El SAT, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, incluyó en su lista de empresas fantasma a Manhattan Master Plan Development, a la que supuestamente el candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya Cortés, le vendió una nave industrial en Querétaro por 54 millones de pesos. El fichaje fue leído como una muestra más del uso político que se le da a las instituciones.
Expertos coinciden en que este tipo de acciones le restan legitimidad al organismo encargado de recaudar impuestos, la principal fuente de ingresos del Gobierno mexicano, hecho que puede impactar en servicios públicos o las pensiones. Señalaron que “no está mal” que se investigue a Anaya, pero, dijeron, las instituciones deben vigilar a todos aquellos que pudieran ser presidenciables y que forman parte de las campañas..
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Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).– Aristóteles Núñez Sánchez, ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró en días pasados que si este órgano tributario se politiza durante el periodo electoral pierde credibilidad y con ello baja la recaudación de los impuestos pagados por más de 64 millones de contribuyentes. Especialistas en el rubro aseguraron que su legitimidad también se daña por el destino de los recursos y su selectividad en investigar y denunciar corrupción, delincuencia organizada o, en el caso del candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, supuesto lavado de dinero.
Ante los altos niveles de informalidad (56.6 por ciento de la población que labora), bajos salarios y evasión o elusión fiscal, la tasa de recaudación en México de 16.23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) es la más baja de los países de la OCDE, cuyo promedio es 33.99 por ciento.
“La falta de legitimidad que tiene el SAT ante la ciudadanía trae como consecuencia mayor evasión fiscal y mayor defraudación fiscal entre los contribuyentes”, dijo Lizbeth Padilla Sanabria, especialista en Derecho y Ley Antilavado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Adrián García, investigador de ingresos tributarios del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), expuso que “menos recaudación implica menos recursos para el pago de pensiones, programas sociales, salud, educación; menos bienes públicos para la gente”.
De acuerdo con una encuesta del SAT sobre su imagen, el 75 por ciento la consideró “muy buena o buena” de 2013 a septiembre de 2016, durante el periodo de gestión de Aristóteles Núñez. Tras su renuncia a la par de la salida de la Secretaría de Hacienda de su jefe y amigo, Luis Videgaray Caso, tomó el cargo Osvaldo Santín Quiroz, en cuya gestión la imagen del órgano ha sido calificada de “muy buena o buena” por el 76.6 por ciento de los consultados.
“Lo que no debe hacer una institución como el SAT es politizarse”, dijo Núñez después de una conferencia de prensa de la organización México Evalúa sobre el Ramo 23. “Representa un esfuerzo de recaudación donde pagan impuestos los ciudadanos. Cuando empieza a perder credibilidad, pierde recaudación. El SAT debe mantenerse ajeno a todos estos vaivenes políticos, preferencias, fobias, filias, y debe cumplir con su tarea. Hay una ley muy clara: hay que recaudar impuestos. Punto”.
Sin embargo, la académica Lizbeth Padilla aseguró que el SAT ha perdido su legitimidad desde antes por no aplicar la ley en el rubro existente desde 1996.
“El SAT, desde una perspectiva social, está visto como aquel órgano de la administración pública que hace una caza de brujas de los medianos y pequeños contribuyentes, pero no como el órgano investigador que debe denunciar por corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada”, afirmó.
El investigador Adrián García añadió en entrevista a parte que uno de los factores que puede causar la baja en recaudación es la falta de confianza en el uso de los recursos.
“Cualquier situación que haga que el SAT pierda credibilidad y se dé la impresión de que los recursos no se usan de la manera adecuada en beneficio de la población, es desincentivo para que la gente se formalice y pague [impuestos]”, afirmó García.
El lunes pasado, el SAT, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incluyó en su lista de empresas fantasma a Manhattan Master Plan Development, a la que supuestamente el candidato Ricardo Anaya Cortés le vendió una nave industrial en Querétaro.
El ex titular del SAT Aristóteles Núñez aseguró que este anuncio fue resultado de una investigación de al menos seis meses, ya que el Código Fiscal de la Federación establece plazos y procedimientos para ese tipo de indagatorias. No obstante, “en política no hay cosas extrañas”, dijo sobre la coincidencia de que el caso se haya dado a conocer en el periodo de intercampañas.
Hoy Univisión dio a conocer que la SHCP inició la investigación en contra del panista desde al menos julio de 2017, cuando José Antonio Meade era aún titular de esa dependencia y ya se le perfilaba como posible candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República.
El medio tuvo acceso a una versión de la indagatoria en la que se oculta el nombre de un empresario que “vital para explicar el origen de los recursos” que supuestamente se lavaron y de los datos personales de los operadores de la red en distintos países.
“Extrañamente, la PGR entregó a los testigos una versión que dejó visibles únicamente las partes en que se habla de Barreiro, los abogados, Anaya y su familia”, resaltó el medio.
La académica Padilla Sanabria señaló que “la norma jurídica, sobre todo la sancionadora, juega un papel en la política muy fuerte. No está mal que se investigue a Anaya, pero debe investigarse a todos aquellos que pudieran ser presidenciables y que forman parte de las campañas”.
LA MITAD INSATISFECHA POR USO DE IMPUESTOS
La principal fuente de ingresos del gobierno mexicano son los impuestos. De los 5 billones 236 mil 375 millones de pesos que se prevé ingresar en 2018, el 33 por ciento vendrá del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el 18.5 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el 5.6 por ciento del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) a gasolinas y el 3.4 por ciento del IEPS no petrolero.
El investigador en ingresos tributarios del CIEP, Adrián García, dijo que si los salarios fueran mayores, los trabajadores formales tendrían que pagar más ISR y habría mayor consumo por lo que se obtendrían más recursos por el IVA.
Hasta diciembre de 2017 estaban registrados 64 millones 672 mil 335 contribuyentes en el SAT, un 13 por ciento más que el mismo mes de 2016. Del total, 37 millones 926 mil 366 son asalariados, 24 millones 780 mil 762 son personas físicas y un millón 932 mil 287 son personas morales. El resto son grandes contribuyentes.
Sin embargo, el 59.24 por ciento de los mexicanos no cree que el gobierno administra bien el dinero recaudado del pago de impuestos y el 53.35 por ciento está insatisfecho con la utilización que se le da al pago de sus impuestos, de acuerdo con una encuesta de la Universidad Panamericana aplicada a trabajadores del sector formal (80.11 por ciento) e informal (19.89 por ciento). En su mayoría el ingreso promedio mensual de los entrevistados es de menos de cinco mil pesos y la principal fuente de ingresos proviene de sueldos y salarios, seguido de honorarios y rentas.
Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) expone que el incentivo más importante para fomentar el pago de impuestos es gastarlos bien.
“Los contribuyentes deben poder apreciar que sus impuestos sirven para mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos”, dice. Pero “en México ha existido, por la ausencia de procesos democráticos sólidos, un considerable retraso en la especificación el destino de los fondos que provee la ciudadanía por medio del pago de impuestos. La falta de rendición de cuentas por parte de los gobernantes ha dificultado que los contribuyentes sepan correctamente en qué se usan sus recursos”, añade.
Los estados donde más hay contribución son Ciudad de México (11 millones 827 mil 089), Estado de México (6 millones 652 mil 624), Jalisco (4 millones 549 mil 972), Nuevo León (3 millones 696 mil 012) y Veracruz (3 millones 408 mil 977). Respecto a actividad económica, el pago de impuestos proviene más de servicios profesionales, técnicos y científicos (13 millones 799 mil 004), industrias manufactureras (5 millones 787 mil 835) y comercio al por menor (5 millones 368 mil 876), revelan cifras del SAT.
Aunque el 10 por ciento más rico de la población (el decil X) paga el 37.18 por ciento del total del IVA y el 10 por ciento más pobre paga el 1.71 por ciento, respecto a proporción no es progresivo: el 10 por ciento más rico de la población paga el 6.5 por ciento de su ingreso en IVA, mientras que el 10 por ciento más pobre paga el 11.4 por ciento de su ingreso, expone el CIDE.
Sobre ello, la encuesta de la Panamerciana revela que el 39.26 por ciento está totalmente de acuerdo en considerar que el sistema de pago de impuestos favorece a los ricos.
Además de las excepciones a bienes y zonas para los que pagan el IVA, hay un factor adicional que explica la baja recaudación del impuesto: su evasión, determinó el estudio del CIDE.
En México son muy altas la evasión fiscal y la elusión, es decir, toda acción que usa los vacíos de la ley para disminuir el pago de impuestos. Para reducirla, sugiere el informe, se debe simplificación el proceso administrativo, crear estímulos para incrementar la cultura de pago, y sobre todo una aplicación estricta de la ley.
“Los castigos por evasión deben ser incrementados. Existe todavía corrupción en el brazo recolector del gobierno, práctica que debe ser atacada con mayor firmeza”, expone.
El 38.22 por ciento de los mexicanos justifica que no se paguen los impuestos cuando una gran proporción del dinero recaudado termina en los bolsillos de políticos corruptos, en los de sus familiares y en lo de sus amigos, documentó la encuesta de la Universidad Panamericana. Otro 30.37 por ciento la justifica cuando una gran proporción del dinero recaudado es desperdiciado y el 21.25 por ciento cuando una gran proporción del dinero recaudado es utilizado en proyectos de poco valor social.
