Una planta procesará basura en el poniente de la Ciudad de México a partir de 2020 para generar y suministrar energía al STC Metro, pero el proyecto implica afectaciones financieras y ambientales para una entidad en proceso de reconstrucción tras ser golpeada por un sismo, alerta la oposición.

La deuda pública de la Ciudad asciende a 2.3 por ciento del PIB y la bancada de Morena acusa que esta tecnología “obsoleta” requiere un compromiso financiero por 109 mil millones de pesos a tres décadas para contratar a Proactiva Medio Ambiente-Veolia. La empresa privada francesa tiene antecedentes de sobornos en Rumania e incumplimiento de contratos en otros países europeos y asiáticos, según documentó la organización ambientalista Greenpeace.

“Compromete muchos recursos a 30 años para fortalecer a una empresa privada que además tendrá el control absoluto de suministrar al Metro, una empresa pública y el sistema de transporte más importante de la capital”, alertó César Cravioto, coordinador de Morena en la ALDF.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– Entre gritos y agresiones entre legisladores, el Pleno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó el dictamen para autorizar “El Sarape”, una planta de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para generación de energía. Esta tecnología implicará un compromiso financiero de 109 mil millones de pesos a 30 años con Veolia, una empresa privada con demandas en el mundo y antecedentes de corrupción, que pagará una entidad en proceso de reconstrucción cuya deuda equivale al 2.3 por ciento del PIB al segundo trimestre de este año, con una tasa de interés de 7.5 por ciento.

Para el coordinador de Morena en la ALDF, César Cravioto Romero, se trata tanto de la operación financiera “más cuantiosa que jamás haya sido aprobada” para la entidad como “el caso de corrupción más escandaloso” a nivel local. En contraste, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera pidió que “no se politice y sobre todo no se tergiverse”, ya que no se trata de endeudamiento sino de una “garantía fiscal”, otro tipo de esquema con recursos que ya están programados.

En la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso para 2018 se autorizó a la capital la contratación de deuda pública hasta por 5.5 mil millones de pesos por los efectos del sismo de septiembre sobre los edificios, viviendas y bienes culturales. La Ciudad de México creció 4.4 por ciento del PIB en el segundo trimestre del año, por lo que la organización civil México, ¿Cómo Vamos? coloca a la deuda de la capital en semáforo amarillo. De 2013 a 2017, periodo de gestión de Miguel Ángel Mancera Espinosa, ha pasado de 2.4 a 2.3 por ciento del PIB, menor al promedio nacional.

El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y el Secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña acordaron el martes que 3 mil 371 millones del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) se destinarán para reparar los daños parciales y totales en vivienda y área cultural. Otros mil 669 millones de pesos serán para la reestructuración de áreas de educación, forestal, hidráulica, salud y deportes.

“Habrá la posibilidad de créditos a través de la hipotecaria para aquellos edificios que requieran ser reconstruidos en su totalidad; además del apoyo de las tarjetas”, dijo Mancera Espinosa.

No obstante, a siete semanas del sismo con todavía miles de damnificados en espera de ayuda, en la Ciudad de México la Asamblea Legislativa sigue discutiendo la Ley de Reconstrucción, la cual no es prioridad para la oposición, consideró en entrevista Cravioto Romero.

“Para los diputados del PRD, Verde, PAN y Movimiento Ciudadano lo prioritario son los negocios de Mancera y que los damnificados se sigan esperando”, afirmó.

Morena tomó el pleno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en contra de la planta. Foto: Cuartoscuro.

El martes Morena desconoció la validez legal de la aprobación de la planta procesadora al asegurar que no fue por mayoría. El contrato es entre Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, y la Agencia de Gestión Urbana (AGU) del Gobierno capitalino. Por la tarde, Cravioto Romero presentó una moción suspensiva en contra al argumentar que esta firma francesa tiene antecedentes de corrupción y enfatizó en tribuna que la Asamblea Legislativa no puede comprometer recursos para ningún otro tema que no sea la de atender a la reconstrucción.

En entrevista, recordó que Greenpeace denunció que la compañía Veolia enfrenta juicios por generar contaminación e incumplimiento de contrato, no obstante, pese a implicar un problema financiero y ambiental, los legisladores “siguieron instrucciones de Miguel Ángel Mancera”.

