El polémico ex Gobernador del PAN acaba de dejar Guanajuato. De acuerdo con un empresario involucrado con la operación, entre el Gobierno de Márquez y los hermanos Lorenzo y Francisco Fuentes Anguiano intervino como valuador el Director de Catastro de la SFIA, Gerardo Bárcenas Chávez, que en una operación anterior habría beneficiado a la empresa Seguritech al valorar 80 hectáreas dentro de Guanajuato Puerto Interior a un precio cuatro veces menor.
Ahora, la misma dependencia habría asignado un sobreprecio de casi 35 por ciento, en la millonaria compra del terreno donde se planea el nuevo estadio para el Club León.
Por Alfonsina Avila
León, Guanajuato (Zona Franca/SinEmbargo).- El Gobierno de Guanajuato, entonces encabezado por Miguel Márquez Márquez, habría comprado con dinero del erario un terreno de 12 hectáreas con un sobreprecio aproximado de 90 millones de pesos. Se trata de un predio rústico en el que se proyecta la edificación del nuevo estadio de fútbol que será construIdo por Grupo Pachuca.
La operación implicó la división y posterior fusión de varios predios en tiempo récord, con el aval de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) en el mes de diciembre de 2017. Le asignó el precio de 280 millones de pesos, muy superior al promedio del mercado en la zona urbana de León.
Dentro del avalúo realizado por la dependencia estatal, se omitió la existencia de dos arroyos que comprometen la topografía del lugar.
Las presuntas irregularidades fueron reveladas por el empresario ganadero Luis Felipe Valdovino Fuentes, quien se ostenta como el comisionista que intervino en el proceso de venta. Asegura que fue marginado de la operación por órdenes de Márquez, para que no recibiera su honorario de 24 millones de pesos.
Según denuncia, se pagó un excedente en el precio de aproximadamente 66 millones de pesos que se habrían entregado a “personas extrañas a la contratación”.
A través de la oficina del Registro Público de la Propiedad, Zona Franca tuvo acceso al expediente completo del terreno adquirido por la administración estatal.
En esta negociación realizada entre el Gobierno de Márquez y los hermanos Lorenzo y Francisco Fuentes Anguiano, intervino como valuador el Director de Catastro de la SFIA, Gerardo Bárcenas Chávez, el mismo que en una operación anterior, benefició a la empresa Seguritech al valorar 80 hectáreas dentro de Guanajuato Puerto Interior a un precio cuatro veces menor.
Ahora, la misma dependencia habría asignado un sobreprecio de casi 35 por ciento, en la millonaria compra del terreno donde se planea el nuevo estadio para el Club León.
Luis Felipe Valdovino Fuentes tiene una estrecha relación con políticos ligados al Partido Acción Nacional. Su hermano Gerardo es ex Alcalde del municipio de Silao y a través de él, realizó otras operaciones bajo el cobijo del Gobierno de Márquez. Una de ellas fue la relacionada con un terreno de 50 hectáreas de su propiedad, que fue anexado a Guanajuato Puerto Interior con el beneficio de la infraestructura introducida con recursos públicos.
Actualmente, el mismo Valdovino Fuentes reclama por la vía legal una comisión, por su intermediación entre los propietarios del predio conocido como Ángeles y Medina con Miguel Márquez.
En tres ocasiones, Zona Franca solicitó una entrevista sobre este tema al gobierno estatal ahora encabezado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Sin embargo, aún no se ha dado una respuesta.
EL PRIMER CONTACTO
Según los argumentos expuestos por Luis Felipe Valdovino en un amparo indirecto, el 15 marzo de 2016 firmó con los hermanos Lorenzo Fuentes Anguiano y Francisco Fuentes Anguiano un contrato de prestación de servicios como “profesional inmobiliario” para la intermediación en la venta del predio denominado Ángeles y Medina.
