En vísperas de la instalación de la pomposa Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que supuestamente dotará a la capital de la legislación más avanzada del país, la clase política chilanga dio el pasado domingo 4 de septiembre” un espectáculo patético. La elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo para 2017 resultaron no sólo un fiasco, sino una burla. Y de eso son tan responsables los jefes delegacionales de cuatro diferentes partidos como las autoridades electorales locales y, por supuesto, el propio Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

En una consulta en la que sólo en papelería se gastaron 7.4 millones de pesos, la participación ciudadana apenas llegó al 11 por ciento del listado nominal. Fue dinero tirado a la atarjea. La mayoría de las demarcaciones no superó el doble dígito y hubo delegaciones, como Benito Juárez, considerada la de más alto índice de Desarrollo Humano por la ONU, que alcanzaron apenas el cuatro por cierto.

La inmundicia afectó ambos “ejercicios”. Tanto en la supuesta elección de los comités vecinales como en la asignación de recursos para proyectos específicos, se recurrió a las peores marranadas. Una vergüenza. En el primer caso, la jornada estuvo precedida y envuelta en prácticas clientelares y corporativas que debieran estar superadas y de maniobras descaradas de compra y coacción del voto, acarreos, amenazas y cochupos, todo lo cual derivó en 542 denuncias ante el Instituto Electoral del todavía DF. Según consejeros electorales locales, esas quejas podrían (debieran, diría yo) derivar en acciones penales, sanciones administrativas, multas y nulidades de triunfos.

Para decirlo clarito: los jefes delegacionales de Morena, PRD, PRI y PAN, apoyados o solapados por sus respectivos partidos, echaron mano de las peores argucias para manipular la elección y conseguir el control del mayor número posible de comités vecinales de su respectiva demarcación y tenerlos como incondicionales para avalar con ellos a su administración y sobre todo con vistas a los comicios constitucionales de 2018. Para ello metieron mano en la elección, apoyaron a sus incondicionales, repartieron láminas y tinacos y compraron directamente votos, con dinero.

Las irregularidades más abundantes y graves se dieron ciertamente en demarcaciones gobernadas por Morena y el PRD, que por lo visto se disputan el liderazgo de la inmoralidad política. Las delegaciones con más denuncias fueron Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Iztacalco y Álvaro Obregón. Pero también ocurrieron irregularidades en Cuajimalpa, donde gobierna el PRI, o en Benito Juárez, con administración panista. De la única que no hubo registro de anomalías importantes fue Miguel Hidalgo, encabezada por la orgullosamente no panista Xochitl Gálvez.

La verdad es que pese a las denuncias de los vecinos, recogidas y documentadas por diversos medios de comunicación, nadie hizo nada para impedirlo. Y ahora la autoridad encargada de la legalidad electoral se muestra sorprendida con lo ocurrido. El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, Santiago Nieto, dijo que las denuncias de estas prácticas se han incrementado de forma “alarmante” durante los más recientes comicios. “Hay un enorme incremento en la denuncia sobre compra y coacción del voto y condicionamiento de programas sociales relacionado con las delegaciones de la Ciudad de México”, advirtió muy serio.

En cuanto a la asignación del presupuesto participativo para 2017, que en conjunto suma los 850 millones de pesos, resulta en otra vergüenza. Los jefes delegacionales inducen a que ese dinero se aplique en obras cuya ejecución es responsabilidad de su administración y para las cuales disponen de recursos de su propio presupuesto e incluso de partidas federales. Es decir, dado que ellos aprueban los proyectos que se incluirán en la consulta en cada colonia, procuran que el dinero cuyo destino dizque deciden los vecinos, se use en temas que ellos debieran cubrir de manera habitual, como el arreglo de banquetas, la repavimentación de calles interiores, el arreglo de parques o mercados.

En Benito Juárez, por ejemplo, de los 682 proyectos que fueron registrados para la Consulta Ciudadana, la delegación aprobó únicamente 234, de los cuales el 61 por ciento corresponde a trabajos de reencarpetamiento. De acuerdo con el Sistema de Proyectos Específicos del IEDF, se aprobaron 144 proyectos de reencarpetamiento en las 64 colonias juarenses. Además de 37 para “intersecciones seguras” y seis para luminarias.

El problema de fondo, grave, es que estamos ante una monumental simulación, en la que Mancera Espinosa comparte créditos con los jefes delegacionales, mientras la autoridad electoral finge vigilar la legalidad. Todos cooperan para aparentar una participación ciudadana que no existe y un ejercicio democrático que se queda en burdo remedo.

Esto quedó demostrado en la elección mocha de integrantes de la Asamblea Constituyente el pasado 5 de junio. Y es ratificado ahora con la mentada consulta que a nadie interesó porque en realidad tampoco a las autoridades y a la fauna política de la CdMx importa realmente, sino que la usan como coartada para repartirse poder y sobre todo dinero. Es de suponerse lo que ocurrirá a partir del 15 de septiembre con la discusión, aprobación y promulgación de la nueva Constitución Política. Pobre ciudad. Válgame.

Twitter: @fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

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Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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