Expertos en materia de salud alertaron que el conflicto de interés de los diputados y el Gobierno federal no les permite legislar para mitigar la obesidad, la diabetes y el sobrepeso. La industria de la comida chatarra, dicen, bloquea o da luz verde a los proyectos que inciden sobre sus empresas.

Una botón de muestra es que la Comisión de Salud de San Lázaro aprobó sólo una iniciativa contra la diabetes, ninguna sobre las otras dos enfermedades, aunque la alerta epidemiológica decretada por el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene ya casi medio año, y miles de personas mueren por estos padecimientos.

A ello, agregaron, se suma que no se visualiza que los legisladores hagan algo en esta materia en el corto plazo pese a lo numeroso de la Comisión y los millones que se destinan a sus salarios: los diputados no buscaron actores de la sociedad civil ni de la academia ni autoridades libres de conflicto de interés para trabajar en conjunto sobre alguna iniciativa que pudiera aportar para mitigar la alerta.

Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).- Llegó a su fin un periodo legislativo más en la Cámara de Diputados y de las 203 iniciativas turnadas a la Comisión de Salud se aprobaron 18, de ellas, sólo una en materia de obesidad, diabetes y sobrepeso, pese a la emergencia epidemiológica decretada en el país por dichas enfermedades provocadas principalmente por el consumo de productos chatarra.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) estima que la diabetes causa 80 mil muertes por año y que el 14 por ciento de los adultos en México la padece. Esta es la principal causa de muerte en el país. La organización El Poder del Consumidor señala que son 94 mil los decesos anuales.

La obesidad y el sobrepeso son un factor decisivo en el desarrollo de al menos 21 millones de casos de enfermedades en los mexicanos (hipertensión, diabetes, cerebrovasculares, etc). Datos de la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) de 2016 revelan que el 36.9 por ciento de los adolescentes en México viven con sobrepeso u obesidad, y la cifra llega a 72.5 por ciento en la edad adulta.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) las afectaciones a la salud, sociales y laborales de estos males consumen el 2.3 por ciento del PIB, lo cual equivale a 28 mil 800 millones de dólares al año.

En noviembre pasado, en un hecho sin precedentes, el Gobierno mexicano a cargo de Enrique Peña Nieto decretó dos emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes. No obstante, no se han tomado acciones concretas para mitigar los padecimientos, han denunciado académicos y organizaciones de la sociedad civil en reiteradas ocasiones.

Los diputados, por ejemplo, tampoco han cumplido con su función. El periodo legislativo concluyó el pasado 30 de abril, es decir, casi medio año después del anuncio de la emergencia epidemiológica, y los legisladores que integran la Comisión de Salud aprobaron apenas una iniciativa que tiene relación con el sobrepeso y la obesidad.

De acuerdo con la página oficial de la Cámara de Diputados, cada funcionario percibe 148 mil 297 pesos cada mes: 73 mil 739 por concepto de dieta neta mensual, 45 mil 786 por asistencia legislativa y 28 mil 772 más por atención ciudadana. Son 31 los legisladores que integran la Comisión de Salud presidida por el Diputado panista Elías Octavio Iñiguez Mejía, por lo que se destinan 4 millones 597 mil 207 pesos mensuales en los salarios, lo que se traduce en 55 millones 166 mil 484 pesos al año.

Más de la tercera parte de la Comisión está compuesta por miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 12 diputados: Carmen Salinas Lozano, Sylvana Beltrones Sánchez, Marco Antonio García Ayala, Rosalina Mazari Espín, María Verónica Muñoz Parra, Pedro Luis Noble Monterrubio, Yahleel Abdala Carmona, Xitlalic Ceja García, Rocío Díaz Montoya, Pablo Elizondo García, Delia Guerrero Coronado y Adriana Terrazas Porras. Tres miembros más del Partido Verde Ecologista de México (PVEM): Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Refugio Sandoval Rodríguez y Wendolin Toledo Aceves.

Del Partido Acción Nacional (PAN), los diputados Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Jesús Antonio López Rodríguez, Román Francisco Cortés Lugo, Genoveva Huerta Villegas, Víctor Ernesto Ibarra Montoya tienen participación en la Comisión; así como los perredistas Alberto Martínez Urincho, Evelyn Parra Álvarez, Eva Florinda Cruz Molina, Guadalupe Hernández Alcalá y Araceli Madrigal Sánchez.

Los diputados Mariana Trejo Flores y Roberto representan a Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Refugio Trinidad Garzón Canchola al Partido Encuentro Social (PES) , mientras Rosa Alba Ramírez Nachis al Movimiento Ciudadano (MC).