En aquella ocasión, se fijó dentro del acuerdo que obtendría una comisión de 300 pesos por metro cuadrado libres de impuestos. Tomando en cuenta el precio de compra y venta en el mercado, se fijó un costo por metro cuadrado de mil 800 pesos libres de impuestos y gravamen. También se estableció que se pagará al comisionista una vez liquidado el bien inmueble.
En la primera cláusula del contrato de exclusividad, expone que los hermanos Fuentes Anguiano son legítimos propietarios del predio de 30 hectáreas. Asimismo, se indica que el inmueble cuenta con afectaciones del municipio de León y de la Comisión Nacional del Agua, pero los propietarios estarían de acuerdo en “que se venda tal y como está sin descontar las superficies afectadas”.
La vigencia del acuerdo legal concluyó el 15 de junio de 2016, el mismo fue certificado por el notario número 82, Enrique Duran Llamas.
De acuerdo con Valdovino Fuentes, el predio se ofreció “en varias ocasiones al Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Finanzas”. No obstante, en el año de 2016 se le comunicó que no les interesaba. Afirmó que después de que concluyó el contrato con los hermanos Fuentes Anguiano, se pactó una ampliación del acuerdo pero únicamente fue verbal.
Recordó que en agosto de 2017, fue llamado por el Secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, quien le preguntó si todavía disponía del inmueble que antes les había ofrecido, pues le manifestó que requerían 12 hectáreas para la construcción de un nuevo estadio. Dispuesto a realizar la venta, contactó a los hermanos Fuentes Anguiano.
El intermediario describió en el documento el interés del Gobernador para adquirir los terrenos como bien público y propuso la renovación de su contrato como prestador de servicios. Esto fue aceptado, dijo, de manera verbal. Sus honorarios fueron reducidos a 200 pesos por metro cuadrado, aún así, se dispuso a cerrar la venta.
Luis Felipe Valdovino Fuentes aseguró que “en la segunda quincena del mes de septiembre de 2017”, se trasladó personalmente al inmueble en el helicóptero del Gobierno del Estado, junto con el ex Gobernador Miguel Márquez, el hoy exsecretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, y quien fuera secretario particular del exmandatario, Ricardo Narváez.
A decir del empresario ganadero, la compraventa se pactó en 1 mil 700 pesos por metro cuadrado -sus honorarios incluidos- de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Impuestos sobre ingresos mercantiles, para que en la operación no se consideraran ingresos gravables, en los términos de la fracción 1 del artículo 1 y 23.
Pese a los acuerdos tomados, ya no hubo comunicación al respecto.
Sorpresivamente, el 24 de enero de 2018 el Gobernador Miguel Márquez anunció la compra del terreno de 12.44 hectáreas. En ese momento, afirmó que el objetivo era donarlo al gobierno municipal de León. En caso de que el nuevo estadio se construyera, sería el Grupo Pachuca quien realizaría la obra con recursos privados.
En el expediente, el demandante reseñó que el 3 de abril se presentó con el notario encargado de la escrituración de la compra de los terrenos, Jorge Humberto Carpio, para solicitarle el contrato de compraventa para pedir el pago de la prestación de sus servicios. No obstante, el fedatario se negó a proporcionarle documentación alguna.
“La información ya había sido reservada por instrucciones directas del (ex)Gobernador de Guanajuato, al titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) del Poder Ejecutivo quien emitió el acuerdo correspondiente, por lo que me indicó que ya no me resultaba posible el obtenerla con ninguna autoridad, manifestando que ya todas tenían el acuerdo en que fue clasificada como reservada”, dice la declaración.
Y efectivamente, los días 4 y 5 de abril la UAIP y el encargado del Registro Público de la Propiedad de León, ya habían recibido el acuerdo de clasificación.
LA “ORDEN DIRECTA”
En el anexo del expediente de la demanda, Luis Felipe Valdovino incluyó una carta con sello de recibido el 5 de abril dirigida al entonces Gobernador Miguel Márquez, en la cual recalca que intervino como prestador de servicios para la compra del terreno de 12 hectáreas. Recordó que lo contactó personalmente con la parte vendedora.
