Guadalupe García Rayos, de 35 años de edad, fue deportada esta mañana a México al cumplir las características prioritarias del Gobierno de Donald Trump: inmigrante con antecedentes penales. Su delito: suplantación criminal para obtener un trabajo en un parque de diversiones. Barack Obama le otorgó clemencia, sin embargo, al actual mandatario no le importó. La deportación de Guadalupe generó protestas en Phoenix, que derivaron en enfrentamientos con policías y la detención de varios activistas.

Por Astrid Galván y Jacques Billeaud

Ciudad de México, 9 de febrero  (SinEmbargo/AP).- La Corte Federal de Apelaciones decidió mantener congelada la orden de inmigración del Presidente lo que significa que los refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana que fueron vetados podrán seguir entrando a EU.

La Corte dijo que el Gobierno no había presentado evidencia de que alguien de los países incluidos en la orden ejecutiva había cometido un “ataque terrorista” en Estados Unidos.

El panel de la Corte de Apelaciones dijo que “en lugar de presentar evidencia para explicar la necesidad de la orden ejecutiva, el gobierno ha asumido la postura de que de ninguna manera debemos revisar su decisión. Discrepamos”.

Esta decisión es un golpe para Trump, que ha destinado gran parte de su esfuerzo desde la Casa Blanca para hacer cumplir una de las más polémicas órdenes ejecutivas del Estados Unidos moderno.

El panel del Tribunal de apelaciones del Noveno Circuito confirmó la sentencia del Juez de Distrito, James Robart, quien había decidido el viernes que la prohibición temporal de Trump debería quedar en suspenso.

El Departamento de Seguridad Nacional tuvo que acatar la orden y suspendió su aplicación, contra la voluntad del señor Trump.

Tras conocer la resolución, Donald Trump advirtió en su cuenta de Trwitter que: “Nos vemos en un Tribunal. Está en juego la seguridad de nuestra Nación”.

El Gobernador de Washington, Jay Inslee, le respondió a Trump con un “señor Presidente, lo acabamos de ver en la Corte, y lo vencimos”.

Hoy mismo, en Phoenix, Arizona, la deportación de una inmigrante a quien el gobierno de Obama le otorgó una indulgencia, brinda un primer ejemplo cómo el Presidente Donald Trump planea cumplir su promesa de frenar la inmigración ilegal.

El caso de Guadalupe García de Rayos se convirtió este jueves en un grito de batalla para los grupos de inmigrantes que creen que la postura migratoria de Trump separa familias de manera injusta. Su arresto provocó una protesta en el centro de Phoenix, en donde los manifestantes bloquearon la salida de camionetas de la oficina federal de inmigración. Siete personas fueron arrestadas.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, desvió todas las preguntas sobre el tema al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), que en un comunicado en Twitter indicó el jueves que la agencia “retirará a los extranjeros ilegales que fueron condenados por delitos graves, como lo ordena un juez en materia migratoria”.

García de Rayos fue deportada alrededor de las 10:00 de la mañana por el cruce fronterizo de Nogales, y la agencia trabajó de manera conjunta con las autoridades consulares mexicanas para su repatriación, señaló la portavoz de ICE Yasmeen Pitts O’Keefe por medio de un comunicado.

“El caso migratorio de la señora García fue sometido a una revisión en múltiples niveles del sistema de cortes migratorias, incluyendo la Junta de Apelaciones Migratorias, y los jueces determinaron que ella no contaba con las bases legales para permanecer en Estados Unidos. El ICE seguirá enfocándose en identificar y retirar a los individuos con condenas de delitos graves que tengan órdenes finales de retiro emitidas por las cortes migratorias del país”, escribió Pitts O’Keefe.

Los defensores de personas que están ilegalmente en el país, pero que tienen estrechos vínculos con él, acusaron que la deportación fue despiadada.

“El ICE hizo lo que el Presidente Trump quería hacer: deportar y separar a nuestras familias”, dijo Marisa Franco, directora del grupo de defensa Mijente, con sede en Phoenix. “Vamos a defender a las familias”.

García de Rayos, de 35 años de edad, fue una de las trabajadoras que fue arrestada hace años, durante una de las primeras investigaciones del entonces jefe de policía, Joe Arpaio, a los negocios sospechosos de contratar inmigrantes que utilizaron identificaciones falsas para obtener el empleo.

Fue acusada de utilizar el número de Seguro Social que pertenecía a otra persona para obtener un trabajo en el parque de diversiones Waterworld, en Glendale, un suburbio de Phoenix.

García de Rayos no fue arrestada durante el operativo en el parque de diversiones, sino que fue detenida seis meses después, cuando los investigadores encontraron discrepancias en sus documentos laborales.

Se le negó una fianza en enero de 2009 de conformidad con una ley de Arizona que la prohibía a los inmigrantes que estaban ilegalmente en el país y habían sido acusados de ciertos delitos graves.

García de Rayos se declaró culpable en marzo de 2009 a un cargo reducido de suplantación criminal y fue sentenciada a dos años de libertad condicional. Se le inscribió en el proceso de deportación, pero se le otorgó clemencia.

El miércoles se presentó junto con su abofado para lo que pensó que era una revisión de rutina con las autoridades de ICE, y fue detenida en lugar de que se le permitiera salir tras reportarse.

Su abogado, Ray Ybarra Maldonado, dijo que las acciones en contra de su cliente podrían empujar a los inmigrantes aún más a la clandestinidad y evitar reportarse a las autoridades, tal como siempre lo hizo García de Rayos.

“Mi consejo es: busquemos un santuario, una iglesia que quiera recibirlos si eso es lo que quieren. No es divertido llevar a alguien al matadero. No es divertido entrar con alguien y salir sin ellos”, subrayó.

Ante el temor de que García de Rayos fuera devuelta a México, decenas de activistas bloquearon la noche del miércoles las puertas que rodean la oficina de ICE en Phoenix.

La policía se posicionó alrededor del edificio y confrontó a algunos de los manifestantes, varios de ellos clamando “¡Justicia!” en inglés y español.

Siete manifestantes fueron arrestados, de acuerdo al portavoz de la policía de Phoenix, el sargento Jonathan Howard.

La deportación de García de Rayos se da días después de que el gobierno federal amplió las circunstancias bajo las cuales se deportará a algunas personas.

García de Rayos llegó a Estados Unidos procedente del estado mexicano de Guanajuato cuando tenía 14 años de edad, y tiene dos hijos de nacionalidad estadounidense, informó el grupo de defensa migratoria Puente Arizona, con sede en Phoenix.