Para el sospechoso, los derechos en México y en los Estados Unidos coinciden en el debido proceso, y en que el indiciado tiene derecho a no auto incriminarse. Tanto la enmienda cinco de la Constitución de los Estados Unidos, como el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dictan que el indiciado no podrá ser obligado a declarar. En nuestro país se hace hincapié en que es su derecho declarar o guardar silencio, “el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio”.

Un detenido, aun en flagrancia, puede guardar silencio durante todo su proceso, y al final resultar culpable si la Fiscalía tuvo las herramientas humanas y científicas para probar la culpabilidad. Hay asesinos en México que nunca se declararon autores del crimen, pero que fueron sentenciados en base a las pruebas reunidas y tomadas como válidas por un juzgador en su contra. La llamada prueba circunstanciada.

Sin embargo, en sistemas como los impuestos en las dos últimas administraciones federales, la figura de testigo protegido en la época de Felipe Calderón Hinojosa, y la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la aún vigente administración de Enrique Peña Nieto, las Fiscalías han tenido y tienen la capacidad para negociar con los detenidos las condiciones de su encarcelamiento en un arreglo judicial, un juicio abreviado o la contribución de información.

Aun así es evidente que en México el sistema penal beneficia a quien tiene mejores abogados (ahí está Emilio Lozoya Austin y su amparo ante la investigación sobre los sobornos de Odebrecht que persiste en la PGR), a quien tiene mejores contactos, y a los miembros del narcotráfico y del crimen organizado, a menos que estos sean extraditados. Ahí ya cambia el ambiente y el tratamiento.

Viene al caso el tema de las declaraciones y los acuerdos judiciales, ahora que fue dado a conocer un reporte de la Universidad de Texas en Austin, donde se revelan declaraciones de detenidos de Los Zetas en los Estados Unidos que señalan a los hermanos Humberto y Rubén Moreira como dos de los funcionarios a los cuales entregaron dinero (sobornos) para poder trasegar y distribuir droga en Coahuila sin ser molestados por las autoridades locales.

Esas declaraciones están en documentos oficiales de cortes de por lo menos tres ciudades de Texas: Austin, San Antonio y Del Río. Los expedientes fueron solicitados a las Fiscalías por la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en Austin, para ser analizados en una clínica de derechos humanos organizada por el director de la facultad, Ariel Dulitzky.

Cientos de documentos oficiales de los casos de las detenciones y procesos de por lo menos cinco miembros de Los Zetas juzgados allende la frontera: Enrique Rejón, Efrén Tavira, Alfonso Cuellar, Héctor Moreno y Humberto Uribe Tapia. Todos procesados y consignados en cortes norteamericanas.

Ahora se entiende porqué las autoridades de los Estados Unidos influyeron en las de España para lograr la detención de Humberto Moreira en enero de 2016 por sospechas de lavado de dinero.

Los Zetas son un cártel mexicano que opera en este territorio y en los Estados Unidos, de acuerdo a la misma investigación-análisis de los estudiantes texanos, por lo menos tienen presencia en San Antonio, Houston, Austin, Eagle Pass, Dallas, y en estados como Chicago, Atlanta, Nuevo México, California y Oklahoma. Sin embargo en los archivos oficiales mexicanos hay muy poco sobre la manera de operar de Los Zetas, más allá de obras de la literatura de no ficción que dan cuenta de ello.

Es increíble pues que en el país vecino, ciertamente afectado por Los Zetas, las cortes hayan cedido los documentos de los juicios para su análisis y procesamiento a los estudiantes, además que en territorio norteamericano Los Zetas depuestos sí hayan declarado, lo que no hicieron en México: la estructura de la red de corrupción que establecieron en los gobiernos de Coahuila para delinquir tranquilamente y con la venia de las autoridades todas; explicó el profesor Dulitzky a la prensa texana: “encontramos conexión y colusión entre Los Zetas y autoridades de Coahuila en todos los niveles de gobierno, desde municipales y jefes de policía hasta el actual y anterior Gobernador”.