Valdovino Fuentes expuso nuevamente las cantidades acordadas de manera verbal. Sin embargo, le aseguró a Márquez que a través de los medios de comunicación se enteró del precio total pagado por el Gobierno Estatal: superó los 2 mil 250 pesos por metro cuadrado.
“Excediendo por ende por más de 550 pesos por metro cuadrado al costo total contratado en mi presencia de mil 700 por metro cuadrado que incluía el costo de la prestación de servicios”, detalló en la misiva.
De paso, Valdovino Fuentes le reclamó al entonces Gobernador por sus honorarios. “En vista de que ya se están extendiendo las escrituras correspondientes”.
En la carta, agregó que el 2 de abril el notario Jorge Humberto Carpio le informó telefónicamente que Márquez ordenó al exsecretario de Finanzas “que se abstenga la parte vendedora a través de ellos, de pagar la prestación de servicios alguna al suscrito”.
También consignó que por medio del funcionario estatal y del notario público se pagara el excedente de 750 pesos “a terceras personas extrañas a la compraventa, lo cual resulta en mi total perjuicio. Pues se pretendería anular la prestación de servicios, generando un enriquecimiento ilícito de personas que no participaron en la contratación”.
El escrito fue dirigido además al exsecretario de Finanzas, a quien le solicitó en lo particular que “se mantenga la situación de hecho sobre la entrega del sobreprecio de la compraventa por un importe de 750 pesos a personas extrañas a la contratación, hasta en tanto el Gobernador del estado emita una nueva orden al respecto” (Sic).
Al no obtener contestación, el 23 de abril Luis Felipe Valdovino Fuentes presentó en el juzgado segundo de distrito de Guanajuato un amparo indirecto bajo el número de expediente 344/2018.
Dentro de los alegatos del quejoso, detalló la orden verbal del pago de un importe adicional de 90 millones de pesos en el precio de la compraventa del terreno de 12.44 hectáreas, a terceras personas extrañas que no intervinieron como prestadores de servicios en la operación. Disponiendo de manera ilegitima de sus 200 pesos por metro cuadrado, es decir, 24 millones por su comisión.
Ahora, Luis Felipe Valdovino Fuentes solicita la suspensión provisional del acto reclamado, “a efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente se encuentran” para “que las autoridades responsables se abstengan de pagar a terceros extraños en la compraventa del terreno”.
AVALÚO CON SOBREPRECIO INCLUIDO
La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, entonces encabezada por Juan Ignacio Martín Solís, escrituró el acta de compraventa del predio de 124 mil 463.08 metros cuadrados ubicados en el predio de Ángeles y Medina en un costo de 280 millones 480 mil 190 pesos, el 28 de diciembre de 2017.
Antes de realizar la operación, la Dirección de Catastro de esa dependencia estatal asignó valores por separado a los tres predios que conformarán el polígono final donde se proyecta el nuevo estadio de fútbol:
*División 01: con superficie rústica de 18 mil 528 metros cuadrados, fue consignado con un valor catastral de 12 millones 651 mil 301.59 pesos, pero le asignó un valor comercial de 37 millones 222 mil 320 pesos.
“No cuenta con observaciones adiciones en la superficie”, así se indica en el documento del avalúo, aún cuando existe un canal pluvial que cruza de forma diagonal. Se determinó un costo unitario por metro cuadrado de 2 mil 678 pesos.*División 02: con superficie de 60 mil metros cuadrados, se consignó con un valor catastral de 40 millones 778 mil 909 pesos, cuyo avalúo comercial se fijó en 135 millones 683 mil 410 pesos.
