Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– Los daños ocasionados por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi, representan pérdidas patrimoniales por arriba de los 2 mil millones de pesos, estimó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Luego del derrame de al menos 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico, el pasado 6 de agosto, los daños económicos por el derrame, según datos de diputados que investigan el caso,  podrían ascender a 800 millones de pesos, cifra mayor a la estimada por Grupo México, quien informó el jueves a la Bolsa mexicana de Valores (BMV) que cuenta con una reserva de 300 millones de pesos para asegurar la reparación de los daños ocasionados y sanciones administrativas.

No obstante, el estimado de la CEDH supera los cálculos de ambas instancias.

Tras ratificar la denuncia que la Comisión interpuso en contra de quien resulte responsable por el derrame tóxico, en apoyo con los alcaldes de los siete municipios de Sonora afectados por estos hechos, ante la Procuraduría General de la República (PGR), el titular de la CEDH, Raúl Ramírez Ramírez, lamentó  lo que llamó “crisis humanitaria” que están viviendo los habitantes de los municipios aledaños al Río Sonora, ante la falta de un verdadero compromiso por parte de Grupo México.

La CEDH, en una reunión que sostuvo con los alcaldes de Arizpe, Vidal Guadalupe Vázquez Chacón, Banámichi, Jesús Lauro Escalante Peña, de Baviácora, Francisco Javier Durán Villa, y de Ures, José Manuel Valenzuela Salcido, convocó a los gobiernos de los municipios afectados, al gobierno del estado, a los diputados locales y federales, a los senadores y partidos políticos, a hacer un frente común, sin afanes protagonistas ni partidistas, para respaldar las demandas de los pobladores afectados.

Los alcaldes de estos municipios señalaron, según la Comisión, informó en un comunicado del 4 de septiembre, que están desesperados “urgen medidas emergentes para evitar un estallido social”.

Ramírez señaló: “De ser necesario nos plantaremos junto a la población y los alcaldes por fuera de las oficinas del Grupo México y en esta acción, se invitará a todos los senadores y diputados Federales por Sonora para que nos acompañen y se sumen en un solo frente común en el Distrito Federal, hasta que nos atienda Germán Larrea [propietario de la empresa] pues ya es hora que dé la cara y resuelva el problema de tajo y no a cuenta gotas como si se tratara de una limosna”.

Informó que el pasado viernes la CEDH interpuso la demanda penal por el derrame tóxico, la cual hoy fue ratificada ante la PGR, y agregó que “es inaudito que Grupo México tenga a sólo dos personas en algunos municipios entregando botellitas de agua” y acusó además la falta de voluntad de la empresa para cumplir su población de resarcir los daños.

El defensor de los derechos humanos en Sonora convocó a la población afectada por el derrame, a los funcionarios del gobierno del estado y de los municipios, a que asistan a la reunión a la cual los alcaldes de los siete municipio aledaños al Río Sonora invitaron al presidente de Minera México, subsidiaria de Grupo México, este miércoles por la tarde.

CIERRAN POZOS EN HERMOSILLO

El Alcalde de la capital de Hermosillo, Alejandro López Caballero, informó  en días recientes que debido a cambios de logística de operación en la red de agua potable de la ciudad, como consecuencia de la contaminación del Río Sonora, varias colonias al norte de Hermosillo podrían sufrir desbasto del líquido.

E informó que se decidió no utilizar los pozos ubicados al Oriente de Hermosillo, como medida preventiva porque son susceptibles de resultar contaminados por el derrame de tóxicos en el Río Sonora.

El Ayuntamiento de Hermosillo dio a conocer que esos pozos surten sólo a las dos poblaciones del área rural, las cuales se aseguró están siendo abastecidas por pipas, y señaló que no es agua que vaya a inyectarse a la red de aguas de la capital.

Ayer, López Caballero recordó que también está el caso de la presa “El Molinito”, ubicada al oriente de la ciudad, la cual fue cerrada a unos días del derrame debido a que fue alcanzada por la solución ácida de sulfato de cobre, de la cual se extraían unos 500 litros de agua por segundo antes de la contingencia ambiental.

ALCALDES ACEPTAN REUNIÓN CON GMÉXICO

Este domingo, los alcaldes de los siete municipios de Sonora afectados por el derrame de químicos de la mina Buenavista del Cobre de Cananea exhortaron a Minera México, subsidiaria de Grupo México, a reunirse con ellos en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para “buscar una solución consensuada y un plan de trabajo que permita responder a las urgentes necesidades de los involucrados”.

Por medio de un desplegado publicado ayer en la prensa local, los presidentes municipales de Aconchi, Ures, Baviácora, Arizpe, Huépac, Banámichi y San Felipe de Jesús, denunciaron que el daño ocasionado por la mina propiedad del corporativo de Germán Larrea ocasionó “gravísimos daños ecológicos, afectó a la ganadería, la agricultura, el comercio, la salud y la estabilidad económica y emocional de los pobladores”.

Exigieron que los ríos Bacanuchi y Sonora sean “reparados a la mayor brevedad posible, además de proceder a la extracción de desechos tóxicos y metales pesados del lechos de los ríos y otras medidas de saneamiento y prevención de derrames”.

Los 7 alcaldes sonorenses destacaron que, independientemente de la responsabilidad de Grupo México, “sea por el hecho ilícito que por responsabilidad objetiva y la inadmisible afirmación de que no se trataba de residuos peligrosos”, el hecho es que la empresa propuso en el desplegado “la implementación de un plan que de manera coordinada premian conocer y validar las posibles afectaciones en materia agrícola y ganadera en la región, que hubieren sido provocadas por la filtración, para su consecuente reparación”.

Los presidentes municipales aceptaron la propuesta de Grupo México expuesta en el desplegado, e invitaron al presidente de Minera México, en forma personal o a través de un representante con facultades suficientes, a que una reunión para buscar una solución condensada y un plan de trabajo que permita responder a las urgentes necesidades de los involucrados.