Las actividades estuvieron marcadas por la división que comenzó el año pasado entre las viudas y sobrevivientes, a raíz de que el Gobierno federal ofreció proyectos productivos.El ofrecimiento de los gobiernos federal y estatal fue a condición que desistieran de su demanda de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), petición que aceptaron y sólo mantienen la demanda los sobrevivientes Efrén Cortés Chávez y Ericka Zamora.

En contra parte, el pasado 8 de junio un grupo de viudas que encabeza Eustolia Castro Ramírez, denunciaron en conferencia de prensa que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad les exigió el pago de 250 mil pesos, para seguir impulsando ante la CIDH la acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño.

Guerrero/Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).– En el 20 aniversario de la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, Guerrero, dirigentes de organizaciones sociales exigieron el esclarecimiento total del caso, justicia para las víctimas y castigo a los militares que ejecutaron ese asesinato masivo.

Las actividades estuvieron marcadas por la división que comenzó el año pasado entre las viudas y sobrevivientes, a raíz de que el Gobierno federal ofreció proyectos productivos, mientras que el Gobierno estatal llamó a una reunión con el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Javier Rojas Benito, a un grupo de las viudas y sobrevivientes encabezados por Eustolia Castro Ramírez, a quienes ofreció el acompañamiento de la dependencia a su cargo “para asesorarías en sus gestiones y planteamientos ante las instituciones gubernamentales”.

El ofrecimiento de los gobiernos federal y estatal fue a condición que desistieran de su demanda de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), petición que aceptaron y sólo mantienen la demanda los sobrevivientes Efrén Cortés Chávez y Ericka Zamora.

Ante esta división, por primera vez no estuvieron las viudas, quienes encabezadas por Castro Ramírez ofrecieron una conferencia de prensa en Chilpancingo este jueves, e informaron que desistieron de su exigencia de justicia y reparación del daño, “porque algunas organizaciones sociales y de derechos humanos han lucrado con el caso”.

Castro Ramírez a nombre de 10 viudas denunció concretamente que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad exigió el pago de 250 mil pesos para seguir impulsando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño.

Mientras tanto en El Charco, unas 300 personas, integrantes de distintas organizaciones, marcharon y participaron en el mitin frente a la escuela Primaria Caritino Maldonado Pérez, donde el 7 de junio de 1998 ocurrió la masacre.

Los dirigentes de las organizaciones que asistieron coincidieron en hacer un llamado a la unidad de las víctimas y de los pueblos de la zona para seguir exigiendo justicia, “porque a 20 años de la masacre prevalece la impunidad”, dijo Nicolás Chávez Adame.

LA MASACRE

Hace 20 años en El Charco, soldados del Ejército masacraron a 10 campesinos y a un estudiante universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además hubo cinco heridos y 22 detenidos.

La marcha comenzó a las 12:05 en el crucero Ocote Amarillo.

Los asistentes coreaban consignas como: “7 de junio no se olvida, es de lucha combativa”, “28 de junio no se olvida, 26 de septiembre no se olvida”, “Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta” y “Gobierno ojete el pueblo no es juguete”.

En este aniversario por primera vez no participaron en la marcha integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), como en años anteriores pero montaron una guardia de vigilancia en la entrada del pueblo, según informaron los asistentes.

Otra de las novedades fue la asistencia del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.

Como parte de las actividades, el 6 de junio partió una caravana de la Ciudad de México en la que participaron la Red Década Contra la Impunidad, así como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem-Fedefam), Fray Julián Cruzalta fundador y asesor Teológico de Católicas por el Derecho a Decidir, y fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

Se integraron, además, los pastores y defensores de derechos humanos Arturo Carrasco y Hugo Gallardo.

En Chilpancingo agrupaciones que pertenecen a la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero se integraron.

El 7 de junio unas 300 integrantes de esas agrupaciones y otras como la Corriente Democrática Popular, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), integrantes del Frente de Lucha de Acapulco, Frente Popular de Tlapa, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), universitarios de la UNAM participaron en la marcha de cada año, y al final participaron en el mitin en la cancha techada de la escuela donde fue la masacre.

