Como los funcionarios mexicanos, los generadores de políticas públicas (policy makers) en Estados Unidos después aprovechan las oportunidades que ellos mismos abren, pero ahora desde la iniciativa privada. La Reforma Energética del Presidente Enrique Peña Nieto tiene esa marca por donde se vea: la puerta giratoria no sólo beneficia a un puñado de ex funcionarios federales en México, sino también a otro grupo que, desde allá, impulsó el cambio histórico en la legislación.
Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).– El entonces jefe de asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, Neil R. Brown, describió así la función geopolítica de una Reforma Energética en México: Debido a que la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) cayó más de un cuarto desde 2002, las refinerías estadounidenses de la costa del Golfo de México –de las que la mayor es Exxon– debieron buscar crudo en otras partes; la producción venezolana también está en declive; la canadiense es creciente pero no así la infraestructura de ductos, por lo que Estados Unidos ha tenido que aumentar sus importaciones de Oriente Medio.
“Una reforma o la falta de ella, negociada entre el Presidente Mexicano y el Congreso, tendrá consecuencias para la cartera energética de Estados Unidos y sus intereses comerciales”, escribió Brown en un reporte.
“Las reformas determinarán hasta qué medida México será parte de la seguridad energética de Estados Unidos”, agregó el entonces empleado legislativo.
Era 21 de diciembre de 2012, a tres semanas de la toma de posesión del Presidente mexicano Enrique Peña Nieto, con quien, dijo Brown en su exposición ante el Senado, se había reunido en octubre en la Ciudad de México. Aquí había visto también a su equipo de transición, entonces integrado, entre otros, por el hoy director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a quien el norteamericano describió como “vital” para la apertura al sector privado. El tema de su visita a México, especifica el texto, fue revisar las “oportunidades de mejorar los compromisos” entre los dos países en materia de petróleo y gas. Y, de manera particular, obtener información para exhortar al Poder Legislativo de su país a ratificar el Acuerdo Transfronterizo de hidrocarburos, firmado en febrero de ese año por la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton y la Secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Patricia Espinosa.
Este acuerdo, que Brown dice debió apresurarse en México ante la cercanía de la elección federal, fue obtenido en la reunión de cancilleres del Grupo de los 20 en Los Cabos y, oficialmente, estableció términos para acceder a los recursos que podrían estar en regiones consideradas fronterizas en el Golfo y en moratoria desde 2000. Pero “dada la falta de experiencia de Pemex en aguas profundas”, escribió Brown en el documento ante el Senado, el resultado más probable es que sean las compañías petroleras internacionales las que terminen operando este tipo de yacimientos.
“El Acuerdo debe ser visto como una ayuda para reducir la dependencia de importaciones de Estados Unidos de regiones en conflicto y para impulsar la actividad económica doméstica”, escribió Brown ese fin de 2012 en “Petróleo, México y el Acuerdo Transfronterizo”.
Este pacto, oficialmente llamado Acuerdo entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos Relativo a los Yacimientos Transfronterizas de Hidrocarburos en el Golfo de México, fue aprobado por el Senado y publicado por Washington el 23 de diciembre de 2013, después de la aprobación de la Reforma Constitucional en México que permitió la participación privada en la extracción de hidrocarburos.
Del Senado, Neil R. Brown pasó a la iniciativa privada y, en 2014, se unió como director de Política e Investigación de la compañía global KKR, o Kolhberg Kravis Roberts & Co, una firma financiera norteamericana que atrae capitales a través de diferentes activos, entre ellos bienes raíces y proyectos de infraestructura y energía. Meses antes, en 2013, KKR había sumado a otro ex funcionario federal con conocimiento clave sobre regiones ricas en petróleo y gas: el general retirado del Ejército norteamericano David H. Petraeus, ex jefe del Comando Central, de los despliegues en Irak y Afganistán y, entre 2011 y 2012, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
En julio de 2014, y ya desde KKR, tanto Neil R. Brown como el destacado Petraeus –nombrado jefe del Instituto Global de la firma– publicaron un artículo sobre la importancia de la reforma energética aprobada en México e incluso sobre el acuerdo político que la hizo posible, conocido como Pacto por México. “El Pacto estuvo lejos de carecer de fisuras, pero el resultado fue histórico: 16 reformas constitucionales aprobadas en el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto, más que el total aprobadas en los 18 años de predecesores”, dice el artículo titulado “Milagro mexicano: productividad política” y publicado en el Houston Chronicle.
La energía, agregaron Brown y Petreaus, es la pieza política y económica más importante, y su éxito dependerá de la capacidad para enfrentar, entre otros desafíos, a las redes de crimen organizado que dominan regiones enteras de México pese a la “calma superficial, que podría ser una máscara”.
Pese a estos retos, KKR ratificó su confianza en las oportunidades de negocio en México y, en abril pasado, emitió un comunicado anunciando que, para ayudar a sus inversionistas a contar con “información valiosa”, había contratado a otro ex funcionario federal con trayectoria en los sectores de interés de la firma. En esta ocasión, al director de Planeación Hacendaria en el último año de Miguel de la Madrid; ex Subsecretario de Agricultura con Carlos Salinas, ex Secretario de Energía con Ernesto Zedillo y de Comunicaciones y Transportes con Felipe Calderón, además de ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez Kuénzler.
“Téllez ha estado activo en el servicio público e involucrado en los últimos 20 años en posiciones y decisiones políticas para mejorar la estructura de la economía mexicana con un enfoque en temas macroeconómicos, financieros, de energía y agricultura”, planteó el boletín de KKR emitido el 14 de abril pasado.
“Nos complace tenerlo como consejero en KKR. Tanto inversionistas y compañías en México están buscando socios que les ayuden a crecer y con sus objetivos de inversión, y Luis Téllez ofrecerá información valiosa que apoye estos esfuerzos y ayude a hacer crecer nuestra franquicia en México”, agregó el anuncio.
KKR no tardó en entrar de lleno al país y, en mayo, anunció su alianza con una nueva empresa, Monterra Energy, creada, según su propia descripción en línea, específicamente “a partir de la reformar energética mexicana para desarrollar proyectos de infraestructura”.
Dos cartas enviadas por la naciente Monterra Energy a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Mejora del Gobierno mexicano muestran la forma en la que la iniciativa privada trata de posicionar sus intereses ante los intentos de control del Estado, en este caso para el transporte de hidrocarburos por ductos y su almacenamiento.
“Nuestro comentario general es que las disposiciones son onerosas y tienen una carga administrativa muy alta, y por tanto van a desalentar las inversiones en este sector, sobre todo de los jugadores medianos y chicos como Monterra”, dice una carta enviada por Monterra Energy a la Cofemer el 14 de agosto.
“Entendemos que las regulaciones están escritas para promover la transparencia y la competencia en el mercado con el fin de bajar los altos costos de energía para los consumidores mexicanos. Sin embargo, a pesar de las mejores intenciones, nuestra preocupación es que estas regulaciones podrían resultar desincentivando la inversión privada”, insistió la compañía dos semanas después, el 1 de septiembre.
Su idea: “Monterra propone que la Comisión ratifique estas disposiciones pero incorporando un periodo transitorio de 10 años en que empresas privadas tendrían light-handed regulation (‘regulación ligera’) en nuevos proyectos de almacenamiento y transporte por ducto”.
A través de la oficina de prensa de KKR para América, este medio solicitó conocer la postura de Téllez, Brown o de la firma ante la red de relaciones aquí mostradas, pero la petición fue declinada.
TÉLLEZ Y EL CÍRCULO DE CLINTON
KKR no es la primera firma norteamericana en la que participa Téllez ni la única en la que coincide con algún otro alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos. En su intenso tránsito entre el sector público y el privado, en 2003 coincidió en Carlyle México con Thomas McLarty, el ex jefe de oficina de la Presidencia de Bill Clinton y en cuya firma, McLarty Associates, Téllez trabaja aún como consejero. Otro caso es el de Sempra Energy, firma californiana productora y distribuidora de gas a la que Téllez se sumó como consejero en 2006 y en cuya filial mexicana, Infraestructura Energética Nova (o Ienova), es también consejero el ex Embajador Jeffrey Davidow.
