Después de que, el pasado 4 de junio, Jorge Hank Rhon fue arrestado en su casa de Tijuana por acopio ilegal de armas de fuego y municiones, su proceso judicial desembocó en su transferencia a la penitenciaría local de “El Hongo”, acompañado de 10 integrantes de su equipo de seguridad.

México es uno de los países más rigurosos del mundo en cuanto al tema de posesión de armas, motivo por el que el delito contra Hank Rhon es considerado grave, a causa de violaciones correspondientes a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La detención del polémico político priísta alcanzó impacto internacional. The Washington Post mencionó que Hank, uno de los hombres más ricos de México, se ha visto rodeado por rumores que lo relacionan con lavado de dinero y tráfico de drogas, aspectos que nutren con mayor polémica su situación jurídica.

Sin embargo, se ha desatado una gran polémica por considerarse que la detención tiene tintes político, en vísperas de las elecciones del 3 de julio. Incluso el PRD exigió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presente un informe que explique detalladamente sobre el armamento confiscado al también empresario, dueño de la cadena Grupo Caliente, que se dedica a las apuestas.

La primera audiencia del caso Hank Rhon se realizó por la tarde de este 8 de junio. La jueza Blanca Evelia Parra Meza determinará el destino del priísta, cuyo arresto fue calificado por el PRI como “una cacería de brujas” en su contra, declaración que fue rechazada por la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales, quien afirmó que “cada caso es sustentado con evidencia”.

 

Pablo Salazar, tras las rejas

Apenas el 7 de junio, el PRI se vio nuevamente asediado por la opinión pública con el arresto de Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador de Chiapas, quien fue priísta en su origen y, luego, ganó la gubernatura chiapaneca con una coalición de partidos entre los que figuraron el PRD y el PAN:

Salazar Mendiguchía fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Cancún y acusado de varios delitos, entre ellos abuso de autoridad, asociación delictuosa y desvío de dinero por 104 millones de pesos. Ante esto afirmó, según El Universal, que las acusaciones en su contra “forman parte de una venganza política del gobierno de Juan Sabines Guerrero”.

Las rencillas entre el titular del gobierno de Chiapas y Salazar comenzaron desde que el primero ascendiera al cargo. En la más reciente, ocurrida el pasado 3 de mayo, el ex gobernador chiapaneco emitió un documento sobre el destino de un fondo de 11 mil millones de pesos para la reconstrucción de daños por el huracán Stan, del que se le acusa de fraude.

En Radio Fórmula argumentó su defensa con el archivo mencionado, al señalar que al gobierno de Sabines no se le ha cuestionado el motivo por el que no ha finalizado la reconstrucción chiapaneca, además de destacar que en su administración había realizado un avance al respecto.

Incluso mencionó que Josefina Vázquez Mota, cuando era titular de la Secretaría de Desarrollo Social, manejó los recursos otorgados para la reconstrucción de daños por el huracán Stan en 2005, pero la panista negó tajantemente esa declaración.

Sin embargo, el ex priísta está ahora frente a un proceso judicial complicado por los cargos que se le imputan y el Ministerio Público estatal busca dictarle 20 años de prisión.

Pese a ello, Salazar no se quedó con los brazos cruzados. En inconformidad por su retención y después de trasladársele al Centro de Readaptación Social “El Amate”, inició una huelga de hambre e hizo una solicitud especial a los medios de comunicación para que “transmitieran que él va a salir como un hombre inocente o un hombre muerto”.

 

Moreira y Eruviel exigen transparencia

Ante estas acusaciones, que implican a dos priístas, que pueden perjudicar el intento de renovación de imagen de su partido, Humberto Moreira, dirigente nacional del PRI expuso: “Lo que buscamos nosotros primero es que se desarrolle una investigación que sea transparente la misma y vamos a estar atentos a que se respete el Estado de Derecho”.

Por su parte, Eruviel Ávila, candidato del PRI al gobierno del Estado de México, planteó que estos descalabros han herido a sus colegas del PRI. El 8 de junio, en una visita a Huixquilucan, pidió que “se aplique la legalidad y sin tintes políticos electorales y separarse del proceso electoral”.

En menos de una semana, el PRI ha visto a dos de sus representantes tras las rejas: uno en “El Hongo” y otro en “El Amate”. Hank Rhon y Salazar Mendiguchía tendrán que defender sus propias causas, mientras que el tricolor tratará de que el escándalo no afecte su propósito de ganar las elecciones del próximo 3 de julio en el Edomex, Coahuila, Nayarit e Hidalgo y, más allá, que no surjan más traspiés, pues su gran objetivo está puesto en 2012, cuando podrían regresar a Los Pinos.