Por Humberto Francisco Guerrero Rosales

El pasado 29 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a las víctimas y sus representantes, así como al Estado mexicano, su resolución final en el contexto de la medida cautelar MC-409-14, sobre las características y facultades del nuevo mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa.

Tres meses tuvieron que pasar para que el mecanismo se concretara, hecho que sólo fue posible gracias a la presión constante sobre el Gobierno por parte de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. La anuencia final del Estado mexicano respecto del mecanismo no fue ninguna dádiva; cada elemento ganado estuvo precedido de una ardua negociación y fuertes resistencias para aceptar un mecanismo de observación internacional que pudiera actuar con plena libertad e independencia.

Los elementos esenciales del mecanismo definidos por la CIDH son los siguientes:

1. El mecanismo tiene como finalidad dar seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH y a las recomendaciones contenidas en los dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

2. La CIDH contará con un equipo técnico de apoyo de al menos dos personas. Es muy importante mencionar que este equipo podrá visitar y estar en nuestro país el tiempo que sea necesario para cumplir sus labores de documentación e investigación del actuar estatal.

3. El equipo técnico de apoyo tendrá acceso pleno a las distintas fuentes de información sobre el caso, las cuales no se limitan a los expedientes, sino que incluyen la posibilidad de entrevistar personas.

4. El mecanismo estará encabezado por el comisionado relator para México, u otro comisionado designado para tal efecto, quienes realizarán 3 visitas oficiales de seguimiento a nuestro país con posibilidades de definir una cuarta.

5. Al final de cada visita oficial, la CIDH emitirá un comunicado oficial para informar sobre los hallazgos y avances identificados.

Sin duda se trata de un buen mecanismo, aunque se encontraron dificultades para dotarlo de independencia. La primera resistencia a vencer fue que el Estado mexicano hizo todo lo posible por borrar al GIEI y su legado para este mecanismo de seguimiento, al grado que hubo momentos donde pretendió dejar fuera de su ámbito a las recomendaciones del Grupo de Expertos.

Tanto es el miedo del Gobierno mexicano hacia el GIEI, que el Estado se empeñó hasta el final en dejar claro que el mecanismo de seguimiento era distinto del GIEI, que no constituía un nuevo grupo independiente, y que debía estar sujeto a la jerarquía de la CIDH.

Aunque el Estado ha manifestado su voluntad de cooperar con el mecanismo, es previsible que éste enfrente los mismos retos que en su momento viviera el GIEI. El primero y más evidente de ellos, es el asociado con el acceso a la información sin restricciones y con independencia de la fuente; es decir, el Estado mexicano deberá permitir el acceso a la información contenida tanto en expedientes como aquella en posesión de personas.

La posibilidad de que un mecanismo independiente pueda supervisar y acceder libremente a toda la información de las investigaciones de la desaparición de los estudiantes, y de las ilicitudes cometidas por funcionarios como Tomás Zerón para tergiversar los hechos, es la única garantía de confianza que tienen actualmente los familiares de los 43. Por tanto, en caso de que el gobierno mexicano reincida en el despliegue de estratagemas para obstaculizar la supervisión del mecanismo, estaría dinamitando su última oportunidad de resolver el caso y recuperar la confianza de las víctimas, con lo cual la administración de Peña Nieto se condenaría a ser recordada por siempre como la administración de la simulación e impunidad.

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