Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– La madrugada del 27 de octubre, un gran estruendo se escuchó en la comunidad de Oxiacaque, en el municipio de Nacajuca, en Tabasco. El pozo Terra 123 de Petróleos Mexicanos (Pemex) explotó. Una gran llamarada alertó a los vecinos y el derrame de crudo alcanzó los ríos más cercanos, lo que provocó que el 90 por ciento de la población que vive cerca del pozo presente ahora graves daños en su salud.

De acuerdo con el estudio “Impacto Ambiental de las Comunidades de Oxiacaque por las Actividades Petroleras en el municipio de Nacajuca, Tabasco”, realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), reveló que los pobladores presentan visión borrosa, dolor de cabeza, alucinaciones, cansancio, habla arrastrada, daño cerebral, sarpullido en la piel, entre otras enfermedades, además de que la fuente más importante de su ingreso, la agricultura y la ganadería, fue devastada.

Sin embargo, la paraestatal petrolera que lleva 30 años de operar en las cercanías de la comunidad jamás ha sido sancionada por emitir gases contaminantes, ni por mantener encendidas sus grandes velas industriales que dañan el aire y ponen en peligro a los comuneros; tampoco por los constantes derrames de petróleo que ocasiona. Ante esta situación, integrantes del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) viajaron al Distrito Federal para hacer un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que Pemex pague los daños por concepto de indemnización.

Uno de los integrantes del frente de comunidades afectadas de Tabasco denunció malos tratos de los funcionarios de la entidad, que incluso les han dado portazos. “Nos merecemos respeto por muy humildes que seamos, que nos dejen trabajar. Le pedimos al Presidente Enrique Peña Nieto dar alternativas de solución […] no venimos con afán de molestar a nadie, sólo queremos ser tomados en cuenta”, dijo Rubicel López.

Los afectados por las obras que realiza Pemex, así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) explicaron que estas causan la contaminación del los ríos que abastecen a las comunidades, ya que con la construcción de camellones impiden el libre desplazamiento del agua, además de que la liberación del líquido de las presas provoca grandes inundaciones, explicaron.

Ante los daños que los comuneros han denunciado desde 2009 –y que no han sido tomados en cuenta con acciones que mitiguen los problemas anteriores–, el Frente de Comunidades de Tabasco presentará ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una queja con el estudio realizado por los investigadores de la UACM, que da cuenta de las afectaciones que han sufrido desde 2007, cuando ocurrieron grandes inundaciones en el estado,un  problema que se agravó con la explosión de 2013 y que ha afectado a más de 80 comunidades.

ENFERMEDADES Y MUERTE 

Efraín Rodríguez León, asesor Jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, explicó que las comunidades fueron afectadas en muchos aspectos que van desde su salud, alimentación, economía, servicios, trabajo, vivienda, contaminación de agua, suelo, aire y vegetación”, afectaciones derivadas del derrame de crudo.

Aquel incendio se prolongó durante 58 días, varios cuerpos de emergencia acudieron para mitigar el accidente. “Ese humo lo respiramos y cayó sobre el suelo, la flora, fauna. A raíz de este problema la gente tiene un sin fin de enfermedades como llagas en la piel, problemas bronco respiratorios, gastrointestinales, irritación envista por mencionar algunos. El agua está contaminada de petróleo, al igual que nuestras cosechas. El ganado se está muriendo”, advirtió Rubicel López de la comunidad de Oxiacaque.

Los integrantes del comité llevaron muestras del agua contaminada que deben utilizar los campesinos para su consumo personal, y darle de beber al ganado; con estas pruebas, videos, y fotografías evidenciaron el problema que el Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, “no ha podido o querido resolver”.

Algunas de las empresas que operan con Pemex, son compañías españolas, chinas o canadienses. Una de estas firmas es la empresa Halliburton que los pobladores y algunos funcionarios ubicaron como la principal operadora de la paraestatal.

Un mes después de que se diera la explosión en Oxiacaque, el Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adán Augusto López Hernández, reconoció que el pozo Terra 123 era explotado por la transnacional Halliburton mediante un “contrato de alianza” en el cual Pemex aportaba el personal y la corporación extranjera el equipo, según dieron a conocer diarios locales.

