El Gobierno del priista Quirino Ordaz Coppel lleva seis meses en el poder y la cifra de homicidios en Sinaloa ya rebasó la de todo 2016. El Ejecutivo local, sin embargo, le echa la bolita a su antecesor, el neopanista Mario López Valdez; afirma que la administración anterior le dejó la policía desmantelada.

Mientras el Gobernador se escuda y da declaraciones que enfurecen a la sociedad, los crímenes de alto impacto y las matanzas bañan de sangre a la entidad. La ineficacia de las autoridades locales en la investigación sobre el asesinato del periodista Javier Valdez abren el camino a la impunidad, ha denunciado el gremio periodístico sinaloense.

A pesar de que Quirino acusa a Malova de dejarle un tiradero en la seguridad del estado, la entidad ha sido escenario de hechos de violencia en los últimos días. De acuerdo a cifras de la Fiscalía del Estado, mayo y junio han sido los meses en los que han ocurrido más homicidios en el año, con 184 y 180 respectivamente, las cifras más altas desde abril de 2011, mes en que asesinaron a 227 personas.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– Quirino Ordaz Coppel regresó al poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, luego de que, hace seis años, se votara por un cambio, por el Partido Acción Nacional (PAN), representado por Mario López Valdez, un priista resentido que optó por una alianza con el blanquiazul y quien, al final, incumplió todas sus promesas a los ciudadanos, incluyendo la más sentida de éstas: acabar con la inseguridad y la violencia.

Hoy, a sólo medio año de haber tomado el poder en uno de los estados más violentos por las luchas entre narcotraficantes, Ordaz Coppel permanece en calma, pese a la sangre que se ha derramado, especialmente en los últimos meses.

Aminorar las hechos y echar “la papa caliente” a otro parece ser su trabajo, le reclaman organizaciones civiles, periodistas, empresarios y políticos de oposición, entre otros.

La tierra que lo vio nacer se quema entre el fuego de las armas del narco, pero Ordaz Coppel se escuda en el discurso de siempre: a la policía se la dejaron “desmantelada” para combatir la ola criminal que inunda al estado.

Quirino y Genaro Robles Casillas, Secretario de Seguridad, aseguraron que los índices de violencia han disminuido en el estado, a pesar de que de acuerdo a cifras de la Fiscalía del Estado, mayo y junio han sido los meses en los que han ocurrido más homicidios en el año, con 184 y 180 respectivamente, siendo las cifras más altas desde abril de 2011, mes en que asesinaron a 227 personas.

En la entrega en comodato de 16 patrullas para la Policía Federal, Ordaz Coppel defendió que se están viendo resultados positivos en materia de seguridad.

“Están bajando los índices”, dijo Ordaz Coppel.

Después de la afirmación, el Gobernador llamó al Secretario de Seguridad Robles Casillas para argumentar el por qué afirman que la violencia se ha reducido en el estado.

“Tenemos resultados y ustedes han visto, ha bajado el robo de vehículos. Tenemos asegurados en dos días 26 vehículos robados, homicidios han bajado también, si ustedes ven el índice ha bajado, sigue el problema con los grupos delincuenciales pero se están incrementando los patrullajes, con esto de la Policía Federal y con lo que trae el Ejército esperemos que empiecen a bajar los índices”, mencionó.

De acuerdo a cifras de la Fiscalía de Sinaloa, mayo y junio han sido los meses en los que han ocurrido más homicidios en el año, con 184 y 180 respectivamente, siendo las cifras más altas desde abril de 2011, mes en que asesinaron a 227 personas. Foto: Noroeste.

En el ramo de robo de vehículos la incidencia ha disminuido. En mayo se registraron 679 robos y en junio 612, sin embargo si se comparan a las estadísticas de 2016, la cifra es casi el doble, ya que en mayo del año pasado se reportaron 336 robos, mientras que en junio 338.

Cuestionado sobre si hay una meta establecida para reducir los índices de violencia en el estado, el Secretario de Seguridad Pública señaló que no podían decir una cifra que determinara la reducción de asesinatos en Sinaloa.

