Por Isela Serrano
Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo/LucesDelSiglo).– Desde la década de los 90, un grupo de empresarios encabezados por Fernando Ponce García, fraguaron una estrategia para hacerse de los derechos ejidales de cientos de habitantes de la zona de Holbox, al norte de Quintana Roo.
Ejidatarios y campesinos dijeron haber sido engañados para despojarlos de sus tierras. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental exhortó a la Semarnat a rechazar el proyecto por pretender talar un manglar para abrir canales y hacer dragados en un Área Natural Protegida mientras que el pasado 4 de junio, ciudadanos se manifestaron para exigir la restitución de sus propiedades.
El hombre más influyente de la Península de Yucatán, dueño de Bebidas Peninsulares (Bepensa) –un conglomerado de 50 empresas y distribuidor de la Coca-Cola en la región–, adquirió decenas de hectáreas a través de sus socios para poder desarrollar el polémico proyecto turístico de “La Ensenada”, enclavado en la reserva de la biósfera de Yum Balam, gracias a la generosidad de los gobiernos federal y estatal.
La ambición que desde entonces mostró este grupo empresarial por apoderarse de esta bella isla, contó con el apoyo, las facilidades y hasta con la sociedad de políticos estatales, como el ex Gobernador y actual Senador Félix González Canto.
No sólo socios comerciales de Bepensa y familiares de Ponce García figuran como propietarios de ejidos en la ínsula, según datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC) de Cancún. También se encuentra el primo de González Canto, Jaime Zetina González.
En la lista de socios de Ponce García figura como “ejidatario” Ermilo Javier Castilla Roche, uno de los socios de Península Maya Developments, empresa que desarrolla “La Ensenada”, y que obtuvo seis lotes en Holbox el 13 de septiembre de 2009, durante el sexenio de González Canto.
Según los documentos, al empresario se le entregaron estos terrenos “por instrucciones del C. Felipe Calderón Hinojosa”, siendo delegada del Registro Agrario Nacional (RAN) Arlette Aguiar Irigoyen, una funcionaria vinculada con diversos procedimientos fraudulentos en terrenos ejidales.
También Ponce García figura como titular de varios terrenos que fueron cedidos a su hijo, Fernando José Ponce Díaz, quien obtuvo seis títulos de propiedad en ejidos de Holbox, siendo delegada del RAN Alicia Ricalde Magaña, y Presidente Vicente Fox Quesada.
Y también su hija, Margarita del Pilar Ponce Díaz posee seis ejidos más en la ínsula. Además, Fernando Ponce García donó una propiedad a Península Maya Village SA de CV, empresa que no figura en el RPPC de Cancún.
A pesar de todo esto, el grupo Bepensa emitió un comunicado en el que se desvincula del proyecto y las propiedades de la familia. El mensaje asegura “que sus actividades empresariales nada tienen que ver con los negocios privados de sus accionistas o socios comerciales, siendo actividades separadas e independientes”.
“Bepensa no tienen ninguna participación accionaria, ni como inversionista, directo o indirecto en proyecto turístico inmobiliario alguno en la isla de Holbox”, aclara la compañía.
El emporio Bepensa inició hace casi 70 años cuando Fernando Ponce G. Cantón adquirió la franquicia para embotellar y distribuir Coca-Cola en Yucatán. Vinieron después negocios de distribución y transporte, publicidad, propaganda y talleres mecánicos. Luego obtuvo la concesión de automóviles Volkswagen y Camiones International e incursionó en la renta y venta de automóviles y de maquinaria.
El grupo empresarial opera en 15 estados del país, así como en Centroamérica y el Caribe. En Quintana Roo manejan las empresas de distribución de automóviles Audi y Porsche, la venta y renta de las maquinarias Cummins, Case, Komatsu Montavert, así como carros de golf Club-Car, entre otros negocios.
Ahora, el proyecto en la mira del dueño de este emporio es “La Ensenada”, cuya inversión será de alrededor de 850 millones de dólares, a través de la compañía Península Maya Developments, constituida legalmente el 13 de noviembre de 2007.
De acuerdo con el folio mercantil electrónico 18753, la compañía está integrada por empresarios yucatecos y de la ciudad de México; y tiene como objeto social la adquisición, venta, arrendamiento, desarrollo, construcción, diseño, administración, gerencia, mantenimiento, mercadeo, comercialización, gestión, explotación y operación de todo tipo de desarrollos inmobiliarios.
