El 7 de junio de 2015, el primer domingo de ese mes, 52 millones de mexicanos votarán a nivel local mientras que a nivel federal lo harán alrededor de 84 millones de electores. En México se renovarán 500 diputados federales, los gobiernos de nueve estados y mil 532 cargos locales, en un proceso electoral que, formalmente, arrancó ayer.

Esos comicios representan la primera gran prueba para el Instituto Nacional Electoral (INE), que tiene su origen en las reformas políticas recientemente aprobadas. Es una “prueba de fuego” coinciden analistas porque la mayoría de los estados donde se votará por gobernadores –Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora– se encuentran asolados por la violencia, la corrupción y el desgaste institucional.

Se exige “blindar” el proceso electoral y hacerlo no sólo con discursos, sino con acciones. Se exige además que el INE responda a las exigencias de transparencia de una sociedad desencantada, harta de promesas incumplidas, agobiada por la falta de oportunidades con una economía que no detona y, por si fuera poco, cansada por las violaciones a los derechos humanos que provienen directamente de las autoridades y los abusos de los narcopolíticos.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).– El Instituto Nacional Electoral (INE) dio el banderazo de salida al proceso electoral federal 2014-2015, donde estará en juego la renovación completa de la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas estatales y elecciones locales en 17 entidades federativas, en medio de un clima de inseguridad en varios estados del país, algunos de ellos, en donde los ciudadanos deberán emitir su voto el próximo año.

En dos entidades en donde se elegirá Gobernador, Michoacán y Guerrero, existe abiertamente un clima de violencia generado por grupos del crimen organizado que prácticamente se han enraizado en algunas comunidades y que dejan tras de sí una estela de muerte en la lucha por el control de zonas.

A nivel regional, municipios como Acapulco, en Guerrero, serán un foco rojo, ya que según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el puerto es el lugar donde se comete el mayor número de homicidios dolosos en lo que va del año.

Al respecto, analistas consultados por Sin Embargo advirtieron que el Instituto Nacional Electoral, órgano que sustituye al desparecido IFE en la organización de la elecciones, deberá tener estrecha colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de garantizar la seguridad del proceso electoral.

“Se debe blindar la elección y no blindarla con discursos, así no se hace, y lo que han hecho desde hace tiempo la autoridad electoral, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los órganos electorales locales, es blindar las elecciones con discursos, y los resultados allí están”, afirmó Erubiel Tirado, coordinador del programa de seguridad nacional y democracia en México de la Universidad Iberoamericana (UIA).

En el mismo sentido el doctor Virgilio Bravo, investigador del Tecnológico de Monterrey, es indispensable que el INE ponga en práctica los candados que le otorgó la Reforma Electoral para blindar el proceso electoral de la delincuencia, como es la fiscalización de los partidos políticos.

“Ya no hay obstáculos respecto a la fiscalización de los recursos, y esto implica el recurso público como del dinero sucio proveniente de actividades delictivas. Hoy más que nunca, tanto los sistemas de seguridad pública como los sistemas de seguridad financiera y bancaria deben estar presentes en la elección 2015”, explicó el especialista a SinEmbargo.

En muchos sentidos, la elección del próximo año será la más grande en la historia de México en términos numéricos, ya que 82 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, podrán emitir su voto en alrededor de 152 mil 500 casillas distribuidas en todo el país, para elegir a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados.

Tan sólo para las elecciones locales en 17 estados del país, más de 48 millones de electores podrán acudir a las 92 mil 42 casillas únicas que se instalarán el día de la jornada electoral, para elegir más de mil 600 cargos de representación popular, que incluyen gobernadores, diputados locales y presidentes municipales.

Más de 10 millones y medio de ciudadanos serán capacitados para atender las casillas que se instalarán durante la jornada electoral.

“Tenemos un mandato constitucional para organizar las elecciones más equitativas y más transparentes de nuestra historia y contamos con el personal más capacitado y profesional del Estado mexicano para lograrlo”, refirió Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, durante el inicio de los trabajos formales.