“No podemos decirte una meta porque les quedaría mal. Queremos que baje la cantidad de muertos”, defendió.

SANGRE Y ARMAS EN SINALOA

Durante los primeros cinco meses de la administración de Quirino Ordaz se han registrado un total de 619 homicidios dolosos, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  (SESNSP).

Es decir, no ha cumplido la mitad de su primer año en la gubernatura y el priista ya lleva el 64 por ciento de los homicidios cometidos en 2016 durante el Gobierno de su antecesor blanquiazul López Valdez, Malova, año que cerró con una cifra de 961 asesinatos.

Mayo es hasta el momento el mes más violento para los sinaloenses, con 154 casos en lo que va en 2017.

Ese mes también fue el más sangriento durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y el de los últimos 20 años, con 2 mil 456 carpetas de investigación.

Pero julio ha traído más tragedia.

El primer fin de semana arribó como uno de los más brutales en la entidad. De los 65 homicidios que se registraron en el país, al menos 35 personas fueron ejecutadas en los municipios de Mazatlán, Culiacán, El Fuerte, Ahome y Novalato.

El enfrentamiento más fuerte tuvo lugar la noche del viernes 30 de junio en la sindicatura Villa Unión, entre fuerzas federales y presuntos delincuentes, lo que dejó como saldo 19 muertos y cinco heridos, de acuerdo con información de la Procuraduría  General de Justicia (PGJ) del estado.

SE ECHAN LA BOLITA

Ante esta nueva ola de violencia en Sinaloa, el Gobernador ha salido a declarar –no siempre con fortuna– para enfrentar los cuestionamientos que rodean su administración. Una de las más recordadas fue la que dio en marzo, cuando se lavó las manos por la huida del hijo del narco Juan José Esparragoza, alias “El Azul”, y prefirió echarle la culpa a su antecesor.

Quirino dijo ante medios de comunicación que Malova había dejado en “situaciones caóticas” los penales, donde un celador gana 12 mil pesos mensuales.

La fuga del penal de Culiacán de Juan José Esparragoza Monzón, conocido como “El Azulino” o “El Negro”, y otros cuatro reos de alta peligrosidad, piezas clave del Cartel de Sinaloa, ejerció presión en su administración, estrenada el 16 de marzo.

El Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, también se deslindó y declaró que la violencia en Sinaloa se debía a la extradición de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, a Estados Unidos –el 19 de enero pasado–. La toma de control del cártel desató pugnas dentro de la organización y otros grupos que intentan quedarse con el terreno de las drogas en la entidad, dijo.

¿Y Malova? Bueno, pues él, en agosto de 2016 y cuando aún era Gobernador, lo dejó bien claro. López Valdez aventó la piedra y dijo: “Tenemos un estado que, por tradición, tiene una alta actividad delincuencial”.

CÁRTEL DE SINALOA

Especialistas en seguridad entrevistados por SinEmbargo coincidieron que tras la extradición del líder del Cartel de Sinaloa, ”El Chapo” Guzmán, se recrudeció la violencia en Sinaloa, e insistieron que esto se dio por un reagrupamiento en la organización y no por una desintegración de ésta.

“A diferencia de antes, cuando era automática la sucesión ahora ya no. Hay un problema que generó el ex Presidente Felipe Calderón. Y es que al momento mismo que un cártel era descabezado se generan tres o cuatro células”, recordó Guillermo Garduño Valero, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Iztapalapa), experto en seguridad nacional y fuerzas armadas.

Posteriormente,  el 2 de mayo, con la captura de Dámaso López Núñez, alias el “Licenciado” y considerado el sucesor de Joaquín “el Chapo” Guzmán,  la pugna por el control de Cártel volvió a intensificarse.

La violencia “podría incrementarse de manera sustancial en todo el Pacífico mexicano, desde [los estados de] Michoacán a Sonora, incluyendo Baja California Norte y Baja California Sur”, indicó el experto en narcotráfico Jesús Lemus para EFE en aquel entonces.

