privada en el campo y más negocio. No hay que perder de vista el contexto amplio de una ofensiva muy fuerte en contra el campo”, dijo.

Aguirre se refirió a la Iniciativa de Reforma a la Ley de Expropiación, Ley General de Bienes Nacionales y Ley Agraria para Acelerar la Ejecución del Plan Nacional de Infraestructura, que se encuentra en el Senado de la República y que encabeza Cervantes Andrade.

Con la iniciativa del Senador priista, se busca establecer que siempre que un proyecto forme parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, sea considerado de utilidad pública y por lo tanto las tierras sean expropiadas de forma expedita a sus dueños.

“No es cualquier Senador que está ahí nomás haciendo bulto, tan es así que fue quien presidió la discusión de la Reforma Energética. Es un político con capacidad de negociación y confianza de Presidencia de la República, este proyecto entonces traerá mayor respaldo del que pudiéramos pensar”, alertó.

El abogado advirtió que la iniciativa forma parte de un proyecto conjunto que amenaza al campo mexicano, por lo que pronto podría discutirse y aprobarse en el Congreso de la Unión.

Aguirre explicó que entre las justificaciones, el priista argumenta que hay obras contempladas en el presupuesto que no se realizan, porque hay demasiadas regulaciones que le impiden al gobierno ser efectivo.

“Se refieren al derecho de los núcleos agrarios del ejido y de los derechos comunales. Por eso hay que ver el proyecto conjunto para calibrar la amenaza que hay contra el campo”, dijo.

Claudia Gómez Godoy, del Colectivo de Abogadas y Abogados, detalló que otra de las amenazas que se está cocinando desde Los Pinos, es la Reforma Agraria que quedó inconclusa con el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Lo que sabemos es que ahorita está en una etapa de foros y que tiene cinco objetivos que yo traduzco en más Procampo, más cruzadas contra el hambre, más pobres, que los productores de capital privado puedan comprar, rentar y vender la tierra, nuevos latifundios energéticos, siembra de transgénicos y expropiación del territorio”, dijo.

La abogada explicó que la reforma en materia agraria busca desaparecer el ejido a través de la parcela.

“Quieren hacer lo que en 20 años no se logró, cuando en 1992 las reformas al Artículo 27 de la constitución con Salinas de Gortari inició con el fin del reparto agrario, del latifundio y el inicio de la privatización”, agregó.

 LA CONSULTA SIMULADA

Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
La Reforma Energética es la primera parte de una estrategia del gobierno federal para privatizar la tierra, acusan defensores de derechos humanos. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Francisco Cravioto Lagos, investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explicó que con Ley de Hidrocarburos la Iniciativa Privada (IP) recibirá las mismas prerrogativas para acceder al territorio que Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las compañías podrán acceder a  las figuras de servidumbre legal y ocupación afectación superficial, y aunque se retiró la palabra expropiación de la Reforma Energética, aún es posible en el país a través de la Ley de Expropiaciones.

“La servidumbre legal existía, pero la afectación superficial indica que sin poseer el terreno, el particular puede realizar las actividades, dar cierta compensación y retirarse”, explicó Cravioto.

Los abogados indicaron que si bien se introduce la figura de la Consulta Previa en la Ley de Hidrocarburos, el ejercicio será solo una simulación.

Santiago Aguirre indicó que durante los próximos años se observará la tendencia en el país a la realización de “consultas tramposas y simuladas”, que únicamente tendrán como objetivo materializar el despojo a los pueblos de su territorio.

“Lo que quedó es una norma que no garantiza la consulta como un mecanismo de protección a los pueblos, la hará la Secretaría de Energía, la principal promotora de los proyectos petroleros, ¿qué neutralidad tendrá?, ¿qué tienen que hacer los particulares o las empresas en en el proceso de consulta?, ¿cómo irán a dividir a los pueblos aventando el dinero por delante? Lo que se aprobó en la Ley de Hidrocarburos y lo de la Ley de Expropiaciones que propone Raúl Cervantes, nos debe de ir mostrando que estamos entrando en una fase de consultas tramposas, simuladas, para que el pueblo acepte la imposición de proyectos”, explicó.

El abogado del Centro Prodh agregó que Cervantes además propuso al Congreso de la Unión que en la Ley de Expropiaciones se establezca la restricción sobre el derecho de los pueblos y comunidades al juicio de amparo.

Claudia Gómez llamó a las comunidades a mantenerse alertas, a trabajar y sanear las asambleas ejidales. Llamó a los campesinos a identificar al verdadero enemigo.

“Yo creo que la resistencia de los pueblos, al menos la historia de México lo demuestra, es una resistencia que ni se ve, pero que ahí está.Yo apuesto y creo que cada ejido y comunidad con articulaciones regiones podrá más o menos salir de esta, así como ha salido de otras, aunque estamos ante algo más fuerte de lo que se tenga memoria”, dijo.

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