La exigencia de quienes asistieron para recordar la masacre fue la misma: justicia y castigo a los responsables.

Fray Julián Cruzalta expresó: “Vamos a pedir justicia porque a 20 años de la matanza de El Charco es lo que no ha habido, justicia para esta matanza, las autoridades dicen que no hay muertos ni torturados, pero quienes vivieron la matanza saben que el Gobierno miente, las matanzas de El Charco, Aguas Blancas y Ayotzinapa son matanzas que duelen porque son ignoradas por las autoridades”.

Dijo que Guerrero es un estado muy lastimado por estas matanzas, “no les voy a hablar de la violencia porque ustedes diariamente la viven, vamos a repetir tres veces hasta que la justicia y la paz se den”.

Por su parte, el presidente de la Coddehum Navarrete Magdaleno, dijo en su intervención que “es muy lamentable que estemos aquí conmemorando 20 años de la matanza del Charco, estos actos vergonzosos no se deben de volver a repetir. Quiero decirles que los Derechos Humanos están de su lado, que estamos caminando de la mano con ustedes”, manifestó.

La dirigente de la OCSS, Norma Mesino, dijo que a 20 años de la masacre sigue la impunidad y que la lucha debe mantenerse para que el Ejército sea investigado y castigado por delitos de lesa humanidad que se cometieron en ésta masacre.

A su vez, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, dijo que la exigencia de justicia debe seguir ahora ante la CIDH, porque en México no hubo voluntad para investigar y castigar a los responsables, “hay una responsabilidad jurídica que debe revisar ese organismo internacional para que se dé respuesta a la exigencia del justicia”, dijo.

Consultado vía telefónica, informó que los oradores coincidieron además, que se debe articular la lucha social para exigir no solamente el esclarecimiento del caso de El Charco, sino el de Aguas Blancas, a donde las organizaciones que asistieron al aniversario de El Charco acordaron ir también el 28 de junio a Aguas Blancas.

Un representante de los pueblos Na Savi habló de la necesidad de mantener la unidad para exigir justicia, “necesitamos unirnos, hacer una sola fuerza. No podemos exigir justicia unos allá y otros acá como pollitos sin mamá, debemos unirnos como pueblos”, expresó.

Añadió que la exigencia no solamente debe ser de justicia por la masacre, sino para que haya desarrollo en estos pueblos “marginados, abandonados, no hemos recibido nada”, se quejó.
Llamó a que no haya cansancio para seguir reclamando justicia, “pero unidos y organizados, porque si empezamos como pueblos a discutir y a pelear, no nos van a hacer caso”.

RESPUESTA DE ERIKA ZAMORA

En respuesta al grupo de viudas que encabeza Eustolia Castro Ramírez, quienes en conferencia de prensa denunciaron que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad les exigió el pago de 250 mil pesos, para seguir impulsando ante la CIDH la acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño, Zamora Pardo publicó en su muro del Facebook que fue un acuerdo del Comité de viudas y de sobrevivientes “que todos cooperáramos para continuar el caso”.

Explicó que hubo una reunión con el equipo de trabajo de la CIDH en Washington con las víctimas, y que el acuerdo fue que asistiría una viuda (Eustolia) y 2 representantes de la Red Solidaria, pero que se necesitaban recursos para su traslado por lo que fueron cooperando “de poco en poco” y que a lo largo de dos años aportamos 230 mil pesos “que se fueron utilizando de acuerdo a las necesidades del caso”.

Sin embargo, dijo que a partir del año pasado, la representante del Comité de Viudas decidió ya no participar en la organización de la conmemoración, aunque sí asistió al acto.

A su vez agregó que en febrero de este año, manifestó ante organizaciones de Estados Unidos, su decisión de no hacer nada el 7 de junio y no continuar el caso ante la CIDH porque preferían exigir la indemnización ante el Gobierno del estado.

“Entendemos la decisión de las compañeras de desistirse de la denuncia internacional, realmente deseamos que el gobierno les cumpla sus demandas, han sido 20 años de un largo peregrinar por la búsqueda de la justicia, que ni todo el dinero del mundo logrará pagar el sufrimiento”, dijo.