Para el doctor Gustavo López Montiel, Profesor del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, los partidos políticos son corresponsables de revisar el curriculum de sus aspirantes, a fin de evitar la postulación de personas con antecedentes criminales o ligados al crimen organizado.

“Es importante en términos de legitimidad que los propios partidos atiendan este problema, de hecho el PRD en algún momento planteó la necesidad de certificar a sus candidatos, dicen ellos, y ya lo han hecho en otros momento el PAN y es una práctica que genera más certeza a los electores”, afirmó el especialista a SinEmbargo.

BLINDAJE DE LA NARCOPOLÍTICA

La preocupación por atacar el fenómeno de la narcopolítica no es nuevo, hay que recordar que en el sexenio pasado el Presidente Felipe Calderón Hinojosa hablaba de evitar la infiltración del crimen organizado en los partidos políticos.

Incluso durante el proceso electoral presidencial del 2012 se planteó la posibilidad de que los candidatos federales y estatales se realizarán exámenes toxicológicos o antidoping, como candado para evitar que personas ligadas al crimen organizado llegaran a ocupar cargos de elección popular.

Los especialistas recomendaron que todas las instituciones del Estado mexicano vayan de la mano para evitar la infiltración del crimen organizado en el proceso electoral. Pero más importante aún, para dar confianza a los electores sobre la calidad y honestidad de quienes aspiren a representar a la ciudadanía.

El especialista de la Ibero, Erubiel Tirado, señaló que la responsabilidad de evitar que la inseguridad sea factor en este proceso electoral no es exclusiva del INE, sino que se trata de una responsabilidad compartida con las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como de los partidos políticos.

“Deben empezar también por definir en efecto, cuáles son estas áreas donde se van a realizar elecciones que son susceptibles de una atención especial en materia de seguridad”, sostuvo.

Recalcó que se requiere una gran sensibilidad de parte de todas las autoridades involucradas, a fin de detectar las áreas de riesgo mediante la elaboración de un mapa de focos rojos, susceptibles de ser blanco del crimen organizado, un pendiente que ha quedado en el tintero desde hace dos elecciones federales.

Para el doctor Virgilio Bravo, del Tec de Monterrey, la inseguridad durante los procesos electorales es un fenómeno mucho más complejo y más profundo de lo que las autoridades han estimado y que se observa cada vez con mayor frecuencia desde el sexenio del ex Presidente Calderón.

Recalcó que los partidos deben poner en práctica una serie de mecanismos para evitar la infiltración del crimen organizado.

“Va desde realizar exámenes antidoping, que yo creo que de mutuo propio cualquier aspirante a un puesto de representación del pueblo debería de someterse de manera voluntaria,  así como la manifestación de sus bienes y probablemente la presentación anticipada de sus gastos de campaña. Yo creo que hoy más que nunca, la ciudadanía tiene que percibir que sus representantes populares son auténticos”, dijo.

MÁS QUE BUENA VOLUNTAD

Para cumplir sus funciones, el INE solicitó un presupuesto de más de 18 mil millones de pesos. Los rubros donde se concentrarán los mayores serán las prerrogativas de los partidos políticos, la capacitación de los funcionarios de casilla y el sistema de monitoreo permanente de los medios de comunicación durante todo el proceso electoral.

Sin embargo, en ningún apartado del presupuesto se observa alguna partida para prevenir, o blindar la elección, mediante la inspección de los aspirantes a algún cargo de elección popular, situación que no es culpa del INE, sino que este rubro no se estableció en la Reforma Electoral del año pasado.

Ante esto, se entiende que serán los partidos políticos, quienes se encargarán, como ha sucedido hasta ahora, de vigilar que los aspirantes a alguna candidatura no tengan nexos con el crimen organizado.

