Una investigación señaló que cifras de la Condusef exponen que en México sólo el 30 por ciento de los vehículos se encuentra asegurado, en contraste, en países como Uruguay y Brasil, entre el 80 y el 75 por ciento cuentan con uno. Una de las razones por las que los mexicanos no los contratan es el elevado costo, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 (ENIF). Ante este panorama, la AMIS reconoció que en el país las empresas aseguradoras ofrecen pólizas 80 por ciento más costosas que en otros países, incluido Estados Unidos.
Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– Si ocurre un accidente provocado por operadores del transporte público concesionado, los afectados, ya sean usuarios, peatones, automovilistas, etcétera, “quedan en total indefensión, mientras que los operadores o dueños de las unidades permanecen sin problema alguno. Un caso más de impunidad”, denunció la investigadora Mara Rivera, quien presentó el análisis “Inseguridad frente al transporte público”.
En la capital mexicana, 12 millones de personas se encuentran en riesgo de impunidad en caso de algún siniestro provocado por dicha modalidad de transporte, ya que –de acuerdo con la investigación presentada la mañana de ayer–, la Secretaría de Movilidad (Semovi) otorga permisos a quienes presentan documentos expedidos por instituciones denominadas mutualidades, mismas que no están reconocidas ni reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) ni por la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Pero, ¿qué son las mutualidades? La investigadora, miembro de la organización Impunidad Cero, explicó que se trata de asociaciones de individuos que, sin dar pólizas o contratos, brindan a sus miembros coberturas en caso de muerte, beneficios en caso de accidentes y enfermedades e incluso indemnización por daños a las unidades, por citar un ejemplo. Sin embargo, son los afectados por los choferes de microbuses, taxis y camiones quienes quedan en el limbo porque nadie responde por ellos y ninguna autoridad obliga a hacerlo.
Las mutualidades, además, conforman un fondo de protección con el fin de reducir daños, sin embargo, operan bajo la informalidad, toda vez que pueden cumplir con algunos requisitos para constituirse como Sociedades Mutualistas. La experta ejemplificó que no cuentan con un mínimo de capitalización para responder ante los siniestros de sus afiliados ni están obligadas a identificar a los responsables en caso de que estos incumplan.
Rivera señaló que no debe confundirse a las mutualidades con las sociedades mutualistas, ya que estas últimas corresponden a una institución financiera que para operar requiere autorización, por lo que la Condusef sí puede atender las quejas en caso de que los afectados no sean atendidos debidamente. El problema –de acuerdo con el análisis– es que el 90 por ciento del transporte público opera con mutualidades y no con sociedades mutualistas.
ADEMÁS:
Impunidad Cero subrayó que de acuerdo con la Ley de Movilidad de la CdMx, uno de los requisitos que deben cubrir los interesados en obtener un permiso para la operación de transporte público de pasajeros o carga, es contratar una póliza de seguro vigente para “indemnizar los daños y perjuicio, que con motivo de dicha actividad pudiese ocasionar a los usuarios, peatones, conductores o terceros en su persona o patrimonio”, señala el artículo 90.
No obstante, según una solicitud de información pública realizada por Impunidad Cero, la Semovi afirma que “la documentación presentada por los concesionarios se sujetará al principio de buena fe, mismo que estará sujeto en todo momento a la verificación de la autoridad”, además asegura que si dichos documentos resultan ser falsos “serán sujetos a las penas en que incurran […] de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la CdMx”.
“Inseguridad frente al transporte público” reveló nombres de las mutualidades que operan fuera de la Ley, pero cuyos documentos son aceptados por el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Miguel Ángel Mancera Espinosa, para la expedición de permisos y concesiones, entre ellos se encuentra Alianza de Permisionarios y Conductores de México, Grupo Mutualista Lidmex, Seguros Gómez y Grupo Mutualista & Lic.s de México, entre otras.
Además, de acuerdo con la investigación de Rivera, el artículo 46 del Reglamento de Tránsito no precisa que los operadores no pueden presentar pólizas de seguros expedidas por alguna mutualidad, por lo que los operadores del transporte público en realidad no actúan contra la Ley. “En cambio, lo que sí es totalmente irregular e indebido, es que las autoridades acepten como válidos ese tipo de documentos”, señala el documento.
Cifras de la Condusef exponen que en México sólo el 30 por ciento de los vehículos se encuentra asegurado, en contraste, en países como Uruguay y Brasil, entre el 80 y el 75 por ciento cuentan con uno. Una de las razones por las que los mexicanos no los contratan es el elevado costo, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 (ENIF). Ante este panorama, la AMIS reconoció que en el país las empresas aseguradoras ofrecen pólizas 80 por ciento más costosas que en otros países, incluido Estados Unidos.
“En esta línea, operadores y choferes de unidades de transporte público de pasajeros afirman que resulta muy oneroso comprar un seguro formal, por lo que deciden contratar una cobertura con mutualidades, sin que necesariamente cuenten con algún registro o permiso de operación, ya que la autoridad de la Ciudad de México no les pone ninguna objeción. José Antonio Sánchez Escalante, representante de Rutas Unidas A. C., asegura que los choferes y dueños de éstas contratan mutualidades porque son hasta 50 por ciento más baratas que los seguros comerciales”, se lee en el documento.