Su capital fijo son 5 mil acciones. De éstas, 4 mil 999 son para Península Maya Group –otras empresa que no figura en Cancún– y una acción para Fernando José Ponce Díaz, hijo de Ponce García.
El consejo de administración está constituido por Gabriel Antonio Cámara Roche, Ermilo Javier Castilla Roche –yerno de Ponce García–, Juan Manuel Ponce Díaz –otro de sus hijos– y el propio Fernando Francisco Javier Ponce García.
Y en el polémico proyecto de “La Ensenada” también participa el presidente de la asociación de desarrollos inmobiliarios y vicepresidente de Grupo Ara, Germán Ahumada Alduncin, compañía líder en el sector.
Otros empresarios que han sido vinculados con el desarrollo turístico y señalados por obtener predios a base de engaños –según ha salido a la luz en medios nacionales–, son Roger Roche Millet, director general de Coldwell Banker Bienes Raíces, Chichen Realty y director de capacitación de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Mérida; Hugo Boehm Calero, director del hospital Star Médica de Mérida y Federico Berrón Autrique, empresario dedicado a la producción de miel.
A estos nombres habría que sumar el del ex Gobernador Félix González Canto, quien desde un principio avaló el proyecto y lo promovió como un potenciador del desarrollo turístico en la entidad. A través de su primo y presunto prestanombres, Jaime Zetina González, adquirió títulos de propiedad en la ínsula, justo en las inmediaciones de donde se desarrollará el proyecto.
VÍNCULO GONZÁLEZ PONCE
En septiembre de 2006, tras haber laborado durante 12 años como empleado de Ponce García, Jaime Manuel Zetina González, adquirió 12 títulos de propiedad en ejidos de Holbox, cuando se desempeñaba como secretario de Fomento Económico de Yucatán.
Los documentos, “que se expiden de conformidad con el acta de asamblea de ejidatarios”, fueron expedidos en Chetumal, capital del estado gobernado por su primo y firmados por Alicia Ricalde Magaña en su calidad de delegada estatal del RAN en la entidad.
Este vínculo con el empresario se extendió al ex gobernador de Quintana Roo. En sólo dos años, el grupo liderado por Ponce García invirtió en la entidad más de 350 millones de pesos.
Meses después, el 21 de mayo de 2007, el entonces mandatario estatal entregó en Holbox mil 27 títulos de propiedad, y dirigió un emotivo mensaje a los ejidatarios, casi todos ancianos:
“Ustedes han logrado esto porque están pensando en sus hijos, lo que viene es grande, colocará a Holbox en los ojos de miles de turistas”, les dijo.
Fueron testigos del acto los entonces diputados federales Eduardo Espinosa Abuxapqui y Yolanda Garmendia Hernández; el diputado local Gastón Alegre López; el magistrado agrario Rodolfo Veloz y Jorge López Negrete, delegado de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo, así como Agapito Magaña Sánchez, en su figura de delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cancún.
Puras promesas. La realidad es que ese día, González Canto no expidió los títulos de propiedad a favor de cada uno de los ejidatarios, sino que los documentos se inscribieron en el Registro Público a nombre del banco norteamericano J.P. Morgan.
Ocho meses más tarde, a principios de 2008 se habló por primera vez de un exclusivo desarrollo denominado “La Ensenada”, parte del plan Visión Isla Holbox, que comprendía un complejo turístico con tres hoteles, 872 villas, un helipuerto, dos campos de golf y una gran sala de estar al aire libre con vista al puerto.
Se habló de la construcción de centros de hospedaje sobre una superficie de 8.85 hectáreas. Se destinarían 114.57 hectáreas para bienes raíces, 1.44 hectáreas para área comercial, 34.72 hectáreas para canales de agua y 23.86 hectáreas para caminos y servicios.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, las obras se realizarían en la llamada “isla grande”, a la que únicamente se puede acceder en helicóptero y a través de embarcaciones.
Además, el proyecto, que incluiría más cuartos que la población de 2 mil habitantes de la isla, fue pensado por los desarrolladores para perdurar únicamente 50 años. La iniciativa fue avalada y aplaudida desde un principio por González Canto, hoy senador de la República.
Y uno de los agradecimientos públicos del ex mandatario durante la entrega de títulos de propiedad a supuestos ejidatarios, fue para la entonces delegada del RAN, Alicia Ricalde Magaña, por “el invaluable apoyo, la gestión y la rectitud” para “consolidar este sueño de los habitantes de Holbox”.