El caso de KKR, sin embargo, sí es el primero en el que Téllez coincide con un ex funcionario –Neil R. Brown– relacionado con el grupo cercano a la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton y que, de acuerdo con el sitio de información especializada en cambio climático DeSmogBlog, desde sus cargos públicos “ayudaron a romper el monopolio de Pemex sobre la industria de petróleo y gas en México, abriendo el país a las compañías internacionales”.
Neil R. Brown fue mencionado por DeSmogBlog en agosto pasado, en el seguimiento a la revisión de los miles de documentos difundidos por el Departamento de Estado que estaban en un servidor privado y en la cuenta de correo personal de Clinton, hoy candidata presidencial demócrata.
En su revisión, la publicación encontró que Brown trabajaba ahora con quien el texto identificó como el ex funcionario “centro de la historia” de la injerencia de Estados Unidos en México: el abogado David Goldwyn, un cabildero de las compañías petroleras y, en 2009, nombrado por Hillary Clinton como el primer Coordinador Internacional de Energía del Departamento de Estado.
Entre los correos electrónicos alojados en la cuenta personal de Clinton, DeSmogBlog encontró un borrador con la descripción completa del cargo público ocupado por Goldwyn. “Antes de trabajar como Coordinador Internacional de Energía del Departamento de Estado, Goldwyn trabajó como cabildero y consultor de la industria petrolera (…) eventualmente asumiría esa posición como jefe de la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado, que se estrenó bajo la mirada de la entonces secretaria Clinton”, reportó el sitio.
DeSmogBlog recordó también que, como nueve embajador de la política energética de Estados Unidos, Goldwyn encabezó en 2010 la Iniciativa del Departamento de Estado sobre Gas Shale; política con la que, según otras investigaciones periodísticas, el Gobiern norteamericano se propuso convencer a los países que cuentan este recurso de permitir su extracción, alcanzable a través de la práctica conocida como fractura hidráulica o “fracking”.
Uno de los medios que analizó el rol de Goldwyn en este cabildeo norteamericano fue Mother Jones, que en octubre de 2014 publicó el artículo “Cómo el Departamento de Estado de Hillary Clinton vendió el fracking al mundo” y que dice que, antes de trabajar para el Departamento de Estado, fue director de la Asociación de Negocios entre Libia y Estados Unidos, financiada principalmente por compañías petroleras norteamericanas como Chevron, Exxon y Marathon, poseedora ésta última de otra de las más grandes refinerías de Texas.
GOLDWYN Y PASCUAL
Goldwyn, como coordinador de la política energética de Hillary Clinton, visitó México en febrero de 2010, en un periodo que el entonces Embajador de Estados Unidos en este país, Carlos Pascual, le describió como una oportunidad “única para profundizar la relación en materia de energéticos”.
El argumento de Pascual fue el mismo que usaría años después Brown: la caída en la producción de Pemex tenía repercusiones para la “seguridad energética” norteamericana.
El Presidente Felipe Calderón Hinojosa, reportó el Embajador en el cable 10MEXICO514_a, había tomado la “decisión política de no tocar la sacrosanta prohibición constitucional a la inversión privada”, pero aun así tenía buenas noticias: la inversión privada en los hidrocarburos mexicanos ya no era tabú.
Otra previsión de Pascual ante Goldwyn fue que la caída en la producción mexicana terminaría forzando las modificaciones constitucionales, pero no en el corto plazo y menos ante las elecciones de 2012. De manera silenciosa, sin embargo, planteó el Embajador, “México se está acercando a otros países, especialmente a los que tienen compañía petroleras estatales, pidiendo consejo para aplicar las reformas”.
Por tanto, sugirió Pascual, “deberíamos mantener la añeja política norteamericana de no hacer comentarios en público sobre esos temas, mientras de manera callada ofrecemos asistencia en áreas de interés del Gobierno mexicano”.
