Ciudad de México, 9 de diciembre. (SinEmbargo).- El año pasado, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí fue incapaz de garantizar el derecho de acceso a la información a la ciudadanía. Lo mismo hizo su símil del Estado de México. Pusieron trabas y pretextos, de acuerdo a una evaluación realizada por organizaciones especializadas.

Durante tres meses, de mayo a agosto, la Comisión de San Luis Potosí argumentó que su página de internet estaba hackeada, por lo que si un ciudadano quería tener acceso a información sobre el gobierno de San Luis Potosí, estaba imposibilitado de hacerlo vía internet y debía ir hasta las oficinas de la calle Cordillera Himalaya, en San Luis, la capital del céntrico estado.

“Hay dos obligaciones de las autoridades públicas: difundir de manera proactiva la información y difundir el derecho al acceso a la información y si no tienes esa posibilidad por tanto tiempo violas el derecho a la información”, dijo a SinEmbargo Gabriela Morales Martínez, coordinadora nacional de México Infórmate.

No fue lo único que México Infórmate y Artículo 19 detectaron en San Luis Potosí en la realización del Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (Inogdai).

El mismo órgano garante de la transparencia en San Luis ejerció una práctica regresiva en la materia: a cada solicitante de información le pidió acreditar la personalidad del solicitante, algo que la mayoría de los órganos correspondientes no hacen.

Cuando la Comisión tenía lista las respuestas a las solicitudes, pedía un pago de derechos, y cada copia costaba 50 centavos.

Esas fueron las causas por las que la comisión fue evaluada en el Inogdai como el peor órgano garante de transparencia.

San Luis Potosí fue el peor estado evaluado de las 31 entidades y el Distrito Federal. Su baja calificación, 20.1 se debió a la falta de acceso al portal de internet y diversas prácticas obstructivas para gestionar solicitudes de información, de acuerdo con el Inogdai, presentado ayer en el Instituto Goethe.

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Detrás del órgano de transparencia potosino le siguió el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

Ahí la práctica común es pedir prórroga a cada solicitud de información, sin importar la información que se pida o incluso si ésta se encuentra contenida en la página electrónica de las dependencias mexiquenses, dijo a SinEmbargo Ana Cristina Ruelas, quien ocupa el cargo de Oficial del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19 para la oficina de México y Centroamérica.

“Para nosotros es una muy mala práctica porque precisamente la Constitución dice que el derecho a la información debe ser expedito y que tú como autoridad solicites prórroga  solamente debe ser cuando la extensión de la información que te soliciten sea muy amplia. En el caso del Estado de México, la mayoría de las solicitudes hacían referencia a una liga de la página y aun así nos las entregaron 23 días después”, explicó.

Artículo 19 también detectó que la información que se entrega a los solicitantes suele ser inconsistente y a veces se entregan documentos que no tienen nada que ver entre sí.

“Además de que solicitaron prórroga para la información que se encontraba incluso en la página de internet, uno de los problemas más grandes del Estado de México y por los que varió su calificación es que entregaron en una sola respuesta tres documentos que eran inconsistentes entre sí. No pudimos identificar cuál era la verdadera respuesta, cuál era la mala y entonces agarramos la que viniera toda la información junta y esa es la que decidimos tomar en cuenta, porque era la que venía con todos los temas que habíamos solicitado, las otras no las consideramos porque no venía especificado, porque nos entregaban documentos con información diferente”, agregó Ruelas.

PUEBLA, EL MEJOR

En la evaluación elaborada por México Infórmate y Artículo 19, el 81 por ciento de los órganos estatales reprobó. Pero la entidad con el peor desempeño fue San Luis Potosí, con 20.1 por ciento de 100 por ciento posible, y el Estado de México con 39.1 por ciento.

El estado mejor evaluado fue Puebla que alcanzó 70.2 de calificación por contar con una legislación progresiva y coordinar programas educativos.

Una de las recomendaciones a los órganos contenidas en el Inogdai es mejorar la promoción del derecho de acceso a la información.

El ejercicio que duró siete meses y que entre otras cosas consistió en enviar 24 solicitudes a cada uno de los órganos garantes de transparencia también mostró que sólo 19 de los órganos generan criterios de interpretación.

También detectaron que de 120 comisionados, sólo 40 tienen experiencia, por lo que los órganos están en manos de personas que están en proceso de capacitación.

Asimismo notaron que un mayor presupuesto no significa mejor calidad, ya que la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Puebla que salió con las mejores calificaciones, no es el que tiene mayor presupuesto.

Ruelas criticó que no haya unidades de enlace en los órganos y que la apuesta sea a que todas las solicitudes ingresen por el sistema electrónica Infomex. Planteó que no todas las personas tienen acceso a internet, y cuando acuden a las oficinas de los órganos garantes se exponen a ser amenazados, como ocurrió recientemente con comuneros de Chenalhó, Chiapas.

“Este tipo de cosas son las que se tiene que erradicar. La gente de las comunidades que son las que  tienen la posibilidad de propiciar un desarrollo o mejora de calidad en su vida con la información, son las que deben tener la oportunidad de preguntar, además de nosotros. Los órganos garantes responsables en los estados tienen que encontrar los mecanismos suficientes para asistir a esta población y que empiece a preguntar, porque si no hay participación ciudadana el derecho a la información y su evolución, este 50 por ciento que hemos avanzado en estos 12 años que es el promedio nacional, en el 100 por ciento implica aún más, el que un órgano llegue a todos los ciudadanos”.

La apuesta del Inogdai es mejorar los órganos garantes de la transparencia de cada estado, más que aspirar a un súper Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFA), concluyó el director de Artículo 19, Darío Ramírez.