Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– La nominación del Presidente Enrique Peña Nieto de Eduardo Medina Mora como posible Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha abierto una Caja de Pandora.

Amnistía Internacional (AI) y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación hicieron un llamado al Senado de la República para asumir con seriedad el nombramiento del nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien debe distinguirse por “sus méritos y no por los intereses que represente”.

Organizaciones no gubernamentales han manifestado su rechazo por la inclusión de Medina Mora, actual Embajador de México en Estados Unidos, en la terna que el Presidente envió el 17 de febrero al Senado para suplir al Ministro Sergio Armando Valls Hernández, fallecido el pasado 3 de diciembre.

Para impedir que Mora llegue al Máximo Tribunal de Justicia del país, un grupo de académicos y activistas lanzó desde hace una semana una petición dirigida a la Cámara Alta para que no designe a Medina Mora como Ministro. En tanto, en las redes sociales se ha convocado a una manifestación, este mediodía, a las afueras del Senado de la República donde se discutirá el nombramiento del nuevo Ministro.

La petición de los académicos ha sumado más de 45 mil firmas; en ella se señala a Medina Mora por su participación en eventos que derivaron en violaciones de derechos humanos o en tragedias como la de Rápido y Furioso, un operativo de Estados Unidos que permitió sembrar armas en México mientras el entonces Presidente Felipe Calderón protestaba por el tráfico ilegal.

Al respecto, Mora calificó el día de ayer como “falsos” los señalamientos que se han hecho a su trayectoria.

“Usted dice que mientras estuve a cargo de las principales instituciones de seguridad del país entre 2000 y 2009, la seguridad y justicia sufrieron procesos de descomposición acelerados y notables. Es falso que ello se deba a mi actuación. Pretender atribuirme parte o toda la descomposición que usted refiere es tendencioso, especulativo y poco escrupuloso”, expuso Medina Mora en el amplio documento.

En respuesta, el grupo de académicos pidió al Embajador sumarse a la iniciativa para exigirle al Senado “que haga una investigación pormenorizada […] antes de tomar la decisión sobre quién debe ser Ministro por los próximos 15 años”.

“Tomamos nota que a usted, que conoce bien su propio expediente, le tomó más de una semana reunir los datos para elaborar su misiva. ¿Cree usted que el Senado haya tenido suficiente tiempo para auscultarlo debidamente en menos de 15 días?”, cuestionó el grupo de académicos.

“Propongamos juntos que el Senado investigue con seriedad la eficacia de la procuración de justicia durante su gestión en la Procuraduría General de la República (PGR), el uso del arraigo durante su gestión en la PGR, las violaciones de derechos humanos durante sus pasos por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la PGR, el impacto de la Ley de Seguridad Nacional que usted promovió , el impacto de la reforma constitucional de 2008 y sus derivados que usted promovió, la calidad del trabajo que como litigante realizó en las acciones de inconstitucionalidad con las que saturó a la Suprema Corte de Justicia cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, más lo que usted guste sumar”, insistieron los académicos.

ESCRUTINIO TOTAL: AI

Por su parte, Amnistía Internacional hizo un llamado al Senado de México “para que tome este proceso con la seriedad necesaria”.

“La Suprema Corte es un órgano fundamental, que ha dado algunas resoluciones paradigmáticas en casos de tortura, y esperamos que este nombramiento se dé bajo un escrutinio total”, dijo el director ejecutivo de AI en México, Perseo Quiroz.

En una conferencia de prensa en la capital mexicana, Quiroz hizo un llamado a la SCJN para que, “independientemente de quién sea nombrado como Ministro, siga con su política en favor de los derechos humanos”.

“Una vez que se han alcanzado ciertos estándares en derechos humanos, hay que ser progresivos y no regresivos, y este es uno de los llamados que estamos haciendo a la Corte”, dijo.

Por su parte, Erika Guevara, directora de la oficina regional de AI, al participar a través de un enlace desde Ginebra en la rueda de prensa, dijo que a Amnistía le preocupan “los antecedentes de algunas personas que están siendo propuestas para puestos muy relevantes en la protección a los derechos humanos”.

En tanto, mediante un misiva dada a conocer ayer, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación dijo que “dadas las circunstancias actuales del país, resulta indispensable fortalecer la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que pueda cumplir libremente con sus responsabilidades constitucional y la única forma de lograrlo es eligiendo a sus integrantes por sus méritos propios y no por los intereses que representen, mucho menos por negociaciones políticas en intercambio de favores”.

“Así las cosas, solicitamos atenta y respetuosamente que se prefiera para la designación en el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al integrante de la terna que se distinga por haber servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, pues es la cualidad que en primer orden menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, refiere la misiva firmada por el magistrado Miguel Ángel Verlarde Ramírez, presidente de la Asociación.

En el documento se refirió que en base a los dispuesto en la Constitución de México, en su artículo 95, para elegir a un ministro se necesita que los nombramientos “recaigan preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

DESCONGELÓ 73 MDD A RAÚL SALINAS

Cinco días antes de que Eduardo Medina Mora dejara su cargo frente a la Procuraduría General de la República (PGR), se ordenó descongelar 73 millones de dólares asegurados por la dependencia en el juicio de desvíos de la “partida secreta” contra Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas, informó este día el diario Reforma.

Según documentos judiciales, citados por el medio, el 2 de septiembre de 2009, con Medina Mora como Procurador, se dejó sin efecto el aseguramiento a las cuentas de Salinas, decretado por la propia PGR siete años antes.

La información refiere que también se retiró el aseguramiento dictado en noviembre de 2002 y febrero de 2001 por el Juzgado Noveno de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal.

Dicha información aparece en la sentencia del 19 de julio de 2013 por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Procesos Penales del DF en la causa 36/1997 y su acumulada 54/2002, en la que Salinas fue absuelto de enriquecimiento ilícito.

Las sentencias no precisan el destino del dinero una vez que fue desasegurado.