Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– Rafael López Catarino recuerda bien aquel domingo que acompañó a su hijo Julio César López Patolzin a Chilpancingo, Guerrero. Ese día el joven le pidió ir juntos a una zapatería: “¿Te vas a comprar unos zapatos?, le pregunté. Cuando estábamos en la tienda me dijo: ‘Escójale’, y yo le dije: ‘El dinero que traigo no me alcanza’. Mi hijo me contestó: ‘Usted tómelos’, me compró mis zapatos, éstos que traigo puestos”.

El papá de Julio César, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre pasado, bajó la mirada y apuntó hacia sus zapatos: negros y gastados, con la suela desprendida en una orilla. Hace año y medio que su hijo se los compró con lo que ganaba como campesino en Tixtla, antes de ingresar a la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos en agosto de este año.

Hizo sus exámenes para ser maestro en Ayotzinapa a los 24 años, pues toda su vida ayudó en la siembra a su padre y trabajó en otras parcelas para ganar un poco de dinero.

“Mi hijo era bueno, me quería comprar un tractor cuando trabajara, para que ya no anduviera en el lodo, porque uno desde muy temprano anda en el lodo. ¡¿Por qué Dios nos quita a las gentes más buenas?! Los que nos ayudan más… Él que quería salir adelante”, exclamó Rafael con la voz entrecortada.

Aguantó el llanto y apretó la mandíbula.

Por su parte, José Félix Rosas, vocero de los papás de  los normalistas desaparecidos de Tecoanapa, denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) no se ha acercado a los padres de los normalistas y que no existe comunicación con la dependencia sobre el hallazgo de Alexander Mora.

“El Estado sabe lo que ocurrió, que deje de estar administrando la información a cuenta de gota, que nos hable y diga la verdad. Queremos en la cárcel a Ángel Aguirre Rivero, a los Abarca, a todos los presidentes municipales que tienen que ver con el narco, al Ejecutivo. Enrique Peña Nieto nada más está obstruyendo las investigaciones, porque es juez y parte”, aseguró.

DUDAS SOBRE INVESTIGACIONES DE LA PGR 

El hallazgo de la muerte comprobada –a través de un hueso de dos centímetros y un molar– de Alexander Mora Venancio no le arrebató la esperanza de volver a ver a su hijo Julio César con vida. Al contrario, él como el resto de los padres, sospechan que los restos del joven fueron sembrados para avalar la versión de los tres sicarios que presentó la Procuraduría General de la República (PGR).

La PGR mintió, afirmó. Su hijo no pudo ser quemado y reducido a cenizas en el basurero de Cocula. Su hijo Julio César, seguro está secuestrado en la sierra y no puede escapar; quizás, porque lo tienen amarrado, sostuvo.

“Tenemos fe todavía de que los muchachos están con vida, los hemos ido a buscar por la sierra hemos encontrado platos, ropa, los andan moviendo. Yo tengo esa esperanza de que lo vamos a encontrar, de que si está en la sierra, él la conoce toda, espero que se pueda escapar. Si los tienen amarrados, no creo que pueda tan fácil pero los vamos a seguir buscando, no vamos a descansar”, comentó.

Los padres y familiares de los normalistas desaparecidos rechazaron la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) de que los jóvenes fueron quemados y reducidos a cenizas en el basurero de Cocula, Guerrero, a través de un vocero elegido en una asamblea.

Las familias sostuvieron que los restos de Alexander Mora Venancio, único de los 43 estudiantes identificado, fueron sembrados por el gobierno para sostener la versión de los tres sicarios.

“Los peritos argentinos no avalan que los restos sean de Cocula, porque ellos no estuvieron en el levantamiento y dicen que las bolsas negras con restos estaban abiertas”, dijo José Félix Rosas, vecino de Tecoanapa, en conferencia de prensa.

Félix Rosas afirmó que los familiares sólo reconocen el hallazgo Alexander Mora Venancio por los peritos argentinos.

“Seguimos teniendo información de que a los estudiantes los trasladan de un lugar a otro, no es posible que todos estén muertos y calcinados. Exigimos con vida a los 42. Tenemos total desconfianza en la PGR y en Enrique Peña Nieto”, dijo.

Rosas explicó que la población les ha informado que los jóvenes son trasladados por la banda criminal Guerreros Unidos en regiones como Acatempan vía terrestre y en lanchas. Por ello acusó a la PGR de querer dar carpetazo al caso de Ayotzinapa con el hallazgo de uno de los normalistas.