Veolia, la principal privatizadora de agua en el mundo, también tiene el contrato de la gestión del Sistema Comercial de Agua de la Ciudad de México hasta mayo de 2021. Una de sus filiales en México, RIMSA, maneja uno de los pocos confinamientos de residuos peligrosos que hay en el país y que también ha sido sancionada por PROFEPA. RIMSA también ha sido denunciada por grupos de ambientalistas de Chiapas, debido a la contaminación de mantos freáticos causada por escurrimientos de lixiviados del basurero a su cargo.

A nivel global, Veolia ha enfrentado demandas ante tribunales internacionales y nacionales por incumplimiento en sus contratos como en el caso de Egipto, Lituania, Marruecos. Además, sus operaciones en Bélgica, Alemania, Bulgaria y Rumania han estado rodeada del descontento por el aumento de los precios y la corrupción. En Rumania la compañía se vio involucrada en un enorme escándalo de corrupción por los sobornos que entregaban a los funcionarios para que aceptaran aumentar los precios del agua en Bucarest, documentó Greenpeace.

“Compromete muchos recursos a 30 años para fortalecer a una empresa privada que además tendrá el control absoluto de suministrar al Metro, una empresa pública y el sistema de transporte más importante de la capital”, acusó Cravioto.

Advirtió que se obligaría al Metro a comprar a sobrecosto la electricidad por tres décadas, además de pagar un sobreprecio para trasladar la basura a la planta y un sobrecosto para la propia construcción de la planta. En suma, consideró, “estamos haciendo un Odebrecht para la Ciudad de México”.

Al ser ignorados por el resto de los partidos, los integrantes de Morena tomaron la tribuna de la ALDF con una lona y acusaron al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa de “hipotecar a la capital y traicionar a los millones de ciudadanos que creyeron en él”, días antes de dejar el cargo para contender por la Presidencia. Mancera no ha descartado, pero tampoco confirmado su intención de ir por la silla grande.

Durante el choque entre legisladores, la Diputada de Movimiento Ciudadano, Nury Delia Ruiz, acusó que fue mordida por la morenista Maru Lozano, pateada por la morenista Citlalli Hernández y golpeada en las costillas por el morenista Raymundo Martínez. Hernández argumentó que Ruiz también agredió.

LOS RIESGOS AMBIENTALES

Toneladas de basura en la delegación Álvaro Obregón. Foto: Cuartoscuro.

En la Ciudad de México se generan 13 mil toneladas diarias de basura por lo que el gobierno capitalino gasta dos mil millones de pesos al año para tratarla. Con esta planta procesadora, que se prevé entre en operación en 2020, se convertirán diariamente 4 mil 500 toneladas de residuos en 965 mil MWh al año para mover las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC), empleado diariamente por casi 6 millones de usuarios.

Aunque las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de la Asamblea Legislativa destacaron que esta tecnología ha sido probada por más de 25 años en países de Europa y Asia, Greenpeace obtuvo copia del contrato por medio del sistema Infomex y encontró riesgos de contaminación para una entidad ya con mala calidad del aire.

De acuerdo con la organización ambiental, en el apartado de riesgos se acepta que las emisiones al ambiente se encuentren por encima del rango estipulado por la norma. La combustión de basura emite dioxinas y furanos, sustancias cancerígenas. Otra cláusula del contrato estipula que si la cantidad de basura no fuera suficiente para generar la energía que requiere el Metro, la Agencia de Gestión Urbana (AGU) aportará desechos adicionales.

Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes, otra organización en contra, expuso que “no debemos tener un incinerador de basura en la Ciudad de México ya que, debido a sus emisiones contaminantes, aumentarían los riesgos de daños a la salud, la carga corporal tóxica de los habitantes de la ciudad y área Metropolitana, así como al medio ambiente”.

Como ejemplo, expuso que siete mil toneladas de residuos al día se envían a la empresa cementera Cemex en Atotonilco de Tula, Hidalgo, y a Tepeaca, Puebla para su incineración, lo que está afectando severamente a las comunidades aledañas.

El morenista César Cravioto agregó que esta planta procesadora de basura impulsa a seguir generando toneladas de residuos en vez de, como en otros países, obligar a reducir los niveles. Dijo que ese tipo de tecnología ya es obsoleta y en otras zonas del mundo solo se quema una parte.

Gustavo Ampugnani, director Ejecutivo de Greenpeace México apuntó que la Ciudad de México tuvo seis años desde que se cerró el Bordo Poniente en 2011 para buscar alternativas para el buen manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), pero no lo hizo.