[NdeR: El fact checking o verificación de hechos ha sido retomado masivamente en el mundo. Sobre todo en la prensa de Estados Unidos, donde tienen un Presidente que acostumbra hablar –diríamos los mexicanos– sin los pelos de la burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para revisar frases, afirmaciones o documentos de figuras públicas para saber si están sustentados.]
EL DICHO: “Reitero mi más enérgica condena a los cobardes actos de agresión en contra del personal del Ejército Mexicano. El Gobierno de la República aplicará todo el peso de la Ley a los responsables. El robo de combustible, hay que decirlo y tenerlo presente, es un delito. Quienes lo practican exponen a sus familias y dañan a sus comunidades. La delincuencia organizada engaña y utiliza a la población para cometer el ilícito […]. He dado indicaciones […] para instrumentar una estrategia integral para combatir este ilícito en toda la geografía nacional. Trabajaremos de cerca con las autoridades del Gobierno de Puebla para coordinar esfuerzos hasta desmantelar por completo a las bandas delictivas que a ello se dedican” (Enrique Peña Nieto, Presidente de México, durante la toma de Protesta de Bandera a Soldados y Marinos del Servicio Militar Nacional Clase 1998, el 5 de mayo de 2017).
EL HECHO: El robo de combustible es un problema identificado en México desde poco más de una década. La declaración del Presidente -quien se encuentra en su quinto año de Gobierno- fue la primera al respecto. Para cuando Peña Nieto habló del ilícito, el problema había estallado. En el municipio de Palmar de Bravo, en el estado de Puebla, elementos del Ejército y huachicoleros (ladrones de combustible) se enfrentaron. La gresca dejó un saldo de 10 personas muertas -entre ellas cuatro soldados-, al menos 12 lesionados y 14 detenidos. Luego del enfrentamiento locatarios bloquearon por más de cinco horas la autopista que va de Puebla a Orizaba (Veracruz). La razón: que las autoridades presentaran a 13 de los detenidos por presunta ordeña de ductos (eran pobladores), y el cese definitivo de los operativos policiales y militares en los municipios pertenecientes al llamado “Triángulo Rojo”, conformado por seis municipios ubicados a media hora de camino de la ciudad de Puebla, por donde cruzan varios ductos de gasolina, diesel y petróleo de Pemex. Desde 2010, año en que el crimen organizado halló negocio en esta actividad que antes se daba de manera esporádica, la zona del “Triangulo Rojo” se ha caracterizado por los constantes incendios, enfrentamientos y otros hechos violentos, que se suscitan a raíz de la toma clandestina de combustible. Según los datos oficiales, la ordeña de ductos y la venta de combustible robado genera una ganancia ilícita de unos mil 600 millones de pesos al mes.
Para #DichosyHechos, la declaración del Presidente es tardía e inadecuada. Tardía porque viene a proponer una “estrategia integral” luego de cuatro años de Gobierno y de cuatro años de incesantes robos de combustible. Inadecuada porque su estrategia -la vía del ejercicio de la legítima violencia del Estado-, al igual que la de su antecesor (Felipe Calderón Hinojosa), no ha dado resultado. Así lo indican los siguientes datos.
· El creciente problema: Entre enero de 2014 y febrero de este año, las autoridades mexicanas aseguraron 17 mil 407 tomas clandestinas en el territorio nacional, que sumaron pérdidas por 159 mil 967 millones de pesos. De acuerdo con Pemex, Puebla es la entidad con más casos de robo de combustible (2 mil 881 tomas clandestinas en ese mismo periodo de tiempo). Le siguen Guanajuato (2 mil 866), Tamaulipas (2 mil 702), Veracruz (1 mil 443) y el Estado de México (1 mil 347). No es raro que Puebla encabece la lista, ya que por los seis municipios poblanos que conforman el “Triángulo Rojo” (Acajate, Acatzingo, Palmar de Bravo, Quecholac, Tecamachalco y Tepeaca) pasa el 40 por ciento del combustible que alimenta a la Ciudad de México -que termina distribuido a nivel nacional-. A pesar de la estrategia del Gobierno federal, entre el 2000 y el 2014, el robo de combustible en el país “se incrementó 2 mil 622 por ciento” con un “promedio de alza anual de 187 por ciento”, refiere un reciente dictamen de la Cámara de Diputados. Asimismo, el Informe Anual 2016 de Pemex refiere que, durante el año pasado, hubo un incremento de 24 por ciento en las pérdidas generadas por sustracción clandestina en poliductos; un aumento de 2 por ciento en fugas y derrames en el último año (se registró un total de 213 casos); y un alza de 10.5 por ciento en áreas contaminadas por los derrames y fugas.
