En los dos últimos años, el número de personas desaparecidas en Baja California se ha incrementado desproporcionalmente. Conforme a la última cifra oficial, el aumento es de casi dos mil por ciento en comparación a 2011. Según el activista Fernando Ocegueda, el crimen organizado “se sigue llevando abogados o comerciantes y ya no los han regresado”. Pero el titular de CAPEA, Departamento de la PGJE, tiene un pensamiento más optimista: “Yo les digo ausentes, no desaparecidos”.

Por Isaí T. Lara Bermúdez / Zeta

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo/Zeta).-Después del secuestro de su esposo, la señora Eloísa (éste será su nombre irreal) ha buscado durante ocho años una respuesta que, ahora cree, nadie se la dará. El cómo, el por qué, ni siquiera el dónde es claro. Se ha resignado a un “está muerto”.

El caso de cientos de personas se sintetiza sencillo, pero se cuenta con interminables lamentos e impotencia: algunos de sus seres queridos simplemente desaparecen y no se vuelve a saber más.

Aunque la respuesta de Juan Manuel León Martínez, titular de Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), presume de resultados positivos, no posee la cifra final ni estadísticas de los casos sin resolver en 2013.

Sin embargo, en una solicitud de Información Pública por medio de la Ley de Transparencia, el Gobierno del Estado respondió que de enero de 2013 a agosto del mismo año, las personas desaparecidas sumaban 267 en todo Baja California.

No importa qué tanto tiempo sus familiares estén desaparecidos, sus deudos se desgastan en vueltas a la PGJE, en llamadas a agentes del Ministerio Público o en esperanzas quizá irracionales.

Para la defensa de estas familias y cualquier otra víctima del delito, a nivel federal se creó y se aprobó la Ley General de Atención y Protección a Víctimas, que reconoce el derecho legal de recibir ayuda, asistencia y atención para los afectados y sus familiares. Entre otros, un monto monetario para resarcir el daño.

“La gente no quiere compensación, la gente quiere resultados en materia de investigación y encontrar a sus familiares, nada paga la vida de tu hijo”, repite Fernando Ocegueda Flores, presidente de  la organización Unidos por los Desaparecidos, cuyo hijo fue secuestrado en 2007 por un comando criminal.

En Baja California, tal como lo dicta la misma promulgación, se aprobó en el Congreso local, la Ley correspondiente al estado en 2013. Sin embargo, el ex Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, vetó el decreto y se negó a su publicación.

NADA, NADA… NO SABEN NADA

Desde hace un año, María Hernández busca a su hija Zulma Erika Camez. Fue a su rutina de ejercicio al CREA en Zona Río y ya no regresó. Dice, no tiene duda que sigue viva, quizá, piensa, víctima de trata de blancas. Su esperanza se basa en que “simplemente [en la PGJE] no me la han buscado”.

A la fecha, Zulma Erika tendrá 27 años de edad, en enero de 2012 dejó a su hija en la escuela, y de ahí a la unidad deportiva de donde no volvió. Un último mensaje de texto por el celular para su madre: “’Ma, puedes pasar por la niña, es urgente”.

La señora Hernández se desespera, siente que los agentes investigadores no hacen mucho, no aportan información, no la buscan. “nada, nada… no saben nada”, lamenta.

La madre de Zulma relata a ZETA que tuvo que investigar por su cuenta, conseguir nombres, pistas, testimonios de amigas y cercanos. Junto con la Procuraduría, han identificado sospechosos y líneas de investigación.

“Maldita sea la suerte que en esos días ella conoció a una persona poderosa”, recuerda Doña María el nombre Diego Irvin, a quien apodan “El Poblano”. Dice, antes de desaparecer, Zulma contó a sus amigas que él poseía armas y mucho dinero. Lo conoció en diciembre, a ella la desaparecieron en enero. La madre sospecha.

En su búsqueda, María ha aportado más posibles sospechosos, “un tal ‘Güerito’ o ‘El Güicho’, quien dicen, trabaja para su tío o alguien que le apodan ‘El Tío’”, sospecha de él, quien “según estaba obsesionado con mi hija”.

Otra amiga de la joven confesó que Zulma alguna vez responsabilizó de cualquier cosa que le pudiera pasar a un hombre de nombre Carlos, dueño de una tortillería en el Murúa, a quien apodan “El Tortillero”.

Pero hasta la fecha, nada le ha devuelto a su hija. Una desaparecida más.

SECUESTRADO POR “EL MULETAS”, EXTRAVIADO POR SEMEFO 

Elvira Moreno no había hecho público el caso de su esposo secuestrado y encontrado muerto, pues a su suegra le mintieron durante siete años. Agustín Alejandro Moreno Ríos fue escolta del ex Alcalde Carlos Bustamante, luego de Héctor Gómez, un empresario gasolinero con quien fue secuestrado en 2005.

Elvira asegura que la madre de su esposo recién murió y le permite hablar del caso con mayor tranquilidad. Gracias a que la mujer pudo entrevistarse con un tercer secuestrado, se enteró de dónde y cómo levantaron a su esposo y a su ex patrón.

En agosto de 2005, una patrulla municipal cerca de Plaza Monarca le marcó el alto. Agustín iba escoltando y descendió del auto para “checar”. Él mismo lo contó con quién estuvo secuestrado y liberado. Fue golpeado y desarmado al menos por 12 hombres que aparecieron en tres autos.

Después de casi un mes de cautiverio, la familia del empresario realizó el pago. La señora Eloísa sabe que fueron casi 500 mil dólares, una parte de los 3 millones de dólares que sus captores le exigieron.

Los secuestrados, según el testimonio de Eloísa, fijaron fecha para la liberación, pero de ninguno de los hombres regresó con vida. Hasta la fecha, siguen siendo parte de la estadística de desaparecidos.