Y luego advirtió que quienes han decidido continuar con la demanda ante la CIDH a través de Red Solidaria Década Contra la Impunidad, “no desistiremos hasta lograr justicia. Y ningún Gobierno, municipal, estatal o federal puede señalarnos de haber recibido un sólo peso a costa de la masacre de El Charco”.

YA NO PEDIRÁN JUSTICA

Después de 20 años de la masacre de El Charco, Ayutla de los Libres, las viudas informaron que se acabó su exigencia de justicia y reparación del daño, porque algunas organizaciones sociales y de derechos humanos han lucrado con el caso.

En conferencia de prensa en Chilpancingo, Eustolia Castro Ramírez a nombre de 10 viudas denunció que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad les exigió el pago de 250 mil pesos, para seguir impulsando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño.

La mujer me’ phaa leyó un posicionamiento en el que reclamó que la muerte de sus esposos no ha sido aclarada “por actos del Ejército, mucho se ha dicho y escrito sobre eso, nosotras no estábamos ahí, no podemos atestiguar, pero los sobrevivientes sí estuvieron presentes en los hechos en ese instante”.

Agregó que durante 20 años “hemos sido traídas y llevadas por dirigentes de organizaciones sociales y líderes que sospechamos han lucrado con nuestro dolor, en esos años en las que varias de nosotras éramos adolescente sólo hemos recibido una canasta de despensa y cobijas por las autoridades municipales.

En 1998 les dieron 10 mil pesos por el Gobernador René Juárez Cisneros, pero a algunos sobrevivientes no les tocó nada.

“Nuestra soledad y necesidad económica como viudas y sobrevivientes por nuestros hijos nos hizo esperanzarnos en organizaciones internacionales, que han sido sordas y ciegas a nuestro sufrimiento. Motivo por el cual decidimos acudir ante la SAICA (Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas) para que pudiéramos ser atendidos”.

“Por lo anterior hemos consensado cerrar este capítulo de nuestra vida, y para lograrlo venimos a solicitar al Gobernador del estado –Héctor Astudillo Flores– nos reciba en una audiencia y seguras estamos de que con su apoyo y guía por fin hallaremos una salida hacia la luz de nosotras y nuestros hijos”.

Abundó que solicitarán al Gobierno del estado proyectos productivos para trabajar el campo, pero insistió en que el caso se tiene que cerrar porque algunas organizaciones sociales han utilizado el tema para sacar provecho, “ninguna de las organizaciones sociales, ya no hablen de este caso”.

Dijo que la desesperación que les causaba la deuda de 250 mil pesos que le reclama la Red Solidaria Década Contra la Impunidad las obligó a dejar de pedir justicia ante la Comisión Interamericana.

Dijo que los representantes de la organización les solicitaron 39 mil 400 pesos para tramitar unos proyectos productivos a nivel federal, pero no cumplieron.

También solicitaron ser libres y dejar de estar “fichadas” por las autoridades, además de que el diálogo con el Gobierno del estado será en paz, y negaron cualquier presión para dar la conferencia.

Castro Ramírez reclamó que los sobrevivientes Efrén Cortés Chávez y Éricka Zamora Pardo, no les han informado si ellos continuarán luchando para exigir justicia, una decisión que respetan.

Una hija de un sobreviviente, Delfina Trinidad Oliva coincidió en la postura de las viudas, aunque reconoció que el daño no será reparado, “queremos que se cierre el caso y que se cierre bien, porque algunos sobrevivientes no han recibido apoyos”.

Un sobreviviente que fue apresado un año y medio, Anastasio Ramírez Simona demandó al Gobernador un buen apoyo a las mujeres y a todos los detenidos, porque no han recibido nada.

El sobreviviente y ex policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Bernardino García Francisco solicitó que el caso se cierre de una vez por todas, porque muchos se aprovechan y a los verdaderos afectados no se les apoya.

El 7 de junio de 1998 el Ejército disparó y mató a 10 campesinos y un estudiante universitario, además dejó cinco heridos y 22 detenidos, según lo que han narrado los sobrevivientes del ataque.

-Con información de El Sur