Organizaciones civiles que acompañan a grupos indígenas presentarán ante la Relatoría especial de la ONU un cúmulo de denuncias sobre las disputas territoriales, la falta de consulta, despojo y criminalización a quienes se oponen a megaproyectos en México, entre otras violaciones a los derechos humanos a los que son sometidos los pueblos originarios.

El documento sobre la problemática general en el país será presentado por las organizaciones, pese a que la Relatora se limitará a visitar Chihuahua, Chiapas y Guerrero, y esperan que el peso internacional de las futuras recomendaciones traiga cambios favorables a esas comunidades.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Ocho personas del pueblo de Salazar, Estado de México, que se oponían a la construcción de un proyecto de la Inmobiliaria Hsea S.A. fueron detenidas desde el pasado 31 de agosto. Cinco hombres y tres mujeres de esta localidad están vinculados a proceso por los delitos de robo con violencia, privación ilegal de la liberta y lesiones.

Para la comunidad, es una clara afrenta por la resistencia a un proyecto de recreación que se pretende construir en terrenos que consideran que se están usurpando.

Entre los detenidos está el presidente de bienes comunales Cutberto Vilchis García, encargado de velar por la defensa del territorio de la localidad otomí. El caso está incluido entre las denuncias que activistas presentarán a la Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas (ONU).

El caso de Salazar, municipio de Lerma, refleja la criminalización de los defensores del territorio en el Estado de México, sostuvo la abogada Citlalli González del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL). El caso se prevé llegará a las manos de la Relatora Victoria Tauli-Corpuz, quien estará en el país del 8 al 17 de noviembre.

“Los problemas agrarios también son parte de la problemática que enfrentan los pueblos indígenas en el Estado de México. La comunidad de Salazar ha peleado por un reconocimiento de sus tierras, pero las autoridades no reconocen a sus autoridades comunales para hacer este reclamo”, explicó González.

En un breve mensaje, la Relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz aseguró que buscará “información acerca de casos reportados sobre amenazas y criminalización contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas y estudiaré las medidas de protección disponibles para las y los líderes, así como las comunidades en riesgo”.

La visita ha alentado a las organizaciones civiles, que acompañan a los pueblos indígenas, a presentar un informe sobre los problemas de los pueblos indígenas a nivel nacional, pese a que la Relatora se limitará a visitar Chihuahua, Chiapas y Guerrero.

Elena Villafuerte, responsable del programa de incidencia de la organización Prodesc, que acompaña a localidades de Oaxaca, resaltó la carencia de la justicia para resolver las disputas territoriales.

“Estamos viendo que hay un rezago importante en temas de justicia en donde las comunidades se enfrentan a los procesos muy complejos y tardados en juicios de amparo, que debería ser en teoría el más efectivo para otorgarles protección a las comunidades indígenas

“Tenemos casos que han tardado tres años en resolverse, cuando de acuerdo a la ley si una comunidad lo presenta, tendría que darse el amparo de forma inmediata”, expuso.

En otros casos los pueblos indígenas han denunciado abandono. El 31 de agosto Integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG- EZ) protestaron frente al Palacio de Gobierno de Chilpancingo, para exigir la construcción de escuelas y abastecimiento de medicinas en los centro de salud.

Los marchantes también han pedido a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la cancelación de 70 órdenes de aprehensión en contra de los pobladores de San Jernónimo Palantla.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la declaración de la ONU para los derechos indígenas, y las sentencias de la CorteIDH en casos como el de Surinam y Ecuador, servirán de marco para el informe de las organizaciones que aboga por la autodeterminación de los pueblos indígenas.

“Se plantea un desarrollo económico, pero no un diálogo para que las comunidades elijan cuál es el desarrollo al que quieren optar”, señaló Villafuerte.

Otros problemas no resueltos son básico, como el derecho los pueblos indígenas a ser reconocidos como tales.

Citlalli González expuso que expondrán en lo presentado a la Relatora la falta de protección para que los pueblos puedan exigir sus derechos basados en la “autoadscripción” de ser indígenas.

En Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México existe un catálogo en donde se enumeran el reconocimiento a cinco pueblos indígenas: nahuas, mazahuas, tlahuicas, otomíes y matlatzincas.

Pero, el CDHZL apunta que pueblos indígenas en localidades como Magú, en el municipio de Nicolás Romero, o La Cañada y la Cima, en el municipio de Huixquilucan, no cuentan con el reconocimiento del Gobierno del estado.