A los cuatro meses del secuestro, cuando se interpuso la denuncia, el agente ministerial asignado -recuerda la mujer- le dio el presagio: “¿Sabe qué, señora?, le voy decir la verdad, su esposo ya está muerto, usted mejor dedíquese a su familia y ya… fueron los de la célula de ‘El Teo’ (detenido en enero de 2010), y ellos deshacen los cuerpos”.

Hace tres años, Eloísa encontró la foto de su esposo en el catálogo del Servicio Médico Forense. Según el expediente que le entregaron, Agustín caminaba por un puente improvisado en una colonia de Rosarito, cayó, se fracturó la cabeza y murió. Ésa es la versión oficial.

Desde 2010, la entrevistada ha intentado recuperar el cuerpo. En dos exhumaciones, pruebas de ADN a 21 cuerpos, sin datos positivos. El número de identificación del cuerpo en SEMEFO no concuerda con la foto de su esposo.

Antes, el Ministerio Público le había notificado que su marido era un secuestrador, que tenía una segunda familia y que había sido enterrado en la fosa común. “Me hicieron pasar ese trago amargo”, evoca la esposa. Confundieron expedientes y cadáveres.

En la copia del expediente 06205/201/AP, se atribuye el secuestro de Héctor Gómez y Agustín Moreno a Teodoro García Simental “El Teo”, que en ese delito participaron Raydel López Uriarte “El Muletas” y el ex policía municipal, Luis Ramírez Vázquez, “El Güero Camarón”, este último, apegado al programa de testigos protegido bajo el nombre de “Guadalupe”, entre otros.

La señora Eloísa sabe que el cuerpo del padre de sus hijos está en algún lado, pero la PGJE, al no localizarlo, lo sigue considerado un desaparecido.

LEY SIN LEY

En marzo de 2013, el Senado aprobó las reformas a la Ley General de Víctimas, promulgada desde enero por la Cámara de Diputados y propuesta por el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.

En la Ley se sienta la obligación del Estado de dar atención a las víctimas de delito, de reparar el daño (físico, psicológico, económico), incluso indemnizaciones que la autoridad deberá otorgar en caso de no poder ejercer justicia.

Aunque esa legislación federal incluye cualquier delito, en el caso específico de la desaparición forzada se contempla la obligación del Estado de una búsqueda inmediata, incluso se consideró un derecho de la víctima, crea además “protocolos de búsqueda” conforme a los tratados internacionales.

Parte de la Ley obliga a los congresos locales a legislar en el tema y adecuar la legislatura. En Baja California, Nancy Sánchez hizo el intento. A pesar de las presiones de grupos religiosos (dado que la Ley contemplaba protección en diversidad sexual y mujeres violadas), el Congreso la votó a favor.

Pero si el Congreso la votó,  el Gobernador la vetó. En entrevista, la ex Diputada del PRI explica que la Ley de Víctimas era incluso más amplia que la federal, que fue un trabajo de seis meses asesorados por organizaciones nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y USAID. Según Sánchez, la última organización internacional la calificó “la mejor Ley de Víctimas del país”.

Corresponderá a la nueva Legislatura dar cumplimiento a la Ley General que establece el plazo hasta abril de 2014 para que los Congresos legislen localmente.

El activista Fernando Ocegueda asegura que ha buscado el acercamiento con diputados locales y con el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, para empezar de nuevo el tema, sin obtener respuesta hasta el momento.

CAPEA, LA VERSIÓN

 Aunque el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes  recibe en promedio hasta 15 denuncias por desaparición a la semana, Juan Manuel León Martínez, jefe del grupo CAPEA, calcula que el 70 por ciento aparecen en hogares de amigos y familiares, el 10 por ciento son localizadas detenidas en Estados Unidos por cruzar la frontera con alguna sustancia ilícita, y el 20 por ciento que son reportados por sus familiares como desaparecidos, simplemente no aparecen. Incluso, al mes, hasta dos personas con reporte de extravío son encontradas muertas, pero el jefe de CAPEA aclara: “Es mínimo, no es muy común”.

En entrevista, León Martínez reitera que la mayoría de los casos están relacionados con peleas familiares, menores y adultos que huyen de sus hogares tras una discusión o una agresión.

Agrega que como grupo de investigación, CAPEA comienza por trabajar desde el ámbito familiar o personal: “Necesitamos saber la situación real [en el hogar], porque así podemos encontrar la forma más rápida de encontrarlos. Muchas veces los ausentes… yo les digo ausentes, no desaparecidos, están con algún amigo, novio o ex novio”, insiste.

Aunque sin la estadística del total de reportes recibidos en 2013, “a final de cuentas, damos buenos resultados, publicamos la información [de las pesquisas]”.

De los casos resueltos en 2013, León admite: “En su momento no tengo [el número de casos]”.

En otro caso, cuando el familiar manifiesta que el desaparecido tiene antecedentes penales o se dedica a alguna actividad ilícita, explica el funcionario de la PGJE, “lo verificamos con todas las autoridades y las encontramos detenidas o con alguna orden de aprehensión, pero hay personas que se dedican a actividades ilícitas que no han aparecido”.

Y es que algunos familiares, omiten hablar de los vínculos delictivos de los desaparecidos, para evitar alguna investigación que pueda concluir en el arresto de éstos. Por lo que León Martínez considera: “No nos interesa si tiene antecedentes penales, para nosotros es un ser humano y tenemos que ver el procedimiento como debe ser”.

Por último, descarta que su grupo haya detectado algún patrón entre los “ausentes” con bandas de trata o de secuestros, “la mayoría [de nuestras investigaciones] son localizaciones”