La Coparmex, que agrupa a más de 60 centros empresariales de México y quien decidió no firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico presentado por el Presidente Enrique Peña, reiteró que el documento es “improvisado, incompleto e insuficiente”. En su lugar, lanzó al Gobierno federal una contrapropuesta que incluye, entre otras cosas, un recorte al gasto público, reducir la tasa de incremento de homicidios dolosos y combatir la corrupción. “México sí necesita de un Acuerdo, pero uno real, que sea fruto de la participación ciudadana, de escuchar las propuestas de los diferentes sectores, donde cada uno nos hagamos responsables de lo que nos corresponde”, dijo su líder Gustavo de Hoyos en conferencia de prensa.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).– La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien decidió no firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico, reiteró que el documento, presentado ayer por el Presidente Enrique Peña Nieto es “improvisado, incompleto e insuficiente”. En su lugar, propuso al Gobierno federal una serie de medidas que incluyen un recorte al gasto público, reducir la tasa de incremento de homicidios dolosos y combatir la corrupción.

“Más que subir impuestos a las gasolinas hasta representar cerca del 40 por ciento de su precio final, como lo hizo el Gobierno federal desde el pasado 1 de enero, lo que se requiere es un recorte efectivo al gasto público, combatir la corrupción y reducir los homicidios”, propuso Gustavo de Hoyos Walther, líder de la Coparmex, la cual agrupa a 65 Centros Empresariales, 13 Federaciones, cuatro representaciones y 14 delegaciones en todos los estados de la República.

En conferencia de prensa, De Hoyos Walther dijo que México sí necesita de un Acuerdo y Coparmex está en favor de generarlo, “pero un Acuerdo real, que sea fruto de la participación ciudadana, de escuchar las propuestas de los diferentes sectores, donde cada uno nos hagamos responsables de lo que nos corresponde aportar para tener un país unido frente a los importantes retos que nos impone la realidad actual”.

México exige un compromiso sí, destacó el empresario; sin embargo, cuestiona el actual al apuntar: “pero que no tenga objetivos políticos o mediáticos solamente, sino uno que realmente toque la realidad de nuestro país, la economía familiar, la clase media, que ponga la mirada en nuestra fortalezas y no en nuestra debilidades”.

La Coparmex demandó metas concretas, cuantificables y calendarizadas. Que incluya los temas más críticos de la agenda económica y política de México. “Con métricas que permita evaluar el avance en la dirección correcta”, afirma su dirigente.

Ese acuerdo, agregó, sólo puede surgir de la sociedad: “Es por ello que es momento de que los ciudadanos tomemos la discusión en nuestras propias manos y comencemos a exigir acciones específicas, que conformemos nosotros la Agenda del cambio que México merece, el Acuerdo que México Necesita”.

Los empresarios mencionaron tres líneas de acción para debatir el rumbo que debe tomar un Acuerdo Nacional: Impulsar la economía familiar y la creación de empleo digno; mejorar las finanzas públicas y promover estabilidad macroeconómica, y promover el Estado de Derecho y el combate real a la corrupción.

INSISTE EN COMBATIR CORRUPCIÓN

La Coparmex reiteró que el acuerdo que México debe velar aspectos concretos como:

-Reducir la tasa de incremento de homicidios dolosos. Los homicidios se incrementaron en 21.5 por ciento el año pasado, se deben fijar metas concretas de reducción de este delito.

-Establecer metas para reducir anualmente el robo de las gasolinas que, según algunas fuentes, se ha cuadruplicado en años recientes.

-Establecer sanciones fiscales para los estados que no cumplan con la implementación de sus sistemas locales anti-corrupción, y para aquellos que no homologuen su ley de la cuenta pública o que no mejoren en el índice de transparencia presupuestal.

-Fijar un calendario para atender y solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal, estatal y municipal. La Secretaría de Hacienda sigue repartiendo recursos a programas que tienen observaciones. Esto se debe detener y darle, en su lugar, a los programas que sí funcionan según evaluaciones de Coneval.

-Esclarecer el caso de los 9 mil millones de pesos “perdidos”, que se invirtieron en la creación de una refinería en Atitalaquia, Hidalgo.

Gustavo de Hoyos refirió que estas son propuestas concretas, debatibles y mejorables que pueden ser complementadas. “Éstas establecen ideas específicas con impacto real en la economía, particularmente la economía familiar”.

EL DISPENDIO EN EL GOBIERNO

El Gobierno federal gastó más de lo programado en el presupuesto y más en servicios personales que en inversión pública de enero a septiembre del 2016, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su informe trimestral.

En los primeros nueve meses del 2016, el gasto neto total ascendió a 3 billones 763 mil 358 millones de pesos, un 4.6 por ciento más que en el mismo periodo del 2015 y un 6.2 por ciento más de lo previsto en el presupuesto  –220 mil 263 millones de pesos–, debido principalmente a un mayor gasto programable por 174 mil 507 millones de pesos, detalló la instancia.

“Un Secretario de Hacienda debe cuidar el presupuesto y no dar más de lo aprobado porque sino recurre a endeudarse”, dijo en entrevista un consultor internacional de Alemania que ha colaborado en diversas instituciones gubernamentales en México.
“No hay suficiente control en el presupuesto. Cómo es posible que se gaste más del aprobado [por el Congreso de la Unión], ¿qué valor tiene un presupuesto si no se respeta? Pero no empiezan por el ejemplo. Si Presidencia gasta tanto y sin control, ¿por qué las demás instancias sí deben ajustarse?”, añadió.

Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) analiza en qué se destina el gasto, añadió, “sus informes no tienen consecuencia, nadie toma en cuenta sus análisis”.

Al destinar más dinero del programado, el Gobierno recurre a endeudarse.

Para el consultor y economista, el problema no es que la deuda pública se acerque al 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), sino su ritmo de crecimiento en poco tiempo [estaba en 33 por ciento al inicio de la gestión], a pesar de que la economía no crece y que ese dinero no vaya a inversión pública.


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