Otro tema que Pascual le propuso a Goldwyn tocar con Calderón fue la distribución en México de gas natural; un tema que, se observa en diversos documentos, es otro de los intereses centrales de Estados Unidos en la reforma energética. En ese sentido, el Embajador explica que el gas genera el 40 por ciento de la electricidad en México y que Sempra está ya proveyendo el servicio, pero que la infraestructura de distribución es insuficiente. Su propuesta ante la situación: “Puede usar esta oportunidad para preguntarle al Gobierno mexicano cuáles son sus planes para mejorar su infraestructura de gas natural”.
Pascual sucedió a Goldwyn en 2011 como coordinador de la política energética del Departamento de Estado y, este 2015, apareció en el sector privado como vicepresidente de la firma Information Handling Services (IHS), especializada en información y análisis sobre energía.
Desde esa oficina privada, el pasado 23 de julio, Pascual testificó ante la Cámara de Representantes de su país sobre los avances de la reforma energética mexicana y sus repercusiones para la posición de Norteamérica en el mercado global de hidrocarburos. Y, como otros funcionarios, destacó la trascendencia de la distribución de gas en México en medio de las negociaciones: “Estados Unidos necesita ser exportador, un tema clave abordado en las recomendaciones. El nuevo enfoque de México para extender redes de gasoductos ha creado oportunidades de negocios para las compañías e inversionistas de Estados Unidos”, dijo Pascual.
LA REFORMA, “LISTA PARA EMPEZAR”
Goldwyn, por su parte, dejó su cargo como coordinador de la política de energía norteamericana en 2011, y ese año abrió Goldwyn Global Strategies, una compañía de consultoría en materia de seguridad energética. Desde ahí, el ex funcionario dicta conferencias, también testifica ante el Congreso y publica recomendaciones para la creación de políticas públicas; entre otros temas, sobre el rumbo que debe tomar la reforma energética de México.
Así, en diciembre de 2013, días después de la aprobación del Congreso mexicano, publicó un primer informe titulado “Surgimiento de México: ¿Una amplia reforma finalmente?”. En él, Goldwyn planteaba que, si bien “el impresionantemente permisivo marco constitucional” creado era necesario, aún faltaba por ver el desarrollo de las leyes secundarias.
El reporte fue presentado públicamente por Goldwyn en un evento organizado por el Atlantic Council –think tank financiador de la investigación–, en el que participó el mexicano Enrique Ochoa Reza, entonces subsecretario de Hidrocarburos de Peña Nieto y, ahora, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Goldwyn publicó un segundo reporte en agosto de 2014, después de la publicación de la legislación secundaria en México y cuando escribió que ésta había respondido a las recomendaciones de su primer documento, pero no a todas.
Entre los pendientes, planteó Goldwyn, está saber “si la administración de Peña nieto puede manejar las expectativas públicas y ofrecer incentivos atractivos para la inversión en el sector eléctrico”.
Y es que el aumento de la distribución en México de gas natural procedente de Estados Unidos, dice el ex funcionario, es “eje político escondido de la reforma energética”, ya que de estas importaciones depende la reducción de los costos de electricidad.
Por tanto, agregó Goldwyn en sus recomendaciones, será crítico que el Gobierno mexicano “establezca regulaciones transparentes y claras sobre el acceso al gas y a la trasmisión de generación privada”.
Este segundo reporte, titulado “La reforma energética de México: lista para empezar”, fue publicado por Goldwyn en agosto de 2014, en coautoría con Neil R. Brown, a quien acogió también en su firma cuando éste dejó el Congreso.
En un posicionamiento enviado por correo electrónico a SinEmbargo, Goldwyn descarta haber sostenido conversaciones relacionadas con la reforma energética con el Gobierno mexicano. “Durante my último servicio en el gobierno, el cual correspondió con la anterior administración del Gobierno mexicano (PAN), no sostuve discusiones acerca de la reforma del sistema energético con el Gobierno mexicano. Apoyé que el Gobierno de Estados Unidos aprobara la negociación del Acuerdo Transfronterizo, que fue negociado después de mi salida”, dice el comentario enviado a través de correo electrónico.
“Ninguna compañía me ha contratado para ningún trabajo en México; la única organización que me ha compensado por mi investigación y redacción de estos temas es el Atlantic Council, un centro de pensamiento sin fines de lucro que de manera rutinaria patrocina investigaciones de ex creadores de políticas públicas, académicos y otros expertos”, agregó Goldwyn.