El funcionario alertó sobre la llegada de 100 camiones que esperaban para desalojar a los habitantes de esta zona indígena, en las poblaciones Oxiacaque y El Sitio, las cuales se encontraban en condiciones de extrema pobreza, por lo que solicitó a los legisladores actuar a tiempo para evitar una tragedia. Sin embargo, hasta la fecha, los pobladores denuncian que de los acuerdos firmados ante la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental de Tabasco (SERNAPAM) en marzo de 2013, no se han realizado acciones que indemnicen a todos los afectados.

Los integrantes del comité también denunciaron que la empresas utilizan dinamita para provocar explosiones en la región, actividad propia de la paraestatal, lo que provoca aparte de miedo, deslaves y más contaminación del agua por la tierra que se desprende de las detonaciones, impacto ambiental que también fue documentado por el estudio de los investigadores de la UACM en coordinación con el Comité de Derechos Humanos de Tabasco.

De acuerdo con Verónica Durán, investigadora de la UACM y quien fue parte de estudio realizado tras la explosión del pozo Terra 123, las personas de Nacajuca además de enfrentar problemas de salud que no son atendidos adecuadamente –porque los centros de salud sólo abren mediodía– los pobladores también enfrentan crisis psicológica porque temen que otra explosión termine por completo con su vida: “están siempre atentos a que suenen las alarmas de que ocurrió algún tipo de incidente”.

Respecto a los daños registrados en animales, el estudio detalla, por ejemplo, que las gallinas de las comunidades chontales presentan un aumento de tamaño de sus cabezas, por lo que están muriendo, hecho que aparte deja sin alimento a las comunidades.

LOS ANTECEDENTES

Como resultado de las fuertes inundaciones en Tabasco durante 2007, los ejidos y parcelas donde los pobladores tenían sembrado maíz, frijol y yuca se vieron afectados y, en consecuencia, también el ganado. “Debido al incremento del agua en nuestros terrenos la pastura se ahogó, el ganado no tuvo que comer, ni tierra en donde descansar y dormir, con ello impactando gravemente nuestra economía y nuestra tradicional forma de vida ya que es sabido que la actividad agrícola, ganadera y la pesca son las actividades que ancestralmente mantiene a nuestras familias”, explicaron campesinos de Tabasco.

Durante todo 2008 “permanecimos inundados en nuestras parcelas sin poder explotarlas tanto en la agricultura como en la ganadería ya que a una profundidad de dos metros de agua no se puede sembrar, ni tampoco cultivar”, expresaron.

En esos ejidos existen ocho pozos petroleros ubicados todos en una Macropera que se ubica a escasos 800 metros lineales de la comunidad, donde explicaron que casi todos los días hay protestas por los derrames de petróleo y que el gobierno de Arturo Núñez Jiménez se ha encargado de reprimir.

En 2009 y 2010, los pobladores de Tabasco volvieron a sufrir inundaciones porque confiaron en que las autoridades podrían fin a los desagües de las presas que realizaban de manera masiva.

Ante la queja de los pobladores la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2011 una recomendación para que se atendieran las demandas de los comuneros, sin embargo, Pemex, la CFE, ni la Conagua hicieron algo para resarcir los daños.

En octubre de 2013 explotó el pozo 123 y representantes de las comunidades celebraron una reunión donde los tres niveles de gobierno se comprometieron a respetar los territorios de los habitantes.

“En esa última reunión se nos informó por parte del subsecretario de gobierno del estado de Tabasco; quien presidía la mesa de acuerdos, que suspenderíamos la reunión del mes de junio en virtud de que el gobierno del estado crearía una mesa con la Secretaria de Gobernación encaminada a dar cumplimiento a la recomendación 061/2011 que cuando esa mesa estuviera creada nos invitarían a participar en ella hasta el total cumplimiento de nuestras demandas”, explicaron.

Sin embargo, a nueve meses del accidente ocurrido en Oxiacaque, el ganado siguen muriendo, la gente continúa enfermando y los habitantes de Tabasco insisten en que sus peticiones sean atendidas por el gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto.