La ONU-DH, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, el Comité para la Protección de los Periodistas llamaron a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los testigos del crimen, de la familia y de los colegas de Edgar Esqueda, quien el pasado viernes se convirtió en el onceavo periodista asesinado en México en lo que va del año y el número 37 en este sexenio.
En julio de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí emitió medidas precautorias para garantizar la seguridad y la integridad de Esqueda, mismas que fueron aceptadas por la policía ministerial del estado el día 24 del mismo mes. “Sin embargo, en el momento de su desaparición, el fotoperiodista no contaba con medidas de protección concretas”, afirmó la ONU.
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SLP/Ciudad de México, 8 de octubre (Pulso/SinEmbargo).- Organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y de las libertades de prensa demandaron al Gobierno mexicano y al de San Luis Potosí el esclarecimiento del asesinato del fotoperiodista Daniel Esqueda Castro, cuyo cuerpo fue localizado el pasado viernes luego de que fuera secuestrado por uniformados.
Durante la mañana del 5 de octubre, sujetos armados, que se habría presentado como policías ministeriales, irrumpieron en el domicilio de Esqueda en la colonia Julián Carrillo, en la capital potosina. Estas personas lo privaron de la libertad. La detención y el paradero de reportero gráfico fueron desconocidos para la familia durante más de 24 horas, hasta que su cuerpo fue hallado cerca del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga.
La presión de las organizaciones, sin embargo, no ha merecido ni una palabra del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Edgar Esqueda colaboraba con los medios locales Metrópoli San Luis, Infórmate San Luis y Vox Populi, además de desempeñarse como freelance. El comunicador había denunciado agresiones en su contra en diciembre 2015 y julio 2017. La denuncia más reciente fue en relación con supuestos actos de agresión por parte elementos de la policía ministerial de San Luis Potosí, donde éstos le habrían destruido su material audiovisual y amenazado con privarlo de su libertad.
En julio de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí emitió medidas precautorias para garantizar la seguridad y la integridad de Esqueda, mismas que fueron aceptadas por la policía ministerial del estado el día 24 del mismo mes.
“Sin embargo, en el momento de su desaparición, el fotoperiodista no contaba con medidas de protección concretas”, expresó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Artículo 19, Pen Internacional y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitieron posicionamientos en torno a la ejecución de Castro Esqueda.
En un comunicado, Jan Jarab, representante en México de ONU-DH, expresó que las características de este crimen “representan un espejo del elevado riesgo que enfrentan los periodistas en México”.
Hizo un llamado a las autoridades competentes a realizar una investigación “imparcial y eficaz” en la que se agoten todas las líneas de investigación, incluidas las vinculadas con la labor periodística de Esqueda, y si hubo o no involucramiento de algún funcionario público.
“El esclarecimiento pronto e imparcial de este crimen representaría un mensaje claro por parte de las autoridades de procuración de justicia en contra de la impunidad”, puntualizó.
En un pronunciamiento publicado en su página de, RSF exigió a las autoridades que identifique lo antes posible a los responsables de “este odioso crimen”. Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF, indicó que su organización también exige que se garantice la seguridad de la familia del fotoreportero.
Alexandra Ellerbeck, coordinadora del Comité para la Protección de los Periodistas para América del Norte (CPJ, por sus siglas en inglés), urgió a las autoridades mexicanas a que investigue de manera inmediata la muerte de Esqueda Castro y lleve a los responsables ante la justicia.
“Los criminales, algunas veces conectados con actores del Estado, saben que pueden seguir asesinando reporteros en México gracias a la impunidad crónica en este tipo de crímenes. Hasta que esto cambie, la violencia continuará”, señaló en un comunicado.
La organización Artículo 19 también pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación exhaustiva del crimen, que tome en cuenta la labor periodística del occiso y los indicios de participación de funcionarios públicos en el crimen.
Al Gobernador de San Luis, Juan Manuel Carreras, le exigió establecer políticas que impidan “la repetición de graves violaciones de derechos humanos contra periodistas”.
En tanto, la Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, manifestó sentirse afligida por el crimen del joven comunicador.
“Afligida por el asesinato de Edgar Daniel Esqueda Castro, fotoperiodista en #SLP. Su muerte expande el silencio #LibertadDePrensa #NiUnoMas”, escribió la funcionaria estadounidense en su cuenta de Twitter.
Edgar Esqueda se convirtió en el onceavo periodista asesinado en México en lo que va del año y el número 37 en este sexenio.
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