La tormenta ya llegó. Y las obras emblemáticas, anunciadas con grandilocuencia, se derrumbaron. El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto suspendió dos proyectos que serían faros del progreso en su administración: el tren transpeninsular Yucatán-Quintana Roo y el tren rápido México-Querétaro. Además, recortó el presupuesto para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), otro de las construcciones con las que pretende dejar huella.
En el año en que México tomaría un nuevo rumbo por el estreno de las reformas estructurales; el Gobierno federal se enfrentó a una disyuntiva planteada por el descenso del precio del petróleo mexicano: déficit o recorte. Pese a los riesgos, eligió una reducción de unos 9 mil millones de dólares del gasto público –0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)–, lo que impactó de inmediato en la suspensión de los megaproyectos del Presidente.
Pero los nubarrones económicos no son los principales factores para apagar la luz de los símbolos de la impronta peñista. Analistas en discurso, politólogos y expertos en transparencia coinciden en que más que en la economía, la batalla perdida del Presidente está en la credibilidad. Y ven, en la suspensión de los megaproyectos, una estrategia para cerrar el doloroso capítulo en el que ahora se encuentra el Jefe del Ejecutivo.
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– Con sus palabras, en 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto pintaba un paisaje de progreso. “Volveremos a tener trenes de pasajeros”, expresó al tomar posesión, el 1 de diciembre, en el patio central de Palacio Nacional, un escenario que fue restaurado para que él asumiera como Jefe del Ejecutivo y, luego, celebrara los actos protocolarios más rutilantes de su administración. Y los trenes habían sido anunciados en campaña, como parte de un plan de infraestructura moderno y reformador.
La frase sonó atractiva. Todavía son muchos los mexicanos que recuerdan cómo hace 30 o 40 años, se podía recorrer el país en el asiento de un vagón. Hay quien aún no aprueba la decisión de Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de México entre 1994 y 2000, de concesionar el servicio de transporte de carga por ferrocarril a los empresarios José Serrano Segovia, Carlos Slim Helú y Germán Larrea Mota Velasco, así como a las empresas estadounidenses Unión Pacific Corporation y Kansas City Southern.
Dos sexenios después, otro Presidente priísta, Enrique Peña Nieto, viraba la máquina y anunciaba que en 2013 arrancaría la construcción de los trenes transpeninsular Yucatán-Quintana Roo y el rápido México-Querétaro (además de otros cuatro planes ferroviarios). El 22 de diciembre de 2012, cuando cumplía 20 días como Primer Mandatario, volvió a referirse a los trenes como detonadores del desarrollo en el sureste. Estaba en Yucatán y sostuvo que a inicios de 2013, el transpeninsular iba a estar terminado. “Confío plenamente en que la alianza estratégica de los gobiernos con el sector privado fortalece y amplía la capacidad de realización de importantes obras de infraestructura para ayudar a nuestra competitividad, para atraer mayores inversiones y, sobre todo, generar más empleos”, dijo el Jefe del Ejecutivo aquel día y salió del evento entre aplausos que provenían del Sindicato de Ferrocarriles. Llevaba la mano alzada. Iba acompañado de su esposa, Angélica Rivera Hurtado.
Ese tren estaba proyectado para conectar los estados de Yucatán y Quintana Roo y para su arranque, se estimaba una inversión de 16 mil millones de pesos.
El desarrollo en infraestructura sería la impronta del naciente gobierno. Miles de millones de pesos destinados para obra pública que modificaría el territorio nacional. Un cariz de modernidad necesario. Tanto, que los analistas suponían que el impulso incluiría la reestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ese proyecto que sucumbió en el gobierno de Vicente Fox Quesada –el panista que gobernó por primera vez México, de 2000 a 2006–, debido a las protestas sociales de los dueños de los terrenos de Atenco, Estado de México, donde pretendía construirlo.
Y así fue. El Presidente Peña Nieto fue cauteloso. En cuanto al aeropuerto, deslizó sus intenciones en su Segundo Informe de Gobierno y se guardó los planes hasta dos días después. Entonces, en un salón de la residencia oficial de Los Pinos dedicó casi media hora para que los desarrolladores explicaran en vivo el proyecto a través de una maqueta virtual. El Presidente dijo: “Será la puerta de entrada del mundo a México”. Ahí, reveló que los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero habían ganado el contrato para diseñar la nueva terminal aérea, un trabajo que requeriría unos nueve mil 150 millones de dólares.
