El Colectivo Apícola Chenero, opositor a la siembre de soya transgénica, acusa que pese a que el proceso de consulta no ha concluido y debería estar frenado, Monsanto continua vendido sus semillas al grado de que este año se duplicaron las hectáreas sembradas con su producto, sin que las autoridades actúen.

“Las consultas en este país no están funcionando y las consultas en este país no tienen esa visión de proteger el derecho a la libre determinación. El Poder Judicial y las autoridades federales necesitan capacitación sobre los usos y costumbres de las distintas comunidades. No hay avances, no hay voluntad, no hay conciencia, y la Ley se queda en sueños guajiros”, reclama Leydi Pech, líder de los indígenas opositores de Campeche.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno mexicano viola los derechos humanos de las comunidades indígenas, mientras protege los intereses económicos de empresas trasnacionales como Monsanto, acusó Leydi Pech, integrante del Colectivo Apícola Chenero.

La acusación de la lider indígena tiene origen en la decisión de Adrián Novelo Pérez, Juez Segundo de Distrito de Campeche, de emitir un acuerdo a favor de Monsanto para que la consulta ciudadana sobre la siembra de soya transgénica se lleve a cabo únicamente en seis comunidades y no en las 34 del municipio de Hopelchén, como se acordó previamente.

Los daños que la siembra de soya transgénica dejan a su paso son a nivel medio ambiente y salud. La contaminación del agua por glifosato es una realidad en la península, al igual que la deforestación y la muerte masiva de abejas provocada por la fumigación con plaguicidas altamente tóxicos.

La situación ha provocado afectaciones en la producción de miel mexicana, pues más del 40 por ciento del dulce fluido sale de Campeche. Recientemente algunos habitantes de ese estado sembraron semilla de calabaza y la mayoría perdió sus cultivos a consecuencia de dichas fumigaciones que sorprenden a la población día y noche desde avionetas.

Pech lamentó que el Juez haya dado la razón a Monsanto, empresa que presentó un escrito en el que argumentó pérdidas económicas. No obstante, la lideresa maya aseguró que la empresa trasnacional ha vendido sus semillas sin restricción y actualmente se cosecha el doble de soya transgénica que el año pasado alcanzó las 40 mil hectáreas sólo en Campeche.

“Este año se sembró soya y yo puedo asegurar que se duplicó la cantidad de hectáreas que en este momento se están cosechando y se están comercializando en una total impunidad, violando nuestros derechos”, señaló la mujer que encabeza a opositores a la semilla de la empresa de biotecnología.

Nayeli Ramírez Espinosa, asesora legal de las comunidades en resistencia, lamentó que “[las autoridades] van a beneficiar a Monsanto y a unos cuantos, cuando las comunidades están compuestas por miles de personas”.

Ambas señalan que -de acuerdo con el mapa de Global Forest Watch- Hopelchén en es el más deforestado a nivel nacional, hecho que fue motivado por el impulso al uso de semilla que ha arrasado con grandes extensiones de áreas verdes.

Tanto la abogada como la líder indígena comunicaron que, las comunidades, al percatarse de la siembra ilegal, realizaron denuncias para informar a las autoridades sobre los predios donde se llevaba a cabo, sin embargo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), encargado del monitoreo y la verificación, no hizo nada al respecto.

“Hasta el momento no hay un reporte de Senasica, en relación a la cantidad de hectáreas de soya transgénica sembrada y no se han querido sentar con nosotros en las sesiones de consulta”, comentó Pech.

Las 34 comunidades impugnaron el pasado 29 de septiembre para evitar que la consulta se concentre sólo en 6, y, hasta el momento, el Tribunal Colegiado no la ha admitido, por lo que el proceso –en teoría– debería estar detenido, en tanto sea resuelto, es decir, ni la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) ni la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) deberían llevar a cabo la consulta en estos momentos, explicó la defensora, sin embargo, durante el fin de semana pasado esto se incumplió.

En Bolonchén, una de las 6 comunidades que el Juez dictaminó sea consultada, explicaron, el sábado pasado se “impuso” una sesión de la fase informativa, pese a que no ha concluido la primera fase sobre acuerdos previos. Participó alrededor de una centena de ejidatarios, cuando allí habitan más de 5 mil personas.

“Tenemos derecho de ser consultados, de estar informados. ¿Dónde queda el respeto a nuestros derechos? Se ve claramente que no hay la mínima voluntad por parte de la autoridades de llevar a cabo este proceso de consulta”, remarcó la líder maya.

El proceso de consulta a las decenas de comunidades lleva más de año y medio, pero Ramírez y Pech señalaron que únicamente se hace “para cumplir” y no para que las comunidades emitan su opinión y decidan lo que quieren para sus territorios.

“La consulta se está haciendo solamente para cumplir y decir ‘ahora sí pueden sembrar’. [Las autoridades] no están reconociendo ni respetando la opinión de nosotros: no están respetando nuestra forma de organizarnos ni están respetando nuestra decisión. Ellos hacen lo que les conviene y están tratando de dividirnos, están defendiendo intereses de las empresas”, insistió la mujer maya.

Pech apuntó que los procedimientos de consulta a los pueblos originarios no tiene sentido como son llevados en la actualidad, por lo que deben de ser frenados. “El mismo Gobierno que viola nuestros derechos es el mismo que viene y resulta que nos va a consultar. Las comunidades mayas decimos que ese famoso protocolo de consulta no sirve ni nos beneficia. [Las autoridades] deberían de sentarse y escucharnos de verdad para que conozcan cuáles son nuestros planes de desarrollo”.

La representante legal coincidió en que “las consultas en este país no están funcionando y las consultas en este país no tienen esa visión de proteger el derecho a la libre determinación. El poder judicial y las autoridades federales necesitan capacitación sobre los usos y costumbres de las distintas comunidades. No hay avances, no hay voluntad, no hay conciencia, y la Ley se queda en sueños guajiros”.

Ante años de pelea en tribunales, y en las comunidades, y con resoluciones que favorecen a la trasnacional, Leydi Pech llegó a la conclusión de que “el Gobierno quiere terminar con nosotros los mayas porque en realidad toda la destrucción de los recursos naturales va a terminar con nuestra forma de vida, con el manejo sustentable de nuestros recursos naturales”.

La mujer que no ha cejado en la lucha contra la semilla modificada lamentó  que “el Gobierno piensa que el desarrollo de los pueblos está en los megaproyectos, pero eso no es para las comunidades, es para los empresarios. El Gobierno antepone los intereses económicos, sobre nuestros derechos como comunidades indígenas”.

“El Gobierno mexicano no está trabajando. Sus políticas ambientales, sus políticas públicas no están favoreciendo a los más vulnerables que somos nosotros lo pueblos indígenas. El Gobierno tiene que cambiar esa forma de hacer política y de hacer planes de desarrollo, no puede continuar así porque está cometiendo un ecocidio con todos los pueblos indígenas. No se puede plantear un modelo de desarrollo desde un escritorio. Basta ya de hacer planes de desarrollo buscando solamente el interés de trasnacionales y empresarios, sin ver a quienes somos dueños de los territorios”, urgió.