Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– La muerte y desaparición de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, ocurrida en Iguala, Guerrero, y la ejecución de 22 civiles perpetrada por elementos del Ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México, han puesto a prueba la credibilidad de la administración Enrique Peña Nieto en la aplicación de los derechos humanos, la cual “hasta el momento, no ha tenido altas calificaciones” en la materia, publica The Economist.
La revista británica da cuenta en un artículo cómo la administración Peña Nieto ha tratado de restar importancia a la violencia de México y promocionar, por el contrario, el potencial económico del país. Sin embargo, dice el medio, “casos como este [de Iguala] muestran cómo entierra la cabeza en el suelo”.
Además cuestiona los motivos por los que fueron asesinados tres normalistas y por los que aún permanecen desaparecidos otros 43: “No está claro por qué los narcotraficantes iban a matar a estudiantes de izquierda cuyas protestas son en su mayoría contra el Estado y los jefes políticos locales. Tampoco está claro por qué las autoridades federales no investigaron con anterioridad las acusaciones contra los políticos locales en Guerrero que los vinculan en el tráfico de drogas”.
En este sentido se expresaron el día de ayer las familias y amigos de los normalistas quienes dijeron que no fue el crimen organizado quien secuestró a lo jóvenes sino el Estado mexicano.
“El gobierno federal ha emprendido una campaña para despejar el tema, quieren hacer creer a la gente que los que desaparecieron son gente del crimen organizado […] le atribuimos al Estado la desaparición forzada de nuestros compañeros”, manifestó en conferencia de prensa Omar García, compañero de los estudiantes plagiados.
El estudiante denunció que en México “se asesina extrajudicialmente a estudiantes y se desaparece no sólo estudiantes sino a líderes sociales y los que van en contra del gobierno […] es una burla a nuestro dolor no sabemos por qué hacen este teatro político”.
García relató cómo el Ejército los “sometió” cuando llevaron a un compañero herido: “Nos acusó de allanamiento de moradas. Le pedimos que atendiera a uno de nuestros compañeros y los militares nos dijeron que nosotros nos lo buscamos. Nosotros lo trasladamos al Hospital General. Dos horas se estuvo desangrando. El Ejército vio eso y no nos ayudó”.
En tanto, The Economist dice que con el hallazgo de las seis fosas en Iguala, en donde se localizaron los restos de al menos 28 personas, “Peña Nieto dijo lo que todo mundo sospecha: que las víctimas estaban entre los alumnos que desaparecieron después de una noche de violencia policial en Iguala el 26 de septiembre en el que murieron seis personas”.
“Si se confirma esto, sería la peor masacre en casi tres años de mandato del Presidente”, dice The Economist.
Sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya dice que desde el incidente, Peña Nieto ha continuado con los “elogios” a las fuerzas armadas a pesar de lo que parece ser “un intento de encubrimiento”.
“Durante todo el verano la versión oficial fue que las muertes se produjeron durante un tiroteo entre un grupo de delincuentes y las fuerzas armadas. Eso sólo cambió después de la Associated Press encontró un testigo que dijo que las víctimas fueron fusilados después de haberse rendido y desarmado. El gobierno ahora dice que hay al menos tres de los soldados detenidos por el asesinato”, publica el semanario inglés.
Tanto los hechos registrados en Tlatlaya el 30 de junio pasado, como los ocurridos en Iguala hace dos semanas han sido ampliamente difundidos en la prensa internacional. Medios como The New York Times, Washington Post, LA Times, The Guardian, The Wall Street Journal, The Finantial Times, El País y El Mundo, entre otros, han publicado artículos de opinión como crónicas y reportajes de estos sucesos.
Estos medios han coincidido que lo sucedido en el Edomex y Guerrero corresponde a una realidad distinta a la pregonada por el Presidente Enrique Peña Nieto en la escena internacional. Además han referido que se trata de dos episodios de violencia que ya han dejado su marca a la actual administración federal.
Lo ocurrido en Iguala se suma a otros hechos violentos reseñados por la prensa extranjera en el último mes. Casos como el asesinato del Diputado federal Gabriel Gómez Michel secuestrado hace dos semanas en Jalisco y hallado un días después calcinado dentro de su auto junto a un acompañante así como la ejecución de 22 presuntos delincuentes por parte de elementos del 102 Batallón de Infantería en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio han dado la vuelta al mundo.
Ahora, la tragedia ocurrida en Iguala, Guerrero, coloca a México de nueva cuenta en las páginas internacionales en un caso que evidencia la corrupción y filtración de las autoridades municipales con el crimen organizado.
