En el acto de presentación del plan, que se llevó a cabo en la Biblioteca México, se recordaron algunas cifras escandalosas: el 60 por ciento de niñas, niños y adolescentes menores de 14 años ha recibido castigo psicológico o físico en su casa. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro.

La semana pasada se presentó el plan de acción con el que México se comprometió a dar cumplimiento a los objetivos de la Alianza Global por una Niñez sin Violencia. Esta alianza es una iniciativa que encabeza la UNICEF y se materializará con los esfuerzos de gobiernos de distintos países, otros organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Coordinar las acciones para poner fin a todas las formas de violencia contra la niñez es un hecho encomiable, indispensable y urgente, más aún en un país como el nuestro que vive un clima de violencia generalizado y de descomposición social que afecta directamente a niños y niñas.

En el acto de presentación del plan, que se llevó a cabo en la Biblioteca México, se recordaron algunas cifras escandalosas: el 60 por ciento de niñas, niños y adolescentes menores de 14 años ha recibido castigo psicológico o físico en su casa; en ocho de cada 10 casos de maltrato infantil el padre o madre fueron los probables responsables, y cuatro de cada 10 delitos sexuales son cometidos en personas menores de 18 años.

Las causas de esta violencia son multifactoriales. Una de éstas es evitar que se le vea como algo normal, cotidiano e irremediable, como sucede en innumerables contenidos en los medios de comunicación, videojuegos e internet.  Por eso, como se prevé en el plan de acción, “se necesitan de acciones que contribuyan a la modificación de normas, creencias y comportamientos sociales y culturales profundamente arraigados que permiten, naturalizan y perpetúan la violencia”.

Específicamente la Acción 7 aborda lo que debe hacerse en relación con lo que transmiten la radio y la televisión: “Promover la regulación, producción y difusión de contenidos audiovisuales y radiofónicos aptos para niñas, niños y adolescentes”, con el objetivo de “minimizar la exposición de niñas, niños y adolescentes a contenidos violentos en medios de comunicación, promoviendo la generación de contenidos aptos, la identificación de acciones normativas y la sensibilización que prevenga esta situación en programas radiofónicos o televisivos”.

Aunque todo lo anterior podría tener indicadores precisos, sólo se establece una meta: “Aumentar el porcentaje de programas radiofónicos o televisivos con contenidos aptos para niñas, niños y adolescentes”, debido a que de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “el 42 por ciento de los programas con mayor nivel de audiencia no tienen contenido producido para este segmento de la población, en los cuales pueden estar expuestos a contenidos violentos”.

Más adelante se enlistan las “medidas de implementación”:

– En el marco del Convenio de Intercambio de Contenidos y Materiales Audiovisuales, celebrado entre la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, se promoverán materiales y/o contenidos audiovisuales que visibilicen el derecho a vivir una vida libre de violencia y el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes; a través de programas, cápsulas, Internet, streaming en páginas web, infografías, entre otros, que serán difundidos en las diferentes plataformas de las partes.

– Impartir por parte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) un seminario de sensibilización dirigido al personal de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), encargado de supervisar y monitorear materiales para lograr un mayor impacto en la detección de contenidos que puedan intervenir en el pleno desarrollo integral de la niñez.

– La Dirección de RTC buscará difundir las campañas relativas a la promoción del Plan de Acción de la Alianza para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, siempre que las instituciones que las produzcan realicen la solicitud de acceso a los tiempos oficiales.

– Difundir información durante el programa radiofónico con 80 años de transmisión dominical ininterrumpida “La Hora Nacional”, cápsulas o entrevistas relacionadas con el Plan de Acción de la Alianza o SIPINNA, relativas a promover la no exposición de niños, niñas y adolescentes a la violencia.

– Propiciar el contacto o mesas de diálogo con los concesionarios de radio y televisión, con la finalidad de transmitirles información respecto del Plan de Acción de la Alianza para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

BUENAS INTENCIONES, MUCHAS OMISIONES

Como se aprecia, se trata de “medidas” bien intencionadas, pero mínimas, en las que se omite la relevancia de la clasificación de los horarios para la transmisión de contenidos con violencia, los derechos de las audiencias infantiles (ni siquiera se mencionan a lo largo del documento de casi 150 páginas, no obstante que son un derecho constitucional), las obligaciones de la Segob y el IFT en la tutela de estos derechos, la eficacia en la regulación de contenidos, el papel de las defensorías de las audiencias, la alfabetización mediática, así como la importancia y compromiso de la autorregulación, más allá de “propiciar el contacto” con los concesionarios de radio y televisión.

Es más, ni siquiera la meta de aumentar la producción de contenidos para niñas, niños y adolescentes cuenta con acciones concretas, por lo que podría quedar también en el vacío discursivo si no se acompaña de recursos o estímulos para hacerla realidad.

De manera intencional o no, el Plan de Acción aborda muy ambiguamente la responsabilidad de los medios de comunicación, lo que contrasta con lo que ha dicho la misma UNICEF sobre el papel estratégico que tienen para hacer posible el cambio cultural en torno de la violencia:

“En aquellos países donde existe una elevada sensibilidad hacia la violencia, estas consideraciones han llevado a una combinación de una regulación estatal (códigos para los medios y exigencia de una clara indicación en las emisiones del nivel de violencia de los programas y productos, clasificación de los vídeos según edad, retransmisión de programas para adultos a ciertas horas, sistemas de quejas y procedimientos para ejecutar la ley), junto a controles voluntarios por parte del sector privado, y educación respecto a los medios de comunicación en escuelas y para el público en general, incluidos, especialmente, los padres” (véase el documento Niños y violencia, de UNICEF, en este link: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest2s.pdf).

También la UNICEF destaca lo que establecen las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil: “Los medios de comunicación en general, y la televisión y las películas en particular, deberían reducir el nivel de pornografía, drogas y violencia, y mostrar la cara negativa de la violencia y la explotación. Así como evitar presentaciones degradantes y humillantes, especialmente de niños, mujeres y relaciones interpersonales, y promover los principios de igualdad (párrafo 43)”.

Al anunciar el Plan de Acción, el secretario de Gobernación, hizo un llamado a salvaguardar la integridad física y moral de la niñez mexicana. “Las niñas, los niños y adolescentes son el futuro del país, resguardar sus derechos es una prioridad para el Gobierno de la República”, subrayó.

Sin embargo, como aquí hemos reiterado, su misma dependencia sabotea -aquí sí de manera intencional- las políticas encaminadas a preservar los derechos de las audiencias infantiles al reducir los horarios de protección de niñas y niños frente a contenidos no aptos para su edad (véase mi colaboración para este portal: http://www.sinembargo.mx/21-02-2017/3156883), ignora las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil respecto de dicho tema y por si fuera poco la sentencia del amparo que presentó la doctora Clara Luz Álvarez, en la que la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones le da la razón a la destacada académica en las consecuencias negativas que generan los nuevos lineamientos de clasificación de programas emitidos por la Segob.

También, la nueva clasificación horaria, expone a niñas y niños a más anuncios de la llamada “comida chatarra”, lo que es contrario a las obligaciones y objetivos de la política pública para abatir la creciente epidemia de la obesidad infantil.

Si esto se suma el combate del gobierno de Peña Nieto a los derechos de las audiencias incluidos en la ley y los lineamientos que elaboró, previa consulta, el IFT, queda en evidencia la simulación de la Segob en este terreno frente a los nobles alcances de una alianza internacional.

@telecomymedios