Luego de conocer las medidas que el Gobierno de Catar adoptará para mejorar las condiciones de los trabajadores que laboran en las obras del Mundial de Futbol de 2022, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cerró la investigación que había abierto contra el país árabe.

Catar había sido acusado de utilizar medidas que violaban los derechos laborales de trabajadores, especialmente de los migrantes, como retraso en pagos, confiscación de pasaportes o restricción para salir del país.

Varios obreros trabajan en la construcción de una carretera, en Doha. Foto: EFE.

Ginebra, 8 de noviembre (EFE).- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) cerró hoy la investigación que había abierto contra Catar después de que este país mostrara voluntad de mejorar las condiciones de los trabajadores inmigrantes, en particular de aquellos que participan en las obras del Mundial de Fútbol 2022.

Catar había sido acusado por organizaciones sindicales y de defensa de los derechos humanos de violar los derechos fundamentales de los trabajadores inmigrantes, que representan dos millones de un total de 2.7 millones de habitantes.

Entre las violaciones constatadas figuraban salarios impagos o retrasos sistemáticos en los mismos, confiscación de pasaportes y graves restricciones para salir del país o cambiar de empleador, frente a las cuales Catar ha planteado soluciones.

Las acusaciones contra Catar implicaban principalmente la violación de los convenios contra el trabajo forzoso y sobre las inspecciones laborales.

La decisión de cerrar la investigación fue adoptada por la OIT tras la revisión de un extenso informe de Catar sobre todas las medidas que ha adoptado en el último año para resolver los abusos en cuestión.

De no haber mostrado cooperación y voluntad de mejora, la OIT hubiese optado por crear una “comisión de investigación” contra Catar.

Se trata de un mecanismo al que se recurre en última instancia cuando un Estado miembro de la organización es acusado de cometer violaciones persistentes y graves de los derechos relacionados al trabajo y además se niega a resolver la situación.

Presente en la sesión de la OIT, el ministro catarí de Trabajo, Issa Saad al Jafali al Nuaimi, dijo que su gobierno está de acuerdo con que deben “dar más protección a los trabajadores inmigrantes” y seguir de cerca su situación.

Entre las medidas adoptadas que enumeró el responsable está la regulación de las horas de trabajo, la creación de un mecanismo que facilita la presentación de quejas contra los empleadores, así como de un fondo para apoyar a los trabajadores en caso de salarios impagos.

Igualmente, mencionó una reciente enmienda al reglamento de entrada, salida y residencia de los trabajadores inmigrantes, la que permitirá que éstos salgan del país sin necesidad de tener la autorización de su empleador, entre otras mejoras.

Asimismo, el Gobierno catarí ha indicado que estudia aplicar un salario mínimo “a todos los trabajadores, sin ningún tipo de discriminación”.

Al Nuaimi garantizó que su gobierno seguirá cooperando con la OIT y atendiendo a sus inquietudes.

La representante de las organizaciones sindicales representadas en la OIT, Catelene Passchier, reconoció los esfuerzos realizados por Catar en esta materia y apoyó la decisión de concluir la investigación en curso.

Por su parte, el representante de las patronales, Mthunzi Mdwaba, consideró que se trata de “un caso claro de progreso” y “un hito que hay que celebrar” por la voluntad del gobierno de atender a los motivos de la queja y modificar su legislación para que se ajuste a los estándares internacionales.

De aquí en adelante, Catar seguirá trabajando con la OIT en el marco de un programa de cooperación técnica trienal, con el que se espera abolir el actual sistema de Kafala (de patrocinio), que se utiliza para mantener bajo control a los trabajadores inmigrantes, principalmente del sector de la construcción y del servicio doméstico.

El sistema otorga al empleador el rol de patrocinador de los trabajadores no calificados, lo que les hace responsables por su visado y situación legal en el país.