“Más que blindaje, lo que necesitamos es una convicción generalizada, entre todos nosotros, de que vamos en una ruta de carácter electoral que permite ordenar perfectamente bien lo que son los cambios de Poderes”, afirmó el Diputado Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

El líder parlamentario priista pidió dar un voto de confianza al INE como “institución renovada”, para que garantice que el proceso electoral se llevará a cabo conforme a la legalidad establecida.

“Confío en la voluntad del Gobierno de la República, en el Instituto Nacional Electoral y en los gobernadores de los Estados que deben esmerarse para dar las suficientes garantías sobre una elección tan importante que tendremos en el 2015”, recalcó Beltrones.

No obstante, para los especialistas, la buena voluntad de los partidos políticos no ha sido ni será suficiente para blindar el proceso electoral del crimen organizado.

“Estamos ante un fenómeno en el que no tenemos certeza sobre el alcance de la penetración del crimen en las estructuras y es aventurado hacer señalamientos sin tener una base sólida, lo que sí es cierto”, explicó Erubiel Tirado, coordinador del programa de seguridad nacional y democracia en México de la Ibero.

El doctor Virgilio Bravo señaló que la ciudadanía necesita hechos y no discursos para poder confiar nuevamente en sus instituciones políticas y electorales, por lo que dijo, es responsabilidad de los partidos políticos generar certidumbre entre los electores y no al contrario.

“Por la propia sobrevivencia de las instituciones políticas de este país, por la sobrevivencia del Poder Legislativo, por su propio beneficio, por su propia cura en salud, debería de ser un acuerdo propio de los partidos políticos de sus que sus candidatos pasen estos controles”, recalcó.

GUERRERO Y MICHOACÁN, FOCOS ROJOS

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero es la segunda entidad más peligrosa del país, solo detrás del Estado de México, pues se han cometido 780 muertes violentas en este estado del sur del país.

Michoacán es cuarto lugar en el número de muertes dolosas con 668 ejecuciones hasta junio de este año.

Pero no son los únicos, por mencionar sólo las entidades donde se elegirán Gobernador, diputados locales y presidentes municipales, Sonora es uno de los estados con mayor índice de homicidios con 162, seguido de Nuevo León con 134 y San Luis Potosí con 62 asesinatos, según datos proporcionados por el SNSP hasta marzo de este año.

“El estado de Guerrero, vecino de Michoacán, vecino de Oaxaca, vecino de Morelos, ha sido un caldo de cultivo durante los últimos 40 o 50 años de inestabilidad política, de ingobernabilidad, de falta de estado de derecho y hoy en día no nada más agravado por los antecedentes de la guerrilla, sino de grupos delictivos sanguinarios”, explicó el doctor Virgilio Bravo.

Solo están por debajo de la media nacional los estados de Campeche, Baja California Sur, Querétaro y Colima, con menos de 30 homicidios hasta la misma fecha.

“Es sumamente preocupante. La autoridad electoral debería tener presente su capacidad de atracción sobre la organización  de los procesos electorales, al menos plantearlo como una posibilidad, no estoy diciendo que amerite o no, simplemente ponderarlo de manera abierta”, afirmó el profesor Erubiel Tirado.

Pero también se puede encontrar la violencia en el valle de México, principalmente en algunas colonias, en la zona conurbada, ya que el Distrito Federal es tercer lugar nacional en llamadas de extorsiones telefónicas y el Estado de México es el primer lugar en el número de homicidios dolosos.

El doctor Gustavo López Montiel, del Tecnológico de Monterrey, recomendó que el INE debe revisar la experiencia en regiones en donde se ha suspendido la elección o en zonas en donde han sido amenazados sus capacitadores electorales, en donde se han implementado mecanismos como la sustitución de casillas.

Para los especialistas, la solución que está más a la mano es que las autoridades asuman su responsabilidad situación de manera abierta, como un problema al que tiene que evaluar y propongan medidas preventivas.