Por Araly Castañón y Blanca Elizabeth Carmona
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo/ElDiario).– La sentencia que recibieron los cinco hombres acusados del homicidio y trata de personas de las 11 jovencitas cuyos restos se hallaron en El Navajo, en Chihuahua, no debe ser el punto final de este caso: falta que se ejerza acción penal contra más involucrados, incluidos servidores públicos como ministerios públicos, autoridades penitenciarias, agentes municipales y estatales, personal del Cereso, entre otros.
Santiago González, abogado y coadyuvante de la Red Mesa de Mujeres en el juicio que terminó la semana pasada, así como Norma Ledezma, coordinadora de la agrupación Justicia para Nuestras Hijas, también coadyuvante del Ministerio Público al representar a tres víctimas en este proceso, coinciden en que los cinco sentenciados no son los únicos responsables de las desapariciones y asesinatos de mujeres.
González aseguró que en este caso de las jovencitas secuestradas y asesinadas aún falta mucho, “falta la responsabilidad del Estado”.
“Toda la responsabilidad de los funcionarios públicos se ventiló durante el proceso, la participación de autoridades penitenciarias, municipales, federales, que participaban. Ahí se requiere una investigación. Autoridades del Cereso estatal y federal”, indicó.
Para Norma Ledezma, con estos resultados es tiempo de “reflexionar y hacer un alto” para ejercer acción penal contra otros involucrados.
“Toda vez que estos cinco sentenciados no son los únicos responsables de las desapariciones y asesinatos de mujeres, no son nada más ellos, estos cinco son parte de la empresa criminal en la que ellos trabajaban, son muchos más”, advirtió.
Ledezma anotó que las investigaciones deben ampliarse también a servidores públicos, como policías, ministeriales y personal del Cereso.
“Incluyendo ministerios públicos que tuvieron las investigaciones y que nunca pudieron ver las investigaciones de manera horizontal, las vieron únicamente de manera vertical. Estando a dos metros un Ministerio Público de otro y de una agencia a otra”, señaló.
Precisamente, el jueves pasado los agentes del Ministerio Público Rodrigo Caballero Rodríguez y Luis Alberto Liñán, así como la propia Norma Ledezma Ortega, se constituyeron en la décimocuarta sala de la Ciudad Judicial en una audiencia pública para solicitarle al juez Adalberto Contreras Payán que escuchara la declaración del que ha sido conocido como “testigo estrella” dentro del proceso, también apodado “El Güero”.
El MP pretende que un Tribunal de Garantía reciba de forma anticipada otra declaración del “testigo estrella”, ahora en relación con seis mujeres que desaparecieron o fueron encontradas muertas entre 2010 y 2013, la cual implica a cuatro sospechosos.
LAS REVELACIONES DEL TESTIGO ESTRELLA
La detención en abril de 2013 del denominado “testigo estrella”, permitió a las autoridades no sólo armar el rompecabezas de las desapariciones y asesinatos de mujeres en el Centro, sino sacar a la luz cómo miembros del grupo delincuencial que los cometió, entraban y salían a su antojo del entonces Cereso municipal.
La averiguación de estos casos inició luego de la localización en 2011 y 2012, de restos humanos en el arroyo El Navajo, en el Valle de Juárez, y después del arresto del “testigo estrella”, conocido también como LJRL.
Antes de esos años, las autoridades únicamente tenían sospechas de que detrás de las desapariciones de jovencitas del primer cuadro de la ciudad –a donde iban a buscar trabajo o abordar una ruta–, estaba la trata de blancas, pero no tenían suficientes elementos.
Al ser arrestado, “El Güero” reveló nombres y cómo funcionaba la banda que prostituía y que posteriormente asesinó a las mujeres.
“El Güero” fue aprehendido el 4 de abril de 2013 por delitos contra la salud. Pertenecía a la banda “Los Aztecas”, donde estaba a cargo de la distribución de heroína, cocaína y piedra, además de que extorsionaba.
De acuerdo con su testimonio, decidió hablar después de su arresto porque ya estaba cansado de la vida que llevaba y estaba por nacer su primer hijo.