· La solución “a fuerza” y la Ley… “bien, gracias”: La estrategia de los gobiernos federal y estatal se ha caracterizado, hasta el momento, por hacer uso de las fuerzas armadas y elementos de Seguridad Pública -la vía del ejercicio de la legítima violencia del Estado-. Tan sólo el mes pasado, el Gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, anunció que un total de 500 elementos de la Sexta Brigada Policía Militar se sumarían a la lucha en contra de la ordeña de ductos. Asimismo, durante la primera semana de este mes de mayo, se realizaron 25 operativos para “acabar” con este tipo de delito. Las autoridades lograron el “decomiso de 75 mil 191 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita [2 millones 64 mil 267 litros en lo que va del año]”, refieren datos del Grupo de Coordinación Puebla Segura, que conjunta a elementos de los tres órdenes de gobierno. En contraste, la Ley federal para sancionar delitos sobre hidrocarburos, que tras 10 años de discusión (apenas) entró en vigor en enero del año pasado, no había sido modificada hasta el 28 de abril de este año. Según la legislación actual, el “robo en ducto” se castiga con 15 a 25 años de prisión, y la “venta ilegal” conlleva una pena de dos a quince años de cárcel. En ese sentido, a la estrategia federal le ha faltado ser “integral”. Para Dwight Dyer, especialista en temas del sector energético mexicano y analista de Natural Gas Intelligence, “el problema se reduce al hecho de que el Estado de derecho es débil en México”, comentó en abril de 2017 al New York Times.
· Más que fuerza se requiere inteligencia: De acuerdo con una investigación periodística de Víctor Manuel Sánchez Valdés, integrante de la organización Causa en Común A.C. y profesor-investigador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, 53 municipios repartidos entre los estados de Baja California, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, concentran el 67 por ciento de los reportes de casos de ordeña de ductos de Pemex. Según los resultados de su análisis, existen al menos dos elementos necesarios para combatir la ordeña clandestina: primero, en lugar de desplegar elementos se seguridad por toda la República mexicana, bastaría con concentrar los esfuerzos en los más de cincuenta municipios con mayor incidencia delictiva, para desarticular a las bandas de ladrones de combustible. Además, Sánchez Valdés establece que ni siquiera sería necesario cubrir toda la extensión territorial de los municipios, pues sería suficiente con vigilar la ruta que siguen los poliductos. Segundo, desarrollar trabajo de inteligencia, a partir del cual, sean analizados los patrones de comportamiento de las bandas criminales, en un determinado lugar, por ciertos periodos de tiempo, con la finalidad de perseguir, castigar y prevenir la incidencia delictiva.
· Oportunidades y corrupción: Además de tener que luchar contra las bandas criminales que perforan los ductos de Pemex, una situación que fomenta que los integrantes de diversas comunidades trabajen de la mano con los huachicoleros (ladrones de combustible), es la oportunidad de un “empleo” lucrativo o la de conseguir combustibles baratos. Según la información oficial del Gobierno federal, todos los días son robados 5.5 millones de litros de combustible en todo el sistema de ductos de Pemex. Mientras los precios legales de los energéticos (Magna, Premium y diesel) van desde los 16.41 hasta los 18.18 pesos por litro, en algunos lugares el litro de gasolina robada se vende entre los cinco y los seis pesos (en promedio, un 32 por ciento más barata). Esta situación se vio agravada con el denominado “gasolinazo” de principios de este año. Por otro lado, existen casos en que las autoridades participan del negocio criminal (son sobornados). Hace un año, fue noticia que policías, ministerios públicos y empleados de Pemex fueron detenidos por estar implicados en la ordeña de ductos. Esos fueron los casos de Marco Antonio Estrada López, director de la Policía Estatal Preventiva, y de Tomás Méndez Lozano, jefe del Grupo de Operaciones Especiales.
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Para #DichosyHechos, la “estrategia integral” llega tarde. En cuatro años, el gobierno peñanietista no reaccionó con ningún plan de acción. Falta ver que Peña Nieto cumpla con su palabra. En el pasado, cuando anunció planes para resolver conflictos, no los cumplió. El 27 de agosto de 2013 presentó un decálogo sobre seguridad y justicia en el que proponía profesionalizar los cuerpos policiacos, transformar el sistema penitenciario y fortalecer la inteligencia. Hasta ahora, no se hizo. Otro ejemplo: el 27 de noviembre de 2014, cuando la crisis de Ayotzinapa, anunció otro decálogo para la Paz, la Unidad y la Justicia. Consideraba policía única, clave única de identidad y ley contra infiltración del crimen organizado. No hay nada hoy de ello.
