México, 9 Jun. (Notimex).- Como parte de la Iniciativa Mérida, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron una carta de entendimiento para crear una maestría en derechos humanos y seguridad pública.
La embajada de Estados Unidos en México señaló que la maestría, que será asistida por el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), fomentará la cultura de respeto y protección de los derechos humanos en todas las tareas del quehacer institucional.
En su página electrónica detalló que por Estados Unidos el convenio fue firmado por el administrador adjunto de la USAID, Mark Feierstein, mientras que por México lo hizo el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Alejandro Rubido.
También José Luis Espinosa, director del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), donde se impartirá la maestría, y el director para Asuntos Especiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Francisco de la Lama.
La embajada estadunidense mencionó que la primera generación estará conformada por 300 servidores públicos de todas las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública.
Durante la firma del convenio, celebrada el martes 7 de junio, Mark Feierstein recordó la importancia que ambos países conceden a los derechos humanos.
Señaló que particularmente en la lucha contra la delincuencia es necesario contar con el apoyo y la confianza de los ciudadanos, por lo cual es de vital importancia garantizar los derechos humanos de toda persona que tenga contacto con las fuerzas de seguridad, incluyendo a delincuentes.
El funcionario estadunidense reconoció el esfuerzo de la SSP por promover una cultura institucional de respeto a las garantías individuales, y confió en que esta primera generación ayudará a difundir dicha práctica.
La maestría incluye temas como derechos humanos de grupos vulnerables, instrumentos nacionales e internacionales en la materia, principios de justicia para víctimas del delito, código de conducta para funcionarios y derecho internacional humanitario.