Y no estaban equivocados, además del fin de semana violento, este miércoles Chihuahua fue el claro ejemplo de que la sangre ocasionada por el Cártel de Sinaloa se extiende por otras entidades.

El miércoles, los chihuahuenses dieron cuenta de un enfrentamiento entre grupos armados en la comunidad serrana de Las Varas, en el municipio de Madera, que dejó como saldo 15 muertos y cinco detenidos.

Cuando las autoridades acudieron a atender el reporte de una balacera, fueron atacados por grupos armados pertenecientes a La Línea y al Cártel de Sinaloa por lo que repelieron el ataque.

JAVIER VALDEZ: ASESINATO IMPUNE

El asesinato del periodista Javier Valdez, el 15 de mayo pasado, lo convirtió en el periodista número 126 en ser ultimado en México desde el año 2000.

El periodista, uno de los fundadores del sitio digital Riodoce, declaró una semana antes de su ejecución:

“En Sinaloa ya no gobierna nadie. Desde antes de los grandes cárteles, el narco ya era el poder porque a todos les convenía que así fuera y por eso estamos viendo que ahora la gente está creciendo sin valores, sin aspiraciones…”.

Y agregó que los nuevos narcos “van a ser más despiadados y la gente no los va a querer. Por eso vamos a ver más muertes y horrores”.

Tras la muerte de Valdez, respetado por su cobertura sobre violencia del narcotráfico en el norte de México, el Gobernador Quirino Ordaz negó que la entidad estuviera rebasada por los grupos criminales y reafirmó su postura acentuando que la violencia “no nació ayer, viene de mucho tiempo atrás, es una situación histórica”.

Esa declaración retumbó entre el gremio periodístico sinaloense que le respondió con un informe.

“¿Qué más ocupa el Gobernador Quirino Ordaz Coppel para voltear a ver la realidad en la que él vive y nosotros morimos todos los días? ¿Qué necesita para entender que no está atendiendo la exigencia más sentida de los sinaloenses, que es la seguridad?”, le reclamaron.

SINALOENSES DESPROTEGIDOS

Sinaloa es el estado de la República con mayor cantidad de policías no aptos para ejercer el cargo, de acuerdo con los exámenes de control y confianza 2016. Esto llevó al Gobierno de Quirino Ordaz a solicitar la intervención de la Sedena en el estado.

El informe de Seguimiento y Evaluación arrojó que de 4 mil 759 agentes preventivos, el 55 por ciento resultó “no aprobado”; en el caso de los elementos de la Policía Ministerial de mil 191 evaluados, el 56 por ciento no pasó las pruebas, de acuerdo con información de periódico Noroeste.

En cuanto a los agentes penitenciarios, de 546 que fueron evaluados sólo el 51 por ciento aprobó.

Los que obtuvieron mejor calificación fueron los elementos de Seguridad Pública Estatal; en su caso el examen se aplicó a mil 588 y el 55 por ciento pasó la prueba.

Es decir, a Sinaloa lo protege un 50 por ciento de elementos policiacos no aptos, lo que la convierte en una entidad desprotegida y a merced de los grupo delincuenciales. Además, denunciaron grupos civiles, los elementos que están colocados y que pasaron los exámenes aún siguen cometiendo actos en contra de la integridad de las personas.

Por ejemplo, el 30 de junio pasado el director de la Policía Estatal Preventiva, Carlos Ramiro Rojas Guzmán y sus escoltas, amenazaron con armas largas a custodios del penal de Culiacán y a dos visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que se encontraban en el lugar. Esto sólo por mencionar un evento reciente.

En contraste, el que sí está bien protegido es el ex Gobernador Mario López, pues él y su familia cuentan con un cuerpo de escoltas pagado por el actual Gobierno del estado. La Ley dice que “las autoridades competentes del Estado dictarán las medidas conducentes para brindar los elementos necesarios para la protección que en su caso resulte necesaria”, y esto está muy bien. Pero aquí la pregunta que vale es: ¿y los demás sinaloenses?