Foster, el arquitecto que le ha puesto su sello a atrevidos diseños modernistas en Londres, como el Gherkin o Pepino (un rascacielos de 40 pisos); el estadio de Wembley y el City Hall, ahora estaba bajo el contrato del Gobierno mexicano para extender el aeropuerto de la capital del país.
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Todo se ha venido abajo. En 2015, el año en que México tomaría un nuevo rumbo por el estreno de las reformas estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto; los trenes están suspendidos. Además, hay una confusión en torno a un supuesto recorte de 63 por ciento del presupuesto para el nuevo AICM. La explicación del Gobierno Federal es que se enfrentó a una disyuntiva planteada por el descenso del precio de la mezcla mexicana del petróleo: declarar déficit o recortar el gasto. Pese a los riesgos, eligió una reducción de unos nueve mil millones de dólares (el 0.7 por ciento del PIB).
En una conferencia de prensa, el 30 de enero pasado, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, expuso: “Nuestra prioridad debe ser mantener la disciplina de la política macroeconómica para asegurar la estabilidad”. Luego explicó que los proyectos de los trenes se suspendían, uno definitivamente y el otro, hasta nuevo aviso; no sólo por el impacto que su arranque tendría en las finanzas públicas durante 2015, sino por la presión de gasto público que implicarían en los años por venir a partir de 2016. Fue más allá. Dejó claro que la tormenta duraría hasta 2016 por factores a los que hay que temer; por ejemplo, el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos. Dijo que otros nubarrones podrían ocurrir en China y algunos países europeos.
El 4 de febrero pasado, la tormenta se dejó sentir más nutrida. Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que el presupuesto para el Nuevo AICM que tenía asignado en 2015 se redujo en 63 por ciento. Explicó que al principio, contaba con más de seis mil 871 millones de pesos, pero en ese momento, sólo tenía dos mil 500 millones de pesos.
Un día después, José Desiderio Torres, director de Relaciones Institucionales de la SCT, aclaró que no se trataba de un ajuste, sino que la cantidad mencionada por Ruiz Esparza correspondía a proyectos ejecutivos presentados y que la nueva terminal aérea no sufrirá de recortes presupuestales.
De acuerdo con la corrección, los 2 mil 500 millones de pesos son la inversión para los proyectos que deben estar listos para iniciar la construcción del aeropuerto.
Analistas en discurso, politólogos y expertos en transparencia coinciden en que más que en el campo económico, la batalla perdida del Presidente es la credibilidad. Y ven, en la suspensión de los megaproyectos, una estrategia para cerrar el doloroso capítulo en el que el Jefe del Ejecutivo se encuentra después de la crisis social representada por Ayotzinapa y las revelaciones periodísticas de que su fortuna inmobiliaria está basada en contratistas de su gobierno.
“La palabra no tuvo la culpa”, expresó Carlos Páez Agraz, experto en Discurso de la agencia AdQuat, la misma que tiene una aplicación para analizar lo que dicen y no dicen quienes integran los grupos de poder. Y lo señala para explicar que no hay nada de malo en incluir promesas esplendorosas en el discurso político. “Lo que preocupa es que cuando hay necesidad de recorte, éste se aplique justo en esos proyectos vitales. Con ello, más que un mensaje de eficiencia económica, el Primer Mandatario le dice a los gobernados: por favor, ya no me pregunten nada”.
El tren rápido México-Querétaro se licitó en 2014. La única puja la hizo el consorcio China Railway Construcion Corporatio (CRCC). Pero la falta de transparencia en el proceso derribó este proyecto por el que se anticipaba una inversión de 43 mil millones de pesos. El domingo 9 de noviembre de 2014, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto iniciaba una gira por China y Australia, fue revelado que la familia presidencial habitaba una mansión de 8.6 millones de dólares que estaba a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa del Grupo Higa. No sólo se trata de una de las principales contratistas del gobierno federal, sino que también formaba parte del consorcio al cual se le había otorgado el contrato ganador en esa licitación.
Ese mismo mes, los periódicos nacionales Reforma y El Universal levantaron encuestas que arrojaron que el Primer Mandatario mexicano había caído en la peor crisis de aceptación de la Historia, desde 1994, cuando ocurrió la devaluación del peso que generó una debacle financiera. ¿Por qué? Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala un error central: menospreciar la cultura de la Transparencia. “Todas las acciones presidenciales, sobre todo las de infraestructura, tendrían que haber estado imbuidas de un ejercicio de transparencia. La falta de un sistema anti-corrupción le pasó factura al Gobierno al generarle crisis de credibilidad”, opinó el investigador.
Hasta el pasado martes 3 de febrero, cuando el Presidente nombró a Virgilio Andrade Martínez como Secretario de la Función Pública, no operaba en México ninguna institución a cargo del combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Esa dependencia aguardaba su desaparición, despojada de los órganos de control internos con los que alguna vez contó y acéfala en su titularidad.
Si se sigue la reforma a la Ley de la Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, del mismo Presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Público (SPF) debe ser sustituida con la Comisión Nacional Anticorrupción. Fundada en 1983 como Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, transformada a Función Pública en 2003, la dependencia debe desaparecer, de acuerdo con la ley.
“El nombramiento de un Secretario de la Función Pública es una decisión tardía que más bien responde a la crisis de credibilidad que a un plan de gobierno”, opinó el analista político en medios informativos, Enrique Toussaint Orendáin.
“Para quien llega con un proyecto ambicioso, en cualquier parte del mundo, es paradójico que dos años después, tire sus proyectos. Está claro que suspender la inversión en infraestructura es una respuesta a una crisis de credibilidad que se generó en la ausencia de Transparencia. Pero ya es tarde. ¿Quién le cree al Presidente?”, expuso el especialista.
El 22 de diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto, anunció en Mérida Yucatán, que a principios de 2014, el tren transpeninsular Yucatán-Quintana Roo estaría concluido. Y miembros del sindicato ferrocarrillero le aplaudieron. Él dijo: “Confío plenamente en que la alianza estratégica de los gobiernos con el sector privado fortalece y amplía la capacidad de realización de importantes obras de infraestructura para ayudar a nuestra competitividad, para atraer mayores inversiones y, sobre todo, generar más empleos”.
El 30 de enero, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso anunció la cancelación definitiva del Tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo por falta de recursos. Ya nadie aplaudió. Al contrario, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCEY), y de la Canacintra en Yucatán, Mario Can Marín, indicó que eso era “bola cantada” y si bien la medida fue parte del recorte, es importante no frenar la conectividad con el centro del país. Que ojalá no se le olvide eso al Presidente, dijo.
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Por instrucciones del Presidente, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció el 15 de diciembre de 2012, que en enero siguiente los gobierno federal y de Querétaro firmarían un convenio para repartir responsabilidades del proyecto de tren rápido. Dio a conocer que su costo sería de entre 25 mil a 32 mil millones de pesos. En el anuncio, incluyó que el tren viajaría a unos 160 o 180 kilómetros por hora y que se requería un estudio sustentado.
El 9 de noviembre de 2014, el equipo de Noticias-MVS reveló que uno de los concesionarios del proyecto era Grupo Inmobiliario del Centro, del Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. Se trataba de un empresario que a la vez, le vendió a la esposa del Presidente una extensa casa de 8.6 millones de dólares con una hipoteca. En esa revelación, se originó una serie de cuestionamientos para el Primer Mandatario sobre si incurrió en conflicto de interés. El 30 de enero, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, informó que el proyecto del tren se posponía.
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“(El nuevo aeropuerto) será el mayor proyecto de infraestructura de los últimos años en nuestro país e incluso uno de los más grandes del mundo”, dijo Peña Nieto en su Segundo Informe de Gobierno, en el Palacio Nacional. “Será la entrada del mundo a México”, exclamó el Primer Mandatario y añadió que su gobierno también haría líneas del Metro en la capital del país, así como en el Estado de México, la entidad que gobernó de 2005 a 2011.
El 5 de febrero, el Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, indicó que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá un ajuste presupuestal para este año equivalente a cuatro mil 300 millones de pesos. “Estamos hablando de alrededor de dos mil 500 millones de pesos para este año y por supuesto que irá creciendo. Dos mil 500 millones que estamos seguros de gastar …”