La funcionaria respondió con la misma atención al Ejecutivo estatal, al cual agradeció el apoyo otorgado y, sobre todo, “por habernos quitado los obstáculos para dar solución a los habitantes de Holbox”.
Un año después, la panista Ricalde Magaña llegaría a convertirse en alcaldesa de Isla Mujeres, un municipio históricamente vinculado al PRI. Y sería ella también, quien a través de su cuenta de Twitter, difundiría la celebración de la asamblea acusada de ilegal, celebrada la semana pasada, donde Holbox se dividió en cuatro ejidos y se consumó el plan conjunto de empresarios y gobernantes.
EL DESPOJO DE UNA ISLA
Holbox es una ínsula de pescadores y pequeños hoteles, cuyo nombre en lengua maya significa “hoyo negro”. Pertenece al Área Natural Protegida Yum Balam y es un santuario natural de aves marinas y tortugas carey. También un refugio de garzas y flamencos rosas, además de ser lugar de avistamiento del tiburón ballena.
La paz que brinda Holbox a sus visitantes es quizá directamente proporcional a la ambición que despierta. Y aunque desde hace 20 años fue declarada área de protección de flora y fauna, desde hace 19 años no se ha publicado su programa de manejo, lo que deja vulnerable a la isla ante proyectos como “La Ensenada”.
Y a pesar de las constantes quejas de los residentes de la isla, una resolución de la Suprema Corte de Justicia, emitida en 2012, les concedió a los empresarios de Península Maya Developments, un amparo y dejó sin efecto la demanda de nueve ejidatarios que se oponen al proyecto.
Pero fue el domingo 1 de junio pasado cuando se llevó a cabo la asamblea fatal. Se impidió el acceso a auténticos ejidatarios y la reunión se efectuó en un sitio diferente al previamente establecido, todo bajo el aval de las autoridades del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría del ramo, con lo que los ejidatarios habrían perdido su patrimonio.
Dicha asamblea, catalogada de ilegal por el presidente del comisariado ejidal, Nivardo Mena Villanueva, se efectuó en secreto en otro restaurante, donde acudió como representante de la Procuraduría Agraria, Jorge López Negrete y la notaria Enna Rosa Valencia Rosado. Ahí se aprobó la división de la isla en Holbox, Isla Holbox, Península Holbox y Punta Holbox.
La asamblea –el pequeño poblado de Kantunilkín y todos sus accesos carreteros– estuvo fuertemente custodiada por policías estatales a cargo del general Carlos Bibiano Villa, quien para disuadir a los ejidatarios y sus familiares opositores al proyecto, atropelló a un anciano y dio instrucciones de usar gases lacrimógenos y piedras para agredir a la población. Tres días después, el general Villa presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Enfurecidos, los ejidatarios que horas antes se habían manifestado de manera pacífica, tomaron la alcaldía de Holbox y advirtieron que no permitirían que los empresarios, a base de engaños y abusos, los despojaran de sus tierras con la complicidad del gobierno.
Denunciaron que, sin asesoría legal, ni permitírseles leer y comprender el cerro de hojas que firmaron, fueron engañados, ya que los empresarios yucatecos les ofrecieron formar parte del desarrollo turístico. Una mentira más en la que, reconocieron, cayeron sin remedio.
La noticia de la asamblea que despojó a los ejidatarios de Holbox corrió como pólvora en las redes sociales. A través de diversas plataformas, la comunidad internacional ha emprendido una campaña de rechazo de este proyecto. En sólo cuatro días, se registraron 60 mil firmas solidarias, en favor a la causa de los ejidatarios.
Días después del escándalo en los medios, la empresa Bepensa se deslindó de tener contemplada a “La Ensenada” en su portafolio de negocios, lo cual contradice lo que ha venido declarando el mismo Ponce García desde 2009, en el sentido de que este proyecto inauguraría el ingreso del grupo empresarial al sector turístico.
Hasta el momento, en el terreno legal, los intereses comerciales y políticos de “La Ensenada” han sido más poderos.
El 29 de mayo, dos días antes de la asamblea en Kantunilkín, la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermanat) en Quintana Roo reanudó el proceso de evaluación ambiental de “La Ensenada” que fuera suspendido en 2012, lo que mantiene en vilo el futuro de la paradisiaca isla de Holbox.