EL NEGOCIO DEL GAS
Dentro de todo el grupo de ex funcionarios mexicanos que han transitado del sector público al privado, Luis Téllez ha sido calificado como “clásico ejemplo de la puerta giratoria” por los mismos motivos que KKR considera que es una adición perfecta a su equipo: “Conoce a fondo el sector petrolero desde el sector público y tiene acceso a las más altas esferas del poder y del capital (…) esto nos habla mucho de cuáles son las redes de contacto que tiene”, dijo en marzo Benjamín Cokelet, director de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), que revisa la transparencia en las empresas.
Cuando su nombramiento en el nuevo Fondo Mexicano del Petróleo y su permanencia en Sempra Energy generaron críticas, Téllez se defendió en una carta a la periodista Carmen Aristegui diciendo, entre otros argumentos, que la compañía citada estaba en el negocio de la electricidad y el gas, mas no en el de la “exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, por lo que no puede haber conflicto de interés”.
Su participación desde hace más de 20 años en posiciones clave para la apertura comercial de México y su trayectoria corporativa, sin embargo, muestran una relación entre las decisiones políticas y las empresas que las han impulsado y se han beneficiado de éstas.
Así ocurre con Sempra. De acuerdo con información oficial, desde 1999, cuando Téllez era Secretario de Energía, los directivos de esta compañía californiana se reunieron con el presidente Ernesto Zedillo y con el embajador Jeffrey Davidow horas antes de que el mandatario anunciara en cadena nacional, el 2 de febrero de ese año, la necesidad de ampliar la participación privada en las actividades de generación y distribución de electricidad.
En calidad de Secretario de Energía, Téllez salió a defender la propuesta en los medios de comunicación asegurando, como hizo en una entrevista con el periódico Excélsior del 16 de febrero de ese 1999, que la apertura del sector eléctrico no afectaba la soberanía del país y que permitiría destinar más recursos a programas sociales.
“Rechazar la privatización de la industria eléctrica obligaría al Estado a desviar recursos de otras actividades”, dijo Téllez entonces.
Seis años después, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, Sempra ganó su primer y más cuantioso contrato: 16 mil millones por la distribución de gas natural en Baja California y, en este sexenio, ha ganado otros 5 mil millones de pesos en contratos con la Comisión Federal de Electricidad, hoy encabezada por Enrique Ochoa Reza, antiguo asesor de Téllez en el gabinete zedillista.
Sempra abrió una filial en México denominada Infraestructura Energética Nova (Ienova), presidida por otro compañero de gabinete de Téllez en el sexenio zedillista: Carlos Ruiz Sacristán. Éste, que fungió brevemente como director de Pemex en 1994 y como Secretario de Comunicaciones y Transportes hasta 2000, participó a su vez hasta este octubre como consejero de la filial mexicana de Obrascón Huarte Lain, o OHL, cuyas prácticas de corrupción y tráfico de influencias con integrantes del Gobierno del Estado de México quedaron evidenciadas este año en una serie de audios difundidos en Youtube.
Desde Ienova, mientras, Carlos Ruiz Sacristán se ha destacado en el mercado de la distribución de gas, almacenamiento y construcción de gasoductos en estados como Baja California, Sonora y, en el último año, entre el sur de Ciudad Juárez y El Valle, así como en la región de Ojinaga, los dos en Chihuahua.
Estos gasoductos, agrega la información de Ienova, tienen el objetivo de “transportar gas natural proveniente de la región de Waha, Texas”, hacia las regiones centro, norte y occidente de México.
La Reforma Energética de diciembre de 2013 ha generado más oportunidades de negocio para Ienova, cuya dirección anunció recientemente su interés de participar en el último instrumento creado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para incentivar la inversión privada en infraestructura como gasoductos, denominado Fideicomisos de Inversión en Infraestructura y Energía, o Fibra E.
“Ienova va, desde luego. Nosotros nos dedicamos a hacer estos desarrollos, y estamos estudiando todas estas alternativas”, dijo Ruiz Sacristán al periódico El Economista apenas el pasado 17 de octubre.
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