Durante la presentación del informe “Derecho a la verdad en México”, organizaciones civiles urgieron al siguiente gobierno a priorizar en su agenda la reforma integral del artículo 102 constitucional para que la nueva Fiscalía General sea una institución eficaz, autónoma e independiente. Además de contar con una Fiscalía Especializada en Violaciones a Derechos Humanos que también investigue los pasados delitos ocurridos durante el sistema penal anterior.
ADEMÁS
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Una amplia base de organizaciones civiles exigió a la próxima administración establecer dos mecanismos contra la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ya que el Estado tiene responsabilidad en garantizar justicia y verdad, pero por el contrario “ha dificultado deliberadamente” el acceso” por intereses políticos.
Durante la presentación del informe “Derecho a la verdad en México”, urgieron al siguiente gobierno a priorizar en su agenda la reforma integral del artículo 102 constitucional para que la nueva Fiscalía General sea una institución eficaz, autónoma e independiente. Además debe contar con una Fiscalía Especializada en Violaciones a Derechos Humanos que también investigue los pasados delitos ocurridos durante el sistema penal anterior.
“La PGR es una institución anacrónica sometida a los vaivenes e influencia política que no le permite llevar a cabo investigaciones autónomas y eficaces”, aseguró Humberto Guerrero, de Fundar.
Asimismo, las organizaciones demandaron un apoyo internacional mediante un Consejo Asesor, compuesto por expertos en derechos humanos y combate a la impunidad, para que supervise las investigaciones penales de las autoridades mexicanas de violaciones graves a derechos humanos y casos de corrupción.
Mario Patrón, del Centro ProDH, argumentó que la supervisión del GIEI en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa “tuteló” el derecho a la verdad “desenmascarando” la estrategia de las autoridades nacionales en intentar construir la “mentira histórica” a través de una hipótesis sin sustento científico (incendio en el basurero de Cocula) y mediante la tortura como método de investigación ilegal. De los 110 detenidos por el caso, 12 fueron torturados, recordó.
ADEMÁS
Minerva Bello, madre de uno de los normalistas, falleció el domingo por cáncer. “Se fue sin saber la verdad sobre su hijo”, dijo Patrón.
Abel Barrera, del Centro de la Montaña Tlachinollan, abordó el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos mujeres indígenas del sureste de Guerrero, quienes en 2002 fueron violadas y víctimas de tortura sexual por parte de elementos del Ejército.
Años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó por primera vez una sentencia contra el Estado mexicano por este caso de tortura sexual.
En la CIDH las dos mujeres pudieron declarar en su lengua materna me’phaa mientras en su búsqueda de justicia y verdad en México fueron discriminadas y señaladas de mentirosas, acusó Barrera.
José Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPHD), destacó las ejecuciones arbitrarias ocurridas durante el levantamiento del EZLN en 1994 y durante la guerra contra el narcotráfico iniciada desde 2006.
A pesar de los diferentes contextos históricos, Guevara destacó que en dos casos de estas etapas los militares justificaron su actuación de detener, torturar y asesinar a las víctimas, y en ninguno de ambos sucesos ha habido justicia.
Consuelo Morelos, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), expuso sobre 60 familias víctimas de desaparición forzada en Nuevo León que se reúnen cada semana para buscar la verdad.
Morales destacó que saber dónde están, vivos o muertos, es el centro de la demanda porque termina con su angustia y dolor diario.
Pero también, dijo, tienen derecho a saber qué sucedió y por qué, así como el reconocimiento del gobierno de que incumplió su deber en garantizarles seguridad.
“La verdad nos lleva a romper la impunidad”, afirmó. “Nos faltan más de 30 mil personas. Sin justicia no hay paz”.
Humberto Guerrero, de Fundar, aseveró que la impunidad ante violación a derechos humanos tiene sus orígenes en la década de los 70 y 80 por los “crímenes del pasado” durante la Guerra Sucia que siguen sin justicia.
“La impunidad tiene una serie de mecanismos que la propician. Hay una intención del Estado de generarla”, determinó Guerrero.
Finalmente, Ana Ruelas, directora de Artículo 19, a partir del asesinato de cinco person
as en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México, incluyendo el foto periodista Rubén Espinosa, acusó que los asesinatos de periodistas matan la verdad que ellos contaban, por lo que cuestionó a los precandidatos en campaña respecto a cómo creerles de los cambios que prometen si no han aportado para el derecho a la verdad.
