Ciudad de México, 9 de diciembre. (SinEmbargo).– Organizaciones sociales internacionales y nacionales criticaron la iniciativa de la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal propuesta por el Diputado panista, Jorge Sotomayor, la cual se prevé sea votada mañana por las comisiones unidas del Distrito Federal y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Tanto Amnistía Internacional como Artículo 19, la Red Nacional de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh), entre otros organismos civiles consideraron que esta ley atenta contra el derecho de libertad de expresión y asociación.
“De aprobarse dicha iniciativa de ley, se daría un importante retroceso en materia de protección y garantía de libertades y derechos humanos en la Ciudad de México. La intención del diputado Sotomayor, junto con su grupo parlamentario, es aprobarla con celeridad sin escuchar a grupos especializados en derechos humanos, sin recoger las críticas al texto y en el marco de un debate plural y público con la sociedad!”, acusaron diversas ONG’s en un comunicado de prensa conjunto.
Por su parte Amnistía detalló, por el mismo medio, que la propuesta de ley contraviene normas y mecanismos internacionales de derechos humanos y, en su opinión, “podría resultar en el uso aún más frecuente de la fuerza excesiva por parte de la policía”.
Por ello, llamó a los integrantes de las Comisiones del Distrito Federal y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a rechazar la iniciativa. “Esta ley impondría un régimen legal que no garantizaría el derecho a la manifestación pacífica sin discriminación al privilegiar el uso de espacios públicos para los intereses comerciales y de tránsito por encima de los intereses legítimos de manifestaciones pacíficas”, dijo Amnistía.
Por su parte los organismo de derechos humanos nacionales denunciaron que resulta falaz que mediante tal propuesta legislativa se busque “equilibrar” los derechos de manifestantes y de terceros, como si éstos estuvieran en abierto conflicto y contraposición.
“Se parte de la falsa premisa de que ejercer el derecho a protestar obstaculiza absolutamente el derecho a la libre circulación. La intención real es reducir los derechos a la libre manifestación de ideas, asociación y petición a su mínima expresión mediante una ley que establece requisitos y sanciones” acusaron.
Y agregan: La iniciativa panista, secundada por algunos diputados y diputadas del PRI, se basa en violaciones al principio de legalidad, tales como: Pretender regular actos de competencia exclusiva del DF como son temas de “justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno” así mismo, contemplar sanciones privativas de la libertad (arrestos) que generan un efecto inhibidor en la sociedad para ejercer el derecho a la libertad de protesta. La ambigüedad de varios artículos (conceptos o supuestos) daría pie al uso discrecional y arbitrario de la ley afectando el derecho fundamental a la certeza jurídica.
Al respecto, Amnistía Internacional opinó que la propuesta de ley establece condiciones con terminología ambigua para definir manifestaciones, y requiere un aviso que para su autorización contiene criterios “confusos y potencialmente arbitrarios”.
“Impone límites de horas, de las 11 a las 18 horas, y lugares sin tomar en cuenta criterios de necesidad y proporcionalidad, podría resultar en el uso de la fuerza para disolver una manifestación pacífica que no haya recibido autorización o en qué casos en que sólo una minoría de manifestantes cometan actos de violencia”, refirió.
La organización internacional reconoció que en el último año han existido actos violentos en manifestaciones, que incluyen la participación de la fuerza pública, sin embargo dijo que estas se deben a las deficiencias en la implementación de los operativos policiales.
“Elementos de la policía implicados en tortura y maltrato y detenciones arbitrarias documentados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no han rendido cuentas ante la justicia”, planteó Aministía.