Ahora, ¿por qué esas acciones no suceden en México? Obtener cualquier documento oficial, sea de la corte, de un juzgado, de una Secretaría o dirección cualquiera, federal, estatal o municipal, implica un viacrucis burocrático que inicia con la petición al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, y que en ocasiones implica un seguimiento de trabajo legal para poder obtener un documento, que es probable, que esté tachado en sus partes medulares.

Las Procuradurías de los Estados o la General de la República, están negadas a entregar expedientes a Universidades para su análisis, porque pocos son los casos que cierran, especialmente en temas de narcotráfico y crimen organizado analistas y estadísticas refieren un 85 por ciento de impunidad.

En México acceder a la información sobre juicios a criminales del Estado es tan difícil como imposible, más ahora con el Nuevo Sistema de Justicia Penal tan garantista de los imputados, que en ocasiones ni sus nombres se pueden hacer públicos y a sus fotografías les degradan la imagen hasta hacerlos irreconocibles.
La negativa en el acceso a la información o la opacidad en los procedimientos de procuración y administración de la justicia es parte del engranaje que en México mantiene la impunidad y la corrupción. Pareciera que el sistema mexicano está construido para favorecer a la impunidad y no a la certeza jurídica, la transparencia y la justicia.

Resulta pues que tanto en los Estados Unidos como en Brasil, políticos mexicanos ligados al Presidente Enrique Peña Nieto son señalados de corruptos, pero en México gozan de libertad, exigen respeto, demandan a “los difamadores”, y la justicia no los toca ni con la sospecha, o concediendo el beneficio de la duda a las cortes extranjeras.

El reporte de la Universidad de Texas en Austin es tan claro como documentado, uno de los declarantes en las cortes norteamericanas fue precisamente el contador de la organización criminal Los Zetas, un hombre que era asesor de inversionistas en Piedras Negras frontera con Eagle Pass, Humberto Uribe, y quien entre sus declaraciones más fuertes está el contar cómo entregó dos millones de dólares a Rubén Moreira a través de su Secretario Particular y de su entonces Procurador.

La información de los documentos de las cortes texanas está a disposición de la Universidad, y en la Escuela de Derecho la han hecho del conocimiento público, los detenidos también existen, como los acuerdos judiciales a los que llegaron con las fiscalías para proveer la información ahora conocida.

En México no declara ningún criminal, las fiscalías no acuerdan en busca de información para capturas mayores, básicamente por dos razones: o no tienen la capacidad profesional y científica para hacer acuerdos, o están coludidos con los criminales. Por lo mismo no hay acceso a la información o los expedientes, y los estudiantes de las universidades mexicanas no pueden hacer análisis sobre la narcopolítica actual porque no hay material para ello.

En los mismos análisis de los expedientes texanos, se describe la forma en que empresas formales para el lavado de dinero de Los Zetas, hicieron convenios de obra con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex, también la ruta del dinero ilícito de manos de narcotraficantes a manos de políticos y funcionarios.

El de los Moreira y Los Zetas en las cortes de Texas, es como el caso de Odebrecht y Emilio Lozoya en Brasil, donde las rutas trazadas de los dineros ilícitos hacia los políticos priístas y cercanos a Peña Nieto, están clarísimas, aunque en México no las quieran entender, ni ver, ni investigar.

Tan fácil que sería que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigara las fortunas de los políticos referidos para ver el crecimiento económico que tuvieron en los últimos años, o averiguar si el enriquecimiento es ilícito. Pero nada, el Secretario anda en campaña porque quiere ser Presidente, mientras en la Secretaría de la Función Pública le echan todas las ganas al caso de seis anónimos trabajadores de Pemex que registraron un incremento en sus dineros personales y que no corresponde a sus ingresos.

México el país de la impunidad para los amigos del Presidente, aunque en el extranjero esté claro, que mínimo, son sospechosos de corrupción, lavado de dinero y ahora de asociación delictuosa. De plano, la administración de la sospecha y la impunidad.

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