El vocero de los papás de Tecoanapa, pueblo que tiene ocho normalistas desaparecidos, denunció que las autoridades no se han acercado a Ezequiel Mora Charo, papá de Alexander.

“Ninguna autoridad ni siquiera del Presidente Municipal, ni del Ejecutivo, se han acercado al señor Ezequiel, quien tiene que ser atendido psicológicamente, clínicamente, el señor está agotado”, expuso.

José Felix agregó que los padres de los normalistas insisten en la renuncia del Presidente Enrique Peña Nieto.

“El señor Ezequiel, padre de Alexander, manda decir que exige la renuncia de Peña Nieto”, añadió.

LOS PADRES SE SIENTEN AMENAZADOS

Ayer, Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, advirtió que los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron después de que fueron atacados por la Policía de Iguala están en riesgo por una campaña que intenta demonizar a sus hijos desaparecidos.

En una entrevista con The Guardian, Hernández Valencia manifestó que los padres –y los manifestantes que piden justicia– necesitan protección en medio de una campaña que intenta denigrar a los normalistas que desaparecieron hace más de 10 semanas.

“Algunos están empezando a difamar e insultar a los estudiantes desaparecidos, y a demonizar a sus padres y sus demandas”, alertó Hernández en una conversación con el corresponsal, Jo Tuckman. “La gran ola de protesta generada por el caso de los 43 estudiantes necesita ser protegida”, dijo.

Rafael López Catarino, padre de Julio César, confirmó que los papás de los 43 jóvenes sí se sienten amenazados.

El papá de Julio expuso que hay civiles a bordo de autos compactos que les toman fotografías.

“Al gobierno no le conviene que hagamos marchas, que levantemos al pueblo, vemos que pasan los coches y nos toman fotos, yo les digo a los familiares que no salgan y si salen, que no salgan solos, que no dejen sola su casa, porque no sabemos, este gobierno que es tan cochino, que nos pueda hacer. A veces tenemos miedo que nos tire algo en los carros”, dijo.

EMPLAZAN AL GOBIERNO

El vocero de las familias dijo ayer que si el gobierno no entrega avances sobre los desaparecidos para el 6 de enero, la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) tomará 21 alcaldías en distintas regiones de Guerrero.

Adelantó que ayer en Tecoanapa, Guerrero, el Presidente Municipal, Manuel Quiñónez Cortés, fue desconocido y que la agencia del Ministerio Público, el Juzgado de la Paz, las supervisiones escolares y el Sistema DIF están cerrados.

“En Costa Chica todos los municipios están tomados, queremos la desaparición de poderes, nada más nos falta la instalación de las asambleas, porque el poder tiene que ser del pueblo”, informó.

José Félix planteó que si los normalistas no regresan con vida, será un llamado al pueblo para hacer una revolución.

“Si por alguna razón de estos 15 días críticos, no regresan a nuestros hijos y ya no los volvemos a ver, no importa, queremos que queden en la memoria, y que sirvieron como tributo para el pueblo, para una revolución inteligente, no estamos llamando a las armas, sino con inteligencia, que la población se organice y que haga sus asambleas, tomar el plan de acción de los papás de los normalistas de Ayotzinapa”, dijo.

Hace unos días Manuel  Vázquez Quintero, abogado de la organización de la UPOEG, confirmó a SinEmbargo que la policía comunitaria se prepara para tomar e instalar consejos civiles y agrarios en los 44 municipios donde tiene presencia la organización.

Estos consejos se sustentan en la Constitución y tienen como objetivo regresarle al pueblo el poder perdido ante las autoridades municipales, coludidas en su mayoría con el crimen organizado, explicó.

“Estamos trabajando con el magisterio en los municipios donde tenemos presencia, para restituir a la población ese poder comunitario consagrado en el artículo 115 de la Constitución y en la Ley de Participación Ciudadana, estamos trabajando en consejos consultivos, es un proceso legal porque desconocer un ayuntamiento no es fácil,lleva su tiempo, pero sí se puede lograr”, afirmó.

Quintero Vázquez detalló que la policía comunitaria tiene avances en municipios como Tecoanapa y Ayutla, Guerrero, donde está por instalarse el Consejo de Autoridades Civiles y Agrarias, que en un principio trabajarán a la par de los ayuntamientos.

“Lo que nosotros queremos es que se retomen los  derechos agrarios,la soberanía del pueblo. Pero hay un procedimiento, la asamblea de los pueblos está trabajando en el sustento legal”, dijo.