De la misma manera, en el dictamen del avalúo se omitió la existencia del arroyo que pasa sobre la colindancia con el bulevar Francisco Villa.*División 03: con superficie de 45 mil 933 metros cuadrados, se le determinó un valor catastral de 21 millones 341 mil 741 pesos, basado en el mismo valor unitario de los predios anteriores y le asignó un valor comercial de 107 millones 574 mil 460 pesos.
En este caso, en el documento se omitió el cauce del arroyo “Los Naranjos” sobre la colindancia con la calle Río Nilo y las oficinas locales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Los avalúos inmobiliarios fueron solicitados el 14 de diciembre de 2017 y se entregaron tan sólo cinco días después por la Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas a cargo de Gerardo Bárcenas Chávez. Los tres predios se valuaron por separado, luego se les fusionó. Ya unidos sumaron un precio catastral de 74 millones 770 mil 951 pesos.
El mismo día que se firmó el avalúo individual de los predios, así como su fusión, se le asignó un valor comercial por 300 millones de pesos. En el dictamen, se estipuló que el valor unitario del terreno para la superficie aprovechable de 12 hectáreas, “sin considerar los 4 mil 463 metros cuadrados que ocupa el cauce del río, es de 2 mil 500 pesos”.
En el documento de la declaración para el pago del impuesto sobre la traslación de dominio y posesión del terreno, entregado por la Dirección de Impuestos Inmobiliarios de la Tesorería Municipal de León, se consigna la fusión de predios el 28 de diciembre de 2017, con el objeto de que el Gobierno del Estado lo adquiera “como reserva territorial para causa de utilidad pública”.
Según la escritura de la compra, el Gobierno del Estado pagó a los hermanos Fuentes Anguiano los 280 millones 480 mil 190 pesos, con dos cheques: el número 0039953 expedido a favor de Francisco por 140 millones 240 mil 595 pesos y el segundo con el número 0039954 a nombre de Lorenzo por la misma cantidad.
Y FINALMENTE, LA VENTA
El 6 de junio, Miguel Márquez informó que el terreno sería vendido a Fuerza Deportiva del Club León para que la construcción del estadio se realice con inversión privada. Sostuvo que el dinero “que se recupere para las arcas estatales” quedará como reserva para el próximo Gobernador.
El 14 de junio, el Congreso del Estado de Guanajuato autorizó al ex Gobernador la desafectación del dominio público del predio denominado Ángeles y Medina, a fin de que se destinara a la conformación de “infraestructura deportiva, de esparcimiento y negocios, así como para detonar un polo de desarrollo para la atracción de inversiones”.
Dentro de la aprobación, el Poder Legislativo estipuló que el valor de venta no podría ser menor al momento de su adquisición, pudiendo pactar las condiciones de pago de manera total o en parcialidades, en ese caso, deberá existir un rendimiento financiero a favor del Gobierno del Estado, cuya tasa no podrá ser inferior al interés legal vigente al momento de formalizar el contrato.
Dicha autorización, se fijó con un plazo máximo de nueve meses. Además de que el entonces Gobernador habría de informar al Congreso Local sobre la enajenación, en un plazo de 30 días contando a partir de la inscripción correspondiente en el Registro Público de la Propiedad.
Ya en vías para la transacción de la venta del terreno, Miguel Márquez afirmó que “el gobierno del estado no haría negocio ni lucrará con la venta del terreno de 12 hectáreas que estarán vendiendo al Grupo Pachuca”.
La operación fue efectiva el 22 de agosto de 2018. El notario número 95, Jorge Humberto Carpio, dio fe de la escritura pública de la compraventa del predio de 12.44 hectáreas a la empresa Fuerza Deportiva del Club León, representada por Jesús Martínez Patiño. En esta, el equipo de fútbol se compromete a pagar los 280 millones 480 mil 190 pesos como precio acordado.
Con la venta del predio a Grupo Pachuca, el gobierno estatal repondría los 280 millones que fueron tomados del erario. Aunque el excedente terminara en otras manos, en medio de la discrecionalidad de la transacción.
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