Los errores políticos, como la invitación del candidato republicano Donald Trump a Los Pinos, cuya visita sacudió al país y convirtió al encuentro entre él y el Presidente Enrique Peña Nieto en una humillación internacional, debería pagarse en la urnas, dijeron politólogos consultados por SinEmbargo. Pero en México el error político, la corrupción, el desvío de recursos de las arcas públicas o el lavado de dinero carecen de castigo. Los políticos se van de sus cargos en total impunidad, porque ni el sistema de justicia ni el electoral funcionan, advirtieron.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– En México los funcionarios roban, desvían recursos, corrompen, cometen errores políticos graves –como la invitación a Los Pinos al candidato Republicano Donald Trump, organizada por Luis Videragay Caso, ex Secretario de Hacienda o la “guerra contra el narco” del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa– y después sólo se retiran sin rendir cuentas, porque ni el sistema de justicia ni el electoral funcionan adecuadamente, dijeron expertos politólogos a SinEmbargo.

El costo natural a los delitos y malas decisiones de los políticos mexicanos debería ser claro: el error político se paga en las urnas y el delito ante un juez. Pero en la práctica el sistema está diseñado para que paguen con impunidad.

“Lo de Luis Videgaray [Caso] es una falla política enorme, un error grave. Cuando eso ocurre, la manera de hacer que paguen por ese error es más o menos lo que pasó: la renuncia, pero no se le acusa de haber tenido la casa de Malinalco, aunque haya elementos que pueden ser motivo de un juicio penal. Mientras todo se quede en grandes errores políticos, que lo tienen todos los países en todos los sistemas, y sólo los echen para afuera, la impunidad seguirá ganando”, dijo Lorenzo Meyer Cossío, historiador y politólogo, miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El historiador enfatizó en el tema de la casa de Malinalco de Videgaray Caso, en donde precisó, hay un evidente conflicto de interés que pasó de largo, gracias a que Virgilio Andrade Martínez, entonces Secretario de la Función Pública, lo exoneró.

“A Videgaray no se le podrá juzgar por lo de Trump, pero sí por Malinalco, pero es una falla delas instituciones enorme. Esa sí es corrupción”, precisó.

Como el caso del conflicto de interés no castigado del ex Secretario de Hacienda está el de los gobernadores que dejan su cargo acusados de corrupción y malos manejos, como el caso de Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz o de César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua.

“Hay otro tipo de políticos como Fidel Herrera [ex Gobernador de Veracruz y ahora Cónsul de México en Barcelona, España], en donde la sospecha va acompañada de evidencias empíricas de corrupción y no pasa nada. Aquí estamos frente a uno de los grandes problemas políticos de México: no hay un sistema efectivo de rendición de cuentas”, dijo Meyer Cossío.

Arturo Alvarado Mendoza, director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), coincidió con Meyer y detalló que los gobernadores han utilizado a los congresos locales para construir “muros de impunidad”.

“Tenemos un problema estructural por la falta de responsabilidad no sólo política sino penal para los poderes ejecutivos de los estados. No hay mecanismos de control y supervisión sustantivos. No hay una fuerza que equilibre al poder del Gobernador en las entidades, los congresos siguen siendo débiles; los poderes judiciales ni se diga”, explicó.

El académico propuso que deben darse mecanismos para obligar a los gobernadores a responder sobre sus administraciones ante el congreso local y el poder judicial.

“Debería haber un sistema de supervisión mucho más grande a través del cual la sociedad pueda expresarse y argumentar, proponer y entregar investigaciones que puedan llevar a averiguaciones, si los gobiernos cometieron actos ilícitos. La Auditoría Fiscal de la Federación debería tener más dientes para mandar al Congreso los instrumentos necesarios para que los recursos que fueron desviados o no utilizados se recuperaran”, explicó.

Además, consideró Alvarado, los gobernadores deben estar sujetos a medidas precautorias, como el que se les congelen sus cuentas, hasta que no se aclare su situación.

EL PRI PUEDE LIBRAR EL CASTIGO

Lorenzo Meyer opinó que es probable que los cambios en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con el nombramiento de Luis Enrique Miranda Nava –un hombre cercano al Presidente Enrique Peña Nieto– sea para disponer de jugosos recursos para comprar el voto, y evitar el castigo en las urnas por los errores del titular del Ejecutivo Federal y su gabinete.

“Lo de Trump es un error político y garrafal. En todos los sistemas hay errores políticos hasta en Suecia, pero no en todos los sistemas es tan evidente como en el caso mexicano el conflicto de intereses, el robo descarado del erario y el tráfico de influencias. Pero dejemos a México por un momento: veamos a Estados Unidos, Francia, Alemania, donde se cometen errores políticos, donde en las elecciones se pagan esos que no son crímenes sino errores, estupideces. La manera de llamar a cuentas es vía las elecciones. En el caso mexicano podría ser sacando del poder no solamente a Videgaray, sino al partido del que forma parte Videgaray. Si tuvieran lugar, como la ley lo indica. En el cambio de gabinete me queda claro que se puso al frente de la Secretaría de Desarrollo Social al aparato del PRI [Partido Revolucionario Institucional] que el señor Miranda está ahí para usar los recursos millonarios para la inducción y compra del voto”, consideró Lorenzo Meyer.

El politólogo explicó que una gran parte del electorado mexicano se encuentra vulnerable por la pobreza, por lo que la invitación a Donald Trump, la humillación y el resto de los errores del sexenio, pueden quedar en un segundo término.

“Le importará un pepino si va a recibir dinero y no le hará pagar el costo porque finalmente no está funcionando el sistema electoral. Las elecciones en México no están diseñadas para hacerles pagar el costo por sus errores; pueden cometer los errores, pero como tienen el control del dinero de esas secretarías y de muchas otras, entonces con eso pueden neutralizar los efectos negativos y salirse con las suya, no pagar las consecuencias y ser impunes”, dijo.

Sergio Aguayo Quezada, investigador de El Colegio de México, agregó que en el país hay un alto grado de conciencia sobre la importancia de la rendición de cuentas. Un 80 por ciento de la población está consiente de sus derechos, pero sólo 50 por ciento tiene deseos de participar.

“De ese 50 por ciento, el 90 por ciento quiere participar en alguna iniciativa orientada a la rendición de cuentas, pero el número se desploma a un 20 por ciento a la hora de hacer algo. Sólo 20 por ciento ha hecho algo tan sencillo como firmar una carta”, explicó.

Para Aguayo Quezada debe hacerse efectiva la rendición de cuentas, debido a que la crítica ante la denuncia, incluso las movilizaciones masivas como las marchas por los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) tienen impacto, pero no el suficiente.

“Tienen poco impacto porque la mayoría de los partidos políticos son reacios a involucrarse a favor de la rendición de cuentas, porque hay un pacto de complicidades entre ellos”, dijo.

Sobre el impacto de los errores del Presidente Peña Nieto y su gabinete –como la humillación de Donald Trump– en las próximas elecciones, 2017 y 2018, aún es impredecible debido a que “la memoria de la población luego olvida traumas como este”, consideró.