Guadalajara, 9 Oct. (Notimex).- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, resaltó una vez más la urgente necesidad en la atención de la niñez con discapacidad mental e intelectual en el estado.
El ombudsman impartió la conferencia “La salud mental en México”, luego de inaugurar el Primer Foro Internacional en Salud Mental Integral, organizado por la asociación civil Red Sinapsis, en el marco del Día Internacional de la Salud Mental.
Dijo que no es suficiente tener a mejores especialistas médicos si los problemas de salud mental no son atendidos. A partir de la reforma constitucional de 2011, agregó, todos los galenos tienen la obligación de garantizar este derecho.
Advirtió que “si nuestra sociedad no tiene las condiciones adecuadas para un desarrollo de paz, tranquilidad y seguridad, difícilmente se podrá decir que el estado cumple con el derechos a la salud mental y física”.
Reiteró su preocupación por la niñez con discapacidad mental e intelectual y refirió que no puede tener garantizado su derecho a la salud mental si en sus escuelas y hogares hay violencia, o si en la calle existe el temor de sufrir una agresión, un secuestro o una extorsión.
Fue claro al decir que históricamente “en Jalisco la política pública ha sido errada, porque nos habíamos enfocado a garantizar la salud mental más de los adultos que la de los menores de edad”.
Recordó que la CEDHJ en 2010 efectuó un pronunciamiento y las autoridades de salud consiguieron recursos para dotar de un área a la niñez con discapacidad mental, dependiente del Instituto Jalisciense de Salud Mental; lamentablemente esto nunca se llevó a cabo y el presupuesto tuvo otro destino.
Resaltó que el Centro Médico de Occidente del Seguro Social cuenta con un área de paidopsiquiatría, pero que resulta limitada a las necesidades de los derechohabientes en la entidad, así que el derecho a la salud mental no está garantizado.
Por ello, celebró que el DIF Jalisco anunciara recientemente que administrará el albergue Cien Corazones, que estuvo en manos de una asociación civil que no pudo gestionar los recursos suficientes para su operación.
“La medida representa un gran avance y retoma el rumbo de la protección y garantía del derecho a la salud mental porque debe atenderlo el estado y no los particulares, aunque es loable que estas labores las realicen los organismos de la sociedad civil en coordinación con las autoridades”, dijo Álvarez Cibrián.
Finalmente, puntualizó que el estado no puede violar los principios de progresividad; es decir, no puede dar marcha atrás en los avances registrados en materia de derechos humanos.