En entrevista para SinEmbargo, Luis Manuel Encarnación, coordinador de la red de organizaciones Contrapeso, criticó que el rendimiento de la comisión ha sido “muy bajo”, pues señaló que en la parte de prevención de obesidad, sobrepeso y diabetes, las iniciativas o los puntos de acuerdo que se han aprobado “fueron prácticamente nulos”.

Ana Larrañaga Flota, de la organización civil Salud Crítica, secundó: “Me parece bastante incongruente que a pesar de la alerta epidemiológica, los diputados no se hayan puesto a trabajar en alguna legislación específicamente en el tema de diabetes”.

Aunado a ello, ambos especialistas en salud y alimentación coincidieron en dos puntos: Uno, dentro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados existe un marcado conflicto de interés con la industria de comida chatarra que impide la aprobación de políticas públicas que contribuyan en aminorar el problema. Dos, acusaron que los legisladores han hecho oídos sordos para trabajar en temas como la regulación de la publicidad dirigida a niños y el etiquetado frontal de los productos.

“Hay una gran apertura y cercanía de la Comisión de Salud con el sector privado, específicamente en el tema de sobrepeso y obesidad y la industria refresquera. La industria de alimentos ejerce un poder de influencia muy fuerte para tratar de incidir en que se aprueben temas que son de su interés y por otro lado bloquean aquellos que no lo son”, subrayó Encarnación.

Y añadió que “hay un conflicto de interés que no sólo permea la legislatura y el Congreso, sino desde la Secretaría de Salud en la toma de decisiones, lo cual es muy preocupante porque en realidad los tomadores de decisiones privilegian los intereses económicos por sobre el interés en la salud”.

Larrañaga indicó que los diputados no buscaron actores de la sociedad civil ni de la academia ni autoridades libres de conflicto de interés para trabajar en conjunto sobre alguna iniciativa que pudiera aportar para mitigar la alerta epidemiológica. En cambio, dijo, los legisladores sí se han vinculado o han sugerido acercarse con gente de la industria refresquera, “lo cual es todavía más indignante y preocupante porque tenemos una carga de obesidad y diabetes muy grande”.

“Existe un conflicto de interés muy marcado y aunque es bastante obvio y fácil de evidenciar porque existen testimonios, no existen mecanismos suficientemente fuertes para mantener a esas personas a raya y a los legisladores lejos de los intereses de la industria”, agregó.

Por ello, los expertos remarcaron la necesidad de cercanía entre los legisladores con el sector social y la academia a fin de revisar no sólo las iniciativas que ya existen, sino trabajar en nuevas propuestas de ley que fortalezcan las políticas actuales en materia de prevención, esencialmente.

Larrañaga hizo un llamado la Comisión de Salud a prestar atención a las enfermedades crónicas “que son una bomba de tiempo” y deben ser atendidas con prontitud y exigió que al momento de informarse lo hagan con actores que estén libres de este conflicto de interés.

“Es muy importante que se acerquen con la academia y las instituciones que prestan los servicios de salud porque allí hay también problemas de otra índole que tienen que ver con la atención y no sólo con al prevención […] Sabemos que la obesidad y la diabetes no son las únicas cosas por las que hay que legislar, pero tampoco deben de perderse entre ese universo de pendientes que tiene México en salud”

Los especialistas urgieron a las autoridades a mejorar las herramientas de los mecanismos para evitar el conflicto de interés en la toma de decisiones.

Encarnación y Larrañaga consideraron que para comenzar un cambio real en disminuir las cifras de obesidad, sobrepeso y diabetes, los legisladores deben trabajar de manera inmediata en los temas de publicidad dirigida a niños y etiquetado frontal.

“Algo muy urgente que no se está atacando en este momento, es el etiquetado de los alimentos que es muy permisivo en cuanto a la cantidad de azúcar que se tiene como el 100 por ciento recomendable”, señaló la nutrióloga y educadora ambiental.

La organización de la sociedad civil el Poder del Consumidor (EPC) ha subrayado reiteradamente que los criterios sobre los azúcares añadidos utilizados en los productos de venta en México son contrarios a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la propia Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes y a las recomendaciones del INSP.

De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), las personas pueden consumir 90 gramos de azúcar al día, lo que se traduce en 33 kilos al año. Mientras, la OMS recomienda un consumo ideal máximo de 25 gramos diarios, es decir, 9 kilogramos anuales.

Hace un par de semanas, en el marco de la celebración del Día del Niño, la Alianza por la Salud Alimetaria (ASA) presentó un análisis que da cuenta de que la actual regulación de publicidad dirigida a la infancia “es un fracaso”, ya que un monitoreo realizado por su equipo arrojó que al año se transmite un promedio de 13 mil 056 anuncios de comida chatarra en los programas y horarios más vistos por los niños.