“No podemos decir que se violó el derecho a la libre consulta, si partimos de que el Gobierno siquiera los reconoce indígenas”, expuso González.

CONSULTA INDÍGENA

La falta de aplicación de las consultas comunitarias que manda el convenio 169 de la OIT también serán parte fundamental de la visita de la Relatora.

“Revisaré los procesos de consultas que se han realizado para buscar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de que se apruebe cualquier proyecto que afecta sus tierras, territorios o recursos”, expuso la Relatora Especial el viernes pasado.

Villafuerte resaltó la falta de cumplimiento con este convenio en Oaxaca. Donde muchos proyectos de empresas transnacionales ya cuentan con permisos de parte de las autoridades antes de que se le consulte a los pueblos si se pueden llevar a cabo dentro de sus territorios.

Uno de los casos que Prodesc acompaña es el de la empresa francesa Électricité de France, en la comunidad de Hidalgo.

“[La empresa] ya tiene un permiso de generación de energía, por parte de la Comisión Reguladora de Energía sin que haya habido una consulta indígena, y ni siquiera la comunidad esté enterada a través de la empresa y autoridades de las indicaciones del proyecto. Ese es un caso de muchísimos”,dijo Villafuerte.

Los atropellos territoriales en el Istmo de Tehuantepec con el fin de generar electricidad no son nuevos. Después de varios estudios, en 1994 la Comisión Federal de Electricidad instaló primer parque eólico en La Ventosa, en Juchitán, Oaxaca, con miras a aprovechar los fuertes vientos del istmo de Tehuantepec.

Una situación que conllevó la venta de diversos terrenos zapotecas en la región, que sería aprovechada por las empresas transnacionales que llegaron cuatro años después, de acuerdo con dijo Juan Antonio López, coordinador del área de justicia transnacional de Prodesc.

“En la región del Istmo empieza a llegar Iberdrola, Gamesa, Eurus, aún sin empezar a desarrollar un parque, hablamos de instalarse, porque convencen a la gente y firman contratos”, apuntó Antonio López.

Los contratos por los terrenos se firman como privados por la vía civil, pese a tratarse de tierras de propiedad social, antes inscritas en el Registro Agrario Nacional, alertó Prodesc. Lo que supone un atropello a las comunidades indígenas, ya que además de ponerse en vilo su propiedad, fueron obligadas a pagar impuestos prediales que antes no.

“Son más de 68 mil hectáreas en el plano de la carpeta básica del Registro Agrario, y también hay un listado de los comuneros reconocidos”, dijo el abogado.

Las empresas inscribieron estos terrenos como privados sin la objeción del Colegio de Notarios y el registro publico dela propiedad y de Comercio Oaxaca. Una inclinación hacia los intereses de las transnacionales que permanece a la fecha.

Con el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón se construyen 23 parques en el Istmo de Tehuantepec, 12 en la región de Juchitán.

“Los parques en Europa no son los mismos que tenemos en Tehuantepec. Allá para 100 hectáreas instalan 10 ó 12 generadores. Aquí por una hectárea te instalan 4 ó 5. Ves aerogeneradores muy cercanos”, explicó López, lo que implica daños a la tierra.

La construcción de los parques requiere la introducción de maquinaria pesada y la puesta de las torres aerogeneradores requiere un compacto de la tierra que afectan las tierras para el uso agrícola y ganadero.

“Los parques tiene 150, 100 hectáreas. […] Nosotros los contratos que hemos podido ver son de 250 pesos de renta anual por hectárea. Y sólo el impuesto predial que tienen que pagar llega de 800”, dijo López.

La ausencia de un Comisariado de Bienes Comunales en la región de Juchitán ha impedido la defensa de estos terrenos que se consideran agrarios.

No obstante, las transnacionales han llevado grupos de guardias de seguridad ante grupos locales, como el Comité de Defensa de la tierra en contra del Parque Eólico Piedra Larga, que se oponen a los proyectos.

“Traen seguridad privada, y de la Policía Bancaria Industrial del Estado. Policías hostigan constantemente a los indígenas. Te detienen bajo el supuesto temor de que pueda haber un boicot contra los aerogeneradores”, expuso el abogado.

Una vez terminada la visita de la Relatoría de la ONU en México se espera que la instancia internacional haga entrega de un informe previo el 17 de noviembre, así como uno final que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.

Las observaciones de la ONU no son vinculantes, por lo que el Estado mexicano no está obligado a cumplirás. Mas las organizaciones civiles esperan que el peso internacional de las futuras recomendaciones traiga cambios favorables a los pueblos indígenas.