Este hombre expuso que las jóvenes eran levantadas en la Zona Centro por integrantes de la banda “Los Aztecas” para prostituirlas, y a algunas se las llevaban a Estados Unidos, a Chihuahua o se dejaban con los soldados o con los jefes del grupo delincuencial, uno de ellos apodado “El Negro” que estaba en la capital.
A otras de las muchachas, aparte de prostituirlas, las obligaban a vender droga en el Centro, narró el “testigo estrella” del Juicio Oral ante los interrogatorios del Ministerio Público y de la defensa de los sentenciados.
Dio a conocer también cómo miembros del grupo entraban y salían del ex Cereso municipal (ahora estatal), como si fuera su casa.
Algunos de esos jefes locales de la banda que también participaron o fueron cómplices de esos crímenes, como Pedro Payán Gloria apodado “El Pifas” y Jesús Damián Pérez Ortega “El Patachú” –reveló “El Güero”–, entraban al penal para guardarse “cuando estaba muy caliente” afuera, porque los buscaba la policía o andaban “entrados” con los bandos contrarios como “Los Doblados”, “Los Zetas” o “Los Mexicles”, relató.
–Sí, sí, el mismo personal de ahí autorizaba todo, los mismos comandantes ya eran ellos quienes hacían todo el rollo ahí, ya nomás uno llegaba y les daba el dinero y se dejaba guardado “El Pifas” o “El Patachú”, que eran los dos carnales que tenían más alto rango de todos.
–Entonces, ¿se internaba él (“El Pifas”) para enfriarse y luego salía? –se le cuestionó durante el juicio.
–Así es.
–¿Tenía algún problema para salir?
–No, salía cuando él quisiera o entraba cuando él quisiera. Si quería salir a pasear se salía.
El testigo estrella tenía 8 años cuando comenzó a trabajar para el grupo “La Línea” y luego directamente con la pandilla “Los Aztecas”.
De 2004 a 2008 estuvo con “La Línea” y del 20 de febrero hasta abril de 2013 con “Los Aztecas”.
LAS DE “EL GÜERO”
A raíz de las revelaciones de “El Güero”, el jueves pasado los agentes del MP Rodrigo Caballero Rodríguez y Luis Alberto Liñán, así como la coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledezma Ortega, se constituyeron en la décimocuarta sala de la Ciudad Judicial en una audiencia pública para solicitarle al juez Adalberto Contreras Payán que escuche la declaración de este testigo.
“El Güero” fue quien aportó una serie de datos e incriminaciones directas en el denominado juicio histórico donde cinco hombres fueron sentenciados a 697 años de cárcel.
Se trata de carpetas de investigación que están en proceso y no han sido judicializadas, por lo que ante el Tribunal de Garantía tienen el carácter de cuadernillo, en este caso se identificó con el número 31/15.
Datos extraoficiales indican que las personas contra quienes se busca ejercer acción penal son Jesús Damián Pérez Ortega alias “El Patachú”; Pedro Payán Gloria “El Pifas”; Edgar Jesús Regalado Villa “El Piwi” y José Antonio Contreras Terrazas “El Koyac”, estos dos últimos son de los cinco sentenciados en el juicio histórico que concluyó la semana pasada.
Las víctimas por las que se busca avanzar con los datos que aportó “El Güero”, son Yanira Frayre Jáquez, María Guadalupe de la Cruz, Laura Araceli Aguilar de los Reyes, Carmen Alcántara, Leticia Mora y otra mujer que de último momento se decidió también incluir, de acuerdo con datos no oficiales.
Algunas de estas víctimas no coinciden con el perfil de las jóvenes localizadas en el arroyo El Navajo, de las cuales el “testigo estrella” tenía datos y asegura que los responsables son una organización que las secuestraba para obligarlas a prostituirse y vender droga.
DESVELA EL TESTIGO ESTRELLA MÁS ASESINATOS
El denominado “testigo estrella” del juicio histórico dijo que “El Patachú” tenía la maña de siempre robar mercancía para así sacar “feria” extra de este trabajo. Así sustrajo 40 huevos de heroína y se los dio a una muchacha para que se los cuidara, pero ya no le devolvió el dinero ni la droga.
“El Patachú” –reveló el “testigo estrella”– se molestó, empezó a buscar a la joven y un día, como a las 9 de la mañana, “nos llamaron por teléfono para decirnos que (la mujer) estaba en el salón Sausure, ahí en la Juárez, se andaban gastando todo el dinero y ya desde ahí les echaron el pitazo a estas personas”, relató.
Explicó que al bar fueron Jesús Damián Pérez Ortega “El Patachú”; Edgar Jesús Regalado Villa “El Piwi”; “El Pifas”, “El Koyac”, una persona únicamente identificada como “El Yeyo” y él.
De ahí se llevaron a la joven y a otra mujer a una vecindad ubicada en la calle Melchor Ocampo, casi esquina con 16 de Septiembre, donde las asesinaron, confesó “El Güero”.
Al inmueble ingresaron Nancy y Jusalet, así como los cuatro hombres, dijo, para luego precisar que él se retiró del lugar y como a las 4 de la mañana le hablaron para que brindara seguridad en el exterior de esa casa de seguridad.
“No sabía a lo que iba pues la entrada al ‘trabajo’ era a las 6 de la mañana. Estando ahí me dijeron que hiciera guardia afuera, ahí donde está la puerta para entrar al hotel, que si veía una caja con tubulares o dos (las cámpers de los policías municipales), que de volada les hablara por radio, pero que estuviera trucha que no pasara nadie”, indicó.
“En eso empecé a escuchar gritos de las muchachas, no sé si les estaban pegando u otra cosa pero gritaban. Ya después de unos 10 o 15 minutos salieron con las muchachas en unas bolsas azules. A una se le salía el pelo por una bolsa y se miraban las bolsas todas ensangrentadas”, declaró.
“El Güero” explicó que las mujeres fueron subidas a una Expedition, que él siguió a bordo de un automóvil Intrepid y le dieron para el viaducto Díaz Ordaz.
EL NAVAJO, PARTEAGUAS EN EL CASO
Las desapariciones de mujeres han persistido en Ciudad Juárez durante 20 años. Desde 2008 –cuando esta urbe empezó a conocerse como la ciudad más violenta del mundo–, la cifra creció hasta 16 veces en comparación con años anteriores, de acuerdo con archivos periodísticos.
De 1995 a 2007, es decir en 12 años se registraron 26 casos, y desde 2008 a mediados de 2011, se contabilizaron 111 de alto riesgo.
En 2011, la Fiscalía General detectó dos casos de mujeres desaparecidas relacionadas con trata de personas, pero en el resto de los expedientes no había ningún elemento para relacionar ese delito, se informó a El Diario en ese tiempo.
En los dos casos en los que había evidencias, se empezaron las investigaciones. Pero no se avanzaba, hasta que se localizaron los restos en el arroyo El Navajo, explicó el abogado Santiago González, quien fungió como coadyuvante del MP en representación de las familias de tres de las víctimas.
“Había varios elementos, varias pruebas aisladas en los expedientes, pero se determina cuando se hace el hallazgo de los restos, cuando los encuentras todos juntos te das cuenta que, evidentemente, no lo pudo haber hecho una sola persona, no eran casos aislados, no eran cuestiones que no tuvieran conexión, cuando encuentran tantos restos juntos”, expuso.
Agregó que ese hallazgo fue un parteaguas para este caso, y entonces los investigadores empezaron a cruzar los expedientes y encontraron pistas, y se dieron cuenta de que era una banda del crimen organizado.
“Era evidente estábamos en un clima donde los grupos del crimen organizado hacían y deshacían, no podíamos pensar en un psicópata solitario que anduviera matando”, anotó.
Sin embargo, ellos no trabajaron solos, sino amparados por funcionarios, policías, celadores y autoridades penitenciarias, reiteraron González